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Al cierre del año 2020, la institución ahorró más de dos mil millones de guaraníes gracias a la negociación de reajustes con los propietarios de los locales alquilados.

Según un informe de prensa de la institución, ello se debió a una política de racionalización implementada por los integrantes del Consejo de Superintendencia de la máxima instancia judicial, presidido por el ministro Alberto Martínez Simón.

Dentro de esa línea de acción, y con el fin de racionalizar los montos de los contratos cuya finalización está prevista este año, se fijaron porcentajes de reajustes a la baja en el precio como condición ineludible para una nueva contratación o renovación de los mismos. 

 Respecto de contratos cuya finalización no estuvo prevista para este año y se encuentran en ejecución, se lograron reajustes a la baja en los precios pactados en años anteriores, todo lo cual se ha traducido en una cifra considerable de ahorro institucional a partir de estas acciones, indica el comunicado.

Por otra parte, se ejecutaron las cláusulas de rescisión previstas en los contratos, sin costo alguno para la institución, cuando las condiciones no han sido las adecuadas para la implementación de la política de racionalización.

Asimismo, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia resolvió en sesión plenaria instruir a los Consejos de Administración de las diferentes Circunscripciones Judiciales del interior del país a adoptar idénticas acciones.

Con este objetivo se ha establecido el parámetro consistente en que, en principio, se exija un reajuste en el precio de -como mínimo- 10% y que dicha medida afecte a contratos cuyos precios de alquiler sean iguales o superiores a cuatro salarios mínimos.

Es importante señalar que la actual cifra de ahorro obtenida es el resultado de las acciones ya concretadas, sin embargo, la misma podrá ser aumentada a medida que pasen los meses, ya que una serie de idénticas acciones se encuentran en ejecución y en trámite para elevar aún más estos índices.

En el mismo sentido, se debe indicar que todos los contratos tienen una duración de 24 meses, por lo que los ahorros obtenidos mensualmente en los precios deben proyectarse en dicho número de meses para acceder a la cifra total de ahorro a raíz de la implementación de estas acciones.

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