La justicia británica rechazó el pedido. Considera que existe un riesgo elevado de suicidio por parte del creador de Wikileaks.
El Gobierno estadounidense dispone de 14 días para recurrir el fallo mientras los abogados del activista solicitan su libertad inmediata bajo fianza, informó El País de España.
La magistrada británica del Tribunal Penal Central de Londres (conocido como Old Bailey) Vanessa Baraitser ha concluido este lunes, en una de las sentencias más relevantes de las últimas décadas, que Julian Assange, el cofundador de Wikileaks, no debe ser extraditado a Estados Unidos, donde se enfrentaría a penas de hasta 175 años de cárcel.
La jueza ha asegurado, en la lectura de su resolución, que “el riesgo de que Assange se suicidara, si se permitiera la extradición, era elevado”. El Gobierno estadounidense dispone ahora de 14 días para recurrir el fallo. La defensa de Assange ha solicitado su libertad provisional bajo fianza, pero la jueza ha ordenado que siga de momento bajo custodia.
Decenas de seguidores del hacker han celebrado la decisión a las puertas del tribunal. “La salud mental del Sr. Assange se halla en tal estado que resultaría agobiante para él ser extraditado a Estados Unidos”, ha dicho la juez. “Sufriría un deterioro que le llevaría a suicidarse, dada la determinación que le provocan sus trastornos autistas”, ha añadido.
Assange fue condenado a casi un año de cárcel por la justicia británica, por saltarse las condiciones de su libertad provisional en 2012. Las autoridades suecas habían exigido la entrega del prófugo, acusado de varios delitos de violación y abusos sexuales contra dos mujeres que colaboraron en un acto de Wikileaks en Estocolmo dos años antes.
El hacker obtuvo la protección diplomática del Gobierno de Ecuador, presidido entonces por Rafael Correa, y se mantuvo encerrado durante siete años en las dependencias de la embajada ecuatoriana en Londres.
Washington acusa a Assange de varios delitos contra la Seguridad Nacional. En colaboración con la exsoldado Chelsea Manning, obtuvo y publicó documentos confidenciales sobre la intervención militar de Estados Unidos y sus aliados en Irak y Afganistán.
El actual Gobierno de Ecuador, presidido por Lenín Moreno, decidió romper lazos con el prófugo de la justicia y lo entregó a las autoridades británicas el pasado abril. Le acusaban de haber abusado de su hospitalidad y llevado a cabo actividades ilegales y de injerencia en los asuntos internos de otros países desde su encierro.
