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Condenado “motochorro” a 25 años de cárcel

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El agente fiscal Julio César Ortiz representó al Ministerio Público y sostuvo la acusación en un juicio oral obteniendo una condena para Martín Garay Cabrera, de 25 años de pena privativa de libertad por coautoría de homicidio doloso y tentativa de robo agravado. 

El otro acusado es un adolescente el cual aún no fue llevado a juicio. Según el relato de los hechos, el 3 de setiembre de 2018, a las 21:40 en la vía pública específicamente en las calles Reyes Chamorro c/ Nilo Meyer del barrio San Luis de San Lorenzo, el ahora condenado Martín Garay Cabrera se encontraba a bordo y al mando de una motocicleta de la marca Kenton acompañado de un adolescentes de 17 años.

Al llegar a la dirección mencionada divisaron a Francisco Amando Crechi Castro, quien se encontraba caminando en la vereda. En un momento el adolescente J. I. A. B. descendió de la motocicleta con un arma de fuego en mano, con intención de despojar de sus pertenencias a Francisco Crechi Castro, pero éste se resistió y el menor de edad realizó un disparo con el arma de fuego. 

La bala impactó en el cuello de la víctima y como consecuencia se produjo su deceso.  Luego de cometer el hecho J. I. A.B. abordó nuevamente la motocicleta conducida por el ahora condenado Martín Garay Cabrera, quien lo aguardaba a metros del lugar y luego lo llevó hasta su casa.

La Corte Suprema obtuvo millonario ahorro en alquileres

Al cierre del año 2020, la institución ahorró más de dos mil millones de guaraníes gracias a la negociación de reajustes con los propietarios de los locales alquilados.

Según un informe de prensa de la institución, ello se debió a una política de racionalización implementada por los integrantes del Consejo de Superintendencia de la máxima instancia judicial, presidido por el ministro Alberto Martínez Simón.

Dentro de esa línea de acción, y con el fin de racionalizar los montos de los contratos cuya finalización está prevista este año, se fijaron porcentajes de reajustes a la baja en el precio como condición ineludible para una nueva contratación o renovación de los mismos. 

 Respecto de contratos cuya finalización no estuvo prevista para este año y se encuentran en ejecución, se lograron reajustes a la baja en los precios pactados en años anteriores, todo lo cual se ha traducido en una cifra considerable de ahorro institucional a partir de estas acciones, indica el comunicado.

Por otra parte, se ejecutaron las cláusulas de rescisión previstas en los contratos, sin costo alguno para la institución, cuando las condiciones no han sido las adecuadas para la implementación de la política de racionalización.

Asimismo, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia resolvió en sesión plenaria instruir a los Consejos de Administración de las diferentes Circunscripciones Judiciales del interior del país a adoptar idénticas acciones.

Con este objetivo se ha establecido el parámetro consistente en que, en principio, se exija un reajuste en el precio de -como mínimo- 10% y que dicha medida afecte a contratos cuyos precios de alquiler sean iguales o superiores a cuatro salarios mínimos.

Es importante señalar que la actual cifra de ahorro obtenida es el resultado de las acciones ya concretadas, sin embargo, la misma podrá ser aumentada a medida que pasen los meses, ya que una serie de idénticas acciones se encuentran en ejecución y en trámite para elevar aún más estos índices.

En el mismo sentido, se debe indicar que todos los contratos tienen una duración de 24 meses, por lo que los ahorros obtenidos mensualmente en los precios deben proyectarse en dicho número de meses para acceder a la cifra total de ahorro a raíz de la implementación de estas acciones.

Los padres de Cecilia Cubas declararán en juicio

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Mirta Gusinky y Raúl Cubas Grau prestarán declaración durante el juicio a Óscar Benítez.

Además, prestarán declaración ante el Tribunal de Sentencia el médico forense del Ministerio Público, Pablo Lemir, y Juan Ramón Zárate.

