Se trata de Óscar Luis Benítez, de activa participación en el plagio y miembro importante del grupo criminal.

El juicio debe iniciar hoy y el Tribunal de Sentencia está conformado por los magistrados Carlos Hermosilla, Sandra Farías y Héctor Escobar. El fiscal Rogelio Ortúzar interviene en el caso. 

Según las investigaciones fiscales, el ahora acusado habría tenido participación directa en el secuestro de la mujer, en el seguimiento a la víctima, en la privación de libertad, en el alquiler de casa, en el cobro de dinero a los familiares de la secuestrada. El Ministerio Público sostiene también que participó en la compra de vehículos utilizados en el caso, con un rol de alto rango en la organización criminal que llevó adelante los ilícitos.

Cecilia Mariana Cubas Gusinky fue secuestrada el 21 de septiembre del año 2004, en el barrio Laguna Grande, y fue hallada sin vida el 16 de febrero del 2005, en una casa ubicada en la ciudad de Ñemby.

El hombre conocido como «Ramón o ‘‘Male’i’’ fue extraditado desde Brasil en septiembre del 2019, tras un pedido realizado por el fiscal Ortúzar, y luego de 14 años de haber permanecido prófugo de la Justicia.

Su abogado planteó al Ministerio Público la salida procesal del procedimiento abreviado con la donación de las camas de terapia.

En declaraciones a la periodista judicial Perla Silguero, el abogado Andrés Casati, defensor de Patricia Ferreira, informó que propuso al Ministerio Público la salida procesal para su clienta del procedimiento abreviado, en la causa abierta por uso de documentos no auténticos.

“Elevamos la propuesta a la fiscalía y sabemos que la fiscal general adjunta Soledad Machuca ya está en conocimiento de la misma. Esto se ajusta al marco penal como así también a las disposiciones de fondo y de forma del Código Penal y sobre todo se ajusta a la política criminal sostenida por el Ministerio Público, pues en el caso de Ronaldinho, la fiscalía aceptó también el procedimiento abreviado, con una pena de dos años y la suspensión de la condena con una reparación social de 100 mil dólares”.

El abogado refirió que en el caso de Ferreira, se ofreció el procedimiento abreviado, con una condena de dos años y una suspensión condicional de la misma con una reparación social consistente en la donación de 50 camas de terapia intensiva.

“Las camas, en este momento, son de extrema necesidad por la pandemia. Vemos en todos los medios la imperiosa necesidad, puesto que aquí, no solo el valor patrimonial o económico que eso significa (aproximadamente 350 mil dólares), sino el también el producto en sí está en falta y esto ayudaría a salvar muchísimas vidas” finalizó.

Esta causa se remonta a la denuncia hecha por la multinacional Eurofarma, contra Imedic, en abril pasado, por falsificación de facturas debido a que supuestamente Imedic hizo figurar delicados medicamentos oncológicos, que fueron importados desde la India o China, como si fueran de origen brasileño, para obtener los permisos requeridos. La imputación fue realizada por los fiscales Marcelo Pecci y Sussy Riquelme, el 10 de junio pasado.

Su abogado está en aislamiento porque dio positivo al virus. El juicio fue pospuesto para el 11 de enero.

El tribunal de sentencia conformada por las magistradas Yolanda Portillo, Yolanda Morel y Elsa García se vio obligado a posponer el inicio del juicio oral, debido a que el abogado Claudio Lovera presentó un escrito informando que se encuentra en aislamiento porque dio positivo al covid. Las magistradas pospusieron el inicio de la audiencia para el próximo lunes.

Oscar González Daher y su hijo Óscar González Chávez fueron acusados por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa por el caso que guarda relación con la inmobiliaria Príncipe Di Savoia. La fiscal Liliana Alcaraz, en su acusación, afirma que el exsenador tuvo un enriquecimiento ilícito cercano a los 6 mil millones de guaraníes, mientras que su hijo, 51 mil millones.  

La Secretaría de Prevención de Lavado o Bienes (Seprelad) había detectado que la firma presentaba movimientos de sumas importantes de dinero de carácter sospechoso, por lo que había relevado un informe que luego fue derivado a instancias de la Fiscalía de Delitos Económicos.