Este jueves 9 de abril se dio continuidad a las tareas de clasificación y retiro de documentos en desuso en los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Capital, abarcando del undécimo al décimo quinto turno.

El operativo fue coordinado por la Dirección de Derecho Ambiental de la Corte Suprema de Justicia, que logró retirar un total de 1.367 kilos de papel y cartones, destinados al proceso de reciclaje. De esa cifra, 1.328 kilos corresponden a los juzgados intervenidos y 39 kilos adicionales a otras dependencias judiciales.

Los materiales, ya sin utilidad administrativa, son incorporados nuevamente a la cadena de reciclaje, contribuyendo a reducir el volumen de desechos generados y fortaleciendo las acciones de sostenibilidad dentro del sistema judicial.

Estas intervenciones forman parte de la política ambiental institucional impulsada por la Corte Suprema de Justicia en el marco de la Acordada N.º 783/12, que establece lineamientos de buen gobierno y responsabilidad ambiental, promoviendo prácticas que disminuyan el impacto ecológico del funcionamiento del Poder Judicial.

Desde la Dirección de Derecho Ambiental se recordó que todas las dependencias judiciales pueden solicitar el retiro de documentos en desuso mediante comunicación oficial, con el fin de facilitar su correcta disposición final.

Las tareas de depuración se enmarcan en el proceso de mejoras y reorganización de los Juzgados Civiles y Comerciales de la Capital, impulsado por el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia.

La jueza especializada de la Niñez, Pili Rodríguez, destacó la importancia de la formación continua dentro del sistema judicial, en el marco del curso de capacitación en comunicación con perspectiva de género impulsado por la Corte Suprema de Justicia, a través de la Secretaría de Género del Poder Judicial.

La jornada formativa se desarrolló en esta oportunidad en la circunscripción judicial de San Lorenzo y contó con la participación de referentes importantes encabezada por la encargada de Comunicación y Protocolo en la Circunscripción Judicial de Central, quien dio la bienvenida a la comitiva liderada por la doctora Lorena Segovia. La iniciativa busca fortalecer las capacidades de los integrantes del sistema judicial en el trato con los usuarios del sistema de justicia, promoviendo un enfoque más humano e inclusivo.

Durante su intervención, Rodríguez subrayó que la capacitación constante es clave para transformar la manera en que se brinda el servicio de justicia. “Realmente es tan importante el entrenamiento constante de los servidores y las servidoras públicas del sistema de justicia justamente para buscar no solamente una comunicación más empática, sino cumplir un rol donde las personas se sientan el centro del sistema de justicia”, expresó.

En esa línea, remarcó que el objetivo es avanzar hacia un modelo más humanizado, accesible y protector de derechos. “Eso solo se logra con el entrenamiento constante, hacia un modelo más humanizado, más aperturista y sobre todo más intuitivo y protector de las personas”, afirmó.

La magistrada también valoró la descentralización de este tipo de iniciativas, señalando que llevar las capacitaciones a distintas circunscripciones judiciales permite trabajar de manera directa con el funcionariado y mejorar progresivamente el sistema. “Llegar a las diversas circunscripciones judiciales, trabajar con el funcionariado, ayuda mucho en esa mejora que estamos buscando en nuestro sistema de justicia”, indicó.

Asimismo, reflexionó sobre la necesidad de replantear la forma en que se entiende y se comunica el derecho. “Pensamos que el derecho o la justicia está en el papel, en la redacción, pero la justicia más inclusiva implica mirar a cada persona conforme a su situación para poder garantizarle el derecho que está siendo vulnerado en ese momento”, sostuvo.

En ese sentido, hizo énfasis en la importancia del lenguaje como herramienta de acceso a la justicia. Según explicó, adaptar la comunicación a las necesidades de cada persona es fundamental para garantizar una atención efectiva. “Cambiar el lenguaje, hacerlo más asertivo, hacerlo más personalizado al tipo de persona que está buscando justicia, es también contextualizar la respuesta del servicio, en el trato, en el idioma, hacerlo en un lenguaje mucho más simple para que realmente se sienta ese acceso a la justicia”, concluyó.

La capacitación es organizada por la Secretaría de Género de la Corte Suprema de Justicia, en articulación con el Centro de Estudios Judiciales y con el apoyo de la AECID, y se desarrolla en modalidad híbrida.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio un paso importante hacia la modernización del sistema judicial al aprobar la incorporación de herramientas de inteligencia artificial (IA) en los procesos jurisdiccionales y administrativos, estableciendo un marco normativo que prioriza la ética, la transparencia y el respeto a los derechos humanos.

A través de la Resolución N° 12.677, la máxima instancia judicial fijó reglas claras para el uso de estas tecnologías, dejando en evidencia que su implementación no será irrestricta, sino que estará sujeta a controles estrictos y responsabilidades definidas para magistrados y funcionarios.

Uno de los ejes centrales de la normativa es que el uso de la IA no reemplaza la labor humana. En ese sentido, la Corte enfatiza que los jueces y operadores de justicia deben mantener el control y la participación activa en todos los procesos, garantizando que las decisiones continúen basándose en el análisis independiente, la legislación vigente y las pruebas del caso.

Asimismo, se establece como obligación informar a las partes cuando se utilicen sistemas de inteligencia artificial en la tramitación de expedientes, como parte de un principio de transparencia y justicia abierta. La normativa también prohíbe el uso de sistemas opacos o cuyo funcionamiento no pueda ser explicado, así como la atribución como propio de contenidos generados por herramientas de IA.