El juicio inició ayer y el Tribunal de Sentencia está conformado por los magistrados Carlos Hermosilla, Sandra Farías y Héctor Escobar. El fiscal Rogelio Ortúzar interviene en el caso.

Según las investigaciones fiscales, el ahora acusado habría tenido participación directa en el secuestro de la mujer, en el seguimiento a la víctima, en la privación de libertad, en el alquiler de casa, en el cobro de dinero a los familiares de la secuestrada. 

El Ministerio Público sostiene también que participó en la compra de vehículos utilizados en el caso, con un rol de alto rango en la organización criminal que llevó adelante los ilícitos.  Cecilia Mariana Cubas Gusinky fue secuestrada el 21 de septiembre del año 2004, en el barrio Laguna Grande, y fue hallada sin vida el 16 de febrero del 2005, en una casa ubicada en la ciudad de Ñemby.  

El hombre conocido como «Ramón o ‘‘Male’i’’ fue extraditado desde Brasil en septiembre del 2019, tras un pedido realizado por el fiscal Ortúzar, y luego de 14 años de haber permanecido prófugo de la Justicia.

Foto: Perla Silguero

Siguen incautaciones de vehículos por violación de la cuarentena

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Ayer, la policía incautó 87 motocicletas y dos vehículos debido a que sus propietarios violaron la cuarentena. 

La Policía veló por el cumplimiento del Decreto Presidencial que estableció medidas sanitarias especiales.

Según cifras proveídas por el Departamento de Relaciones Públicas, en diversos procedimientos policiales realizados el 5 de enero de 2021, fueron incautados dos vehículos y 87 motocicletas, y se realizaron 20 llamadas al 911.

Corre plazo para apelar sentencia de González Daher

Desde hoy le corre a las partes el plazo para apelar el criticado fallo.

Ayer, las partes retiraron la sentencia íntegra y les corre los diez días hábiles para recurrir ante una Cámara de Apelaciones la sentencia que condenó a dos años de cárcel a Óscar González con suspensión de la ejecución de la condena y además de la inhabilitación de siete años para ejercer cargos públicos.

Así también fue sentenciado a la misma pena el exsecretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Raúl Fernández Lippmann.

Mientras que el abogado Carmelo Caballero fue condenado a cumplir la sanción de un año ocho meses, también con suspensión e inhabilitado por cinco años para ejercer cargos públicos.

Todos fueron condenados por tráfico de influencia, el único tipo penal probado en juicio, según el voto en mayoría de los jueces, María Fernanda García de Zúñiga y Héctor Capurro, con voto en disidencia del juez Juan Carlos Zárate.

Queda a cargo del tribunal de alzada juzgar el caso para confirmar o revertir la sentencia.

El Poder Judicial se prepara para examen de Gafilat

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), tomará examen en mayo a la Corte Suprema de nuestro país.

En conversación con la 780 AM, la ministra Carolina Llanes refirió que se han mantenido diversas reuniones con los grupos involucrados, con miras al examen de mayo. “El examen final consta de un cuestionario altamente exigente en materia de efectividad que la mesa de trabajo, integrado por jueces y técnicos de la institución, está relevando, en cuanto al cumplimiento técnico ya fueron sancionadas las leyes, se estableció el marco que debe cumplirse dentro de los procesos” indicó.

Refirió que están trabajando en el relevamiento de los procesos de narcotráfico, de lavado, de financiamiento del terrorismo y otros, para ver los resultados en términos de investigación y resoluciones. “Sobre eso va versar el examen que debe rendir la Corte Suprema de Justicia en mayo, esperamos estar a la altura de la exigencia de este organismo, va ser fundamental para no ingresar a la lista gris”, resaltó. 

La ministra indicó que el fin de Gafilat es conocer las estadísticas de los procesos específicos que están en este contexto de lavado de activos y narcotráfico, cuáles son los resultados que ha dado el Poder Judicial en sentencias y también en materia de comisos

Gafilat es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte. Fue creado para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra estos flagelos y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.

