Sala Penal mejoró su producción de acuerdos y sentencias en el 2020

El informe de gestión publicado en la web del Poder Judicial resalta un aumento de la producción en el 2020 con relación al 2019.

Así, se desprende del informe que en el 2020, la