El documento aprobado por la CSJ delimita claramente los usos permitidos de estas tecnologías. Entre ellos, se destacan el apoyo en la investigación jurídica, el análisis de precedentes, la organización de información, la elaboración de borradores de documentos, la generación de resúmenes y la traducción de contenidos. También se contempla su aplicación en tareas administrativas, análisis de datos y mejora en la accesibilidad de los textos legales.

Sin embargo, la Corte fue categórica al establecer límites. Queda expresamente prohibido delegar en la inteligencia artificial la toma de decisiones en resoluciones judiciales o administrativas, así como automatizar procesos que puedan afectar derechos fundamentales. Además, se veta el uso de sistemas que generen discriminación, refuercen sesgos o limiten el acceso a la justicia.

En materia de igualdad, la normativa dispone que toda aplicación de IA debe garantizar un trato equitativo y sin discriminación, promoviendo incluso su uso para detectar patrones discriminatorios y facilitar el acceso a la justicia, especialmente para sectores vulnerables o hablantes de lenguas nativas.

Otro punto remarcado por la política de uso es la protección de datos personales. La resolución exige que los sistemas de inteligencia artificial implementados cuenten con mecanismos de seguridad que eviten accesos no autorizados, filtraciones o uso indebido de información confidencial. También se prohíbe el almacenamiento de datos en servidores externos sin garantías adecuadas y la manipulación de información sin base legal o consentimiento.

La CSJ también subraya la necesidad de que los sistemas utilizados sean transparentes en cuanto a su desarrollo, datos de entrenamiento, capacidades y limitaciones, de modo a garantizar la confianza pública en su uso dentro del sistema judicial.

Finalmente, la normativa impulsa el desarrollo de capacidades digitales dentro del Poder Judicial, instando a magistrados y funcionarios a capacitarse para comprender el alcance, los riesgos y las potencialidades de estas herramientas.

Con esta resolución, la Corte Suprema de Justicia sienta las bases para una incorporación responsable de la inteligencia artificial, apostando a su uso como herramienta de apoyo, sin perder de vista el rol central de la justicia.

El presidente y el vicepresidente primero de la Corte Suprema realizaron un recorrido por las instalaciones del edificio Testanova, donde se proyecta concentrar varias dependencias en un mismo lugar, el inmueble cuenta con una estructura amplia, distribuida en varios niveles, lo que permitirá optimizar el uso del espacio.

Según lo planificado, albergará oficinas judiciales en sus 11 pisos, además de áreas como subsuelo y azotea. Las autoridades verificaron los avances en los trabajos y los ajustes finales antes de la instalación definitiva, uno de los objetivos principales es mejorar la organización interna y facilitar el acceso de los usuarios a los servicios de justicia, este tipo de iniciativas forma parte de un proceso más amplio de modernización del Poder Judicial.

Además, se apunta a acompañar estos cambios con la digitalización de los procesos, lo que permitiría mayor agilidad y transparencia, la centralización de oficinas en un solo edificio también ayudaría a reducir tiempos y mejorar la atención.

Finalmente, desde la Corte destacaron la importancia de supervisar personalmente estas obras para garantizar su correcto funcionamiento, el recorrido refleja una política de seguimiento directo a proyectos clave para fortalecer la gestión judicial.

El Palacio de Justicia de San Lorenzo será sede este jueves 9 de abril, a partir de las 13:30, del curso taller “Comunicación con Perspectiva de Género”, una propuesta formativa impulsada por la Corte Suprema de Justicia, a través de la Secretaría de Género del Poder Judicial. La actividad se desarrollará de manera presencial y está dirigida a la magistratura y funcionariado de la circunscripción judicial de Central.

La jornada contará con la conducción de la doctora Lorena Segovia, quien viene desarrollando una serie de espacios de capacitación en la materia, orientados a fortalecer el enfoque de derechos en la labor judicial. En esta ocasión, el taller incorporará además la disertación de la periodista Mabel Villamayor, quien abordará la importancia de una comunicación clara, sencilla y asertiva en el ámbito judicial, tanto en la relación con los usuarios del sistema como en el vínculo con la prensa.

Por su parte, la jueza Pili Rodríguez compartirá una experiencia considerada innovadora dentro del sistema de justicia paraguayo: una sentencia de adopción redactada en un formato accesible, pensada para que el propio niño pueda comprender su contenido, en línea con los principios de transparencia y accesibilidad.

El curso forma parte de un programa más amplio de capacitación que busca promover la comunicación con perspectiva de género y mejorar el acceso efectivo a la justicia. La propuesta combina contenidos técnicos y conceptuales con materiales de apoyo y recursos audiovisuales desarrollados por especialistas.

Uno de los ejes centrales de esta iniciativa es su enfoque dinámico y participativo, que apunta a generar un intercambio constante entre los participantes y la docente, favoreciendo la incorporación de herramientas prácticas aplicables en el trabajo cotidiano.

El objetivo es contribuir a que jueces y funcionarios puedan comunicar sus decisiones de manera más comprensible, facilitando así el acceso de la ciudadanía al sistema judicial y fortaleciendo la confianza en las instituciones.

La invitación está abierta a integrantes del Poder Judicial de la circunscripción de Central, quienes podrán participar de este espacio de formación orientado a consolidar prácticas más inclusivas, accesibles y con enfoque de derechos.