Jueza declara litigantes de mala fe y multa a tres abogados

La jueza penal de Garantías Lici Sánchez declaró litigantes de mala fe a los abogados Óscar Said Bobadilla, Gerbacio Derlis Morel y Alejandro Nissen, por su actuación en el caso “Da Rocha”.

La sanción contempla el registro de la sanción en el legajo de cada abogado, y en el caso del abogado Óscar Said, se agrega una multa de G 10.542.500.

Dictan medidas alternativas para médica imputada en el caso Renato

La jueza Lici Sánchez otorgó medidas alternativas a la prisión a la médica impuesta por el fallecimiento del niño Renato.

Se trata de Laura Sena. Estas medidas fueron también requeridas en su oportunidad por el Ministerio Público, como no modificar su domicilio, no modificar el medio de comunicación asignado en autos, la comparecencia trimestral ante el juzgado una vez que se reanuden los plazos, y una caución curatoria sobre su persona, en el cual ella se compromete a comparecer ante el juzgado cuando sea necesario.

Con relación a los demás médicos, ellos tienen las mismas medidas cautelares. “El Ministerio Público cuenta con un nuevo plazo que fue otorgado por la Cámara de Apelaciones, a los efectos de proseguir la investigación” refirió la jueza Lici Sánchez.

Fiscalía se aplazó en lucha contra la corrupción, sostiene Esther Roa

La representante de la Coordinadora de Abogados lamentó que el Ministerio Público no fortalezca su unidad especializada en delitos económicos.

En una entrevista concedida a Judiciales.net, la abogada Esther Roa consideró que la gestión de la fiscalía fue un fracaso durante el 2020, en lo que respecta a la lucha contra la corrupción pública.

“El Ministerio Público nunca tuvo en cuenta las recomendaciones ciudadanas, como la modernización de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, que hoy funciona con 11 fiscales, sin infraestructura, sin tecnología, sin recursos humanos, sin guía, y lo peor de todo, sin un solo perito” dijo.

Roa indicó que dicha unidad tiene como cabeza a la doctora Soledad Machuca, “quién jamás dio la cara, ni siquiera con medios de prensa y mucho menos con la sociedad civil”. Por otro lado, afirmó que el año pasado solicitaron la declaración del año 2020 como el año de la lucha contra la corrupción, a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo. “De estos tres, solamente el Poder Judicial declaró el año 2020  como el año de la lucha contra la corrupción” lamentó.

Refirió que otra propuesta ciudadana que no fue oída por la fiscalía, fue la de mantener reuniones mensuales con varios referentes de la sociedad civil, y en especial, de los distintos distritos del país que tienen denuncias graves de hechos de corrupción cometidos por sus intendentes, gobernadores o autoridades. “Nunca logramos eso, a pesar de que hubo algunos intentos en donde finalmente nos dimos cuenta que era una burla. La fiscalía no tomó en serio absolutamente nada” dijo.

Por ese motivo, dijo que, el año pasado solicitaron también que se declare la emergencia de la Unidad Especializada contra Delitos Económicos para poder destinar fondos necesarios para poder dotar de todo aquello que necesita esa unidad especializada. “Tampoco respondieron a eso” mencionó.

Finalmente, deseó que en este año nuevo, siga avanzando la sociedad civil, que según ella, es la única alternativa que se tiene en Paraguay. “Pido una prensa dispuesta a denunciar los hechos punibles de corrupción pública y una sociedad que exija investigaciones serias y responsables” finalizó.

Casi 100 motos fueron incautadas ayer por la policía

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La policía intervino varias veces por violación de la cuarentena sanitaria.

Ayer, la policía incautó 97 motocicletas debido a que sus propietarios violaron la cuarentena. La Policía veló por el cumplimiento del Decreto Presidencial que estableció medidas sanitarias especiales.

Según cifras proveídas por el Departamento de Relaciones Públicas, en diversos procedimientos policiales realizados el 4 de enero de 2021, fueron aprehendidas nueve personas y y se realizaron 56 llamadas al 911.

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