El expresidente de Petropar, imputado por presunto enriquecimiento ilícito, nombró como defensor a José Ignacio González Macchi, quien cuestionó las medidas cautelares dispuestas por el juez Osmar Legal. La defensa sostiene que la Fiscalía no presentó una pericia contable que demuestre el supuesto desbalance patrimonial ni su vínculo con el ejercicio de la función pública.
El expresidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), Eddie Ramón Jara Rojas, designó al abogado José Ignacio González Macchi para ejercer su defensa en la causa en la que está imputado por presunto enriquecimiento ilícito. Como primera medida, el profesional apeló la resolución del juez penal de Garantías Osmar Legal que dispuso restricciones sobre los bienes y activos del investigado, incluido el secuestro de vehículos registrados a su nombre.
El recurso cuestiona la fundamentación de las medidas cautelares patrimoniales y sostiene que fueron dictadas sin que el Ministerio Público acreditara los presupuestos legales necesarios para justificar la inmovilización de los bienes.
En su presentación, González Macchi argumenta que la decisión judicial afecta garantías constitucionales como la presunción de inocencia y el debido proceso. Además, afirma que la Fiscalía no demostró suficientemente la existencia de un desbalance patrimonial vinculado con el periodo en que Jara ejerció funciones como titular de la petrolera estatal.
La resolución cuestionada contempla la inhibición general de vender y gravar bienes, la prohibición de innovar y contratar sobre bienes registrables, el embargo preventivo de fondos que pudieran ingresar en cuentas del sistema financiero y el secuestro de bienes registrables del investigado.
La defensa cuestiona la falta de una pericia contable
Uno de los principales argumentos del abogado es que la imputación fiscal se apoya en una comparación de cifras patrimoniales sin contar, según sostiene, con un análisis técnico que permita determinar el origen de las diferencias detectadas y su relación temporal con el desempeño de Jara en la función pública.
La defensa considera que la cuantificación de los bienes y los ingresos no resulta suficiente para justificar medidas cautelares de carácter patrimonial si no existe una evaluación técnica que establezca el supuesto desbalance y su conexión con el ejercicio del cargo.
En ese sentido, González Macchi cuestionó que el Ministerio Público no haya presentado una pericia contable que determine el patrimonio neto del investigado a lo largo del tiempo.
“Las alegaciones que realiza la titular de la acción en su requerimiento no están sustentadas por una diligencia técnica que establezca que, efectivamente, el patrimonio real del cual Eddie Ramón Jara Rojas es titular no condice con sus ingresos”, señala el escrito.
El defensor también argumenta que la Fiscalía debe establecer, al menos cronológicamente, si las diferencias patrimoniales y las adquisiciones de bienes se produjeron durante el ejercicio de la función pública o como consecuencia de ella.
Invoca la presunción de inocencia y el debido proceso
En el recurso, el abogado sostiene que las medidas cautelares deben cumplir requisitos legales específicos, aun cuando la investigación se refiera a hechos punibles de contenido económico, como el enriquecimiento ilícito y el lavado de activos.
La defensa invoca el artículo 260 del Código Procesal Penal y afirma que no se acreditaron los presupuestos necesarios para disponer las medidas, entre ellos la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora.
Asimismo, cuestiona que la investigación se haya basado en informes financieros y en un examen preliminar de correspondencia de la Contraloría General de la República, sin que se haya realizado, según su planteamiento, una pericia que permita establecer el desbalance patrimonial neto en una línea de tiempo.
“Sin una pericia matemática formal efectuada por un experto, el Ministerio Público carece de un ‘hecho base’ comprobado que justifique la sospecha”, argumenta González Macchi en su presentación.
El profesional también sostiene que la imputación debe describir de manera precisa las circunstancias del hecho investigado y que, en este caso, no se habría establecido suficientemente el nexo entre el supuesto incremento patrimonial y las funciones que Jara desempeñó al frente de Petropar.
Cuestiona que Jara no haya declarado ante la Fiscalía
Otro de los puntos planteados por la defensa es que el investigado aún no habría sido convocado a prestar declaración ante el Ministerio Público. Según el escrito, Jara se habría puesto a disposición de la Fiscalía días después del inicio de la investigación y habría ofrecido información sobre su patrimonio.
Para González Macchi, esta circunstancia evidencia que la investigación no habría incorporado todavía la versión personal del exfuncionario ni recabado directamente de él información primaria sobre la composición de sus bienes e ingresos.
La defensa sostiene que estos aspectos deben ser considerados al analizar la legalidad y la fundamentación de las medidas cautelares que afectan el patrimonio del investigado.
La apelación busca que se revisen las disposiciones adoptadas por el juez Osmar Legal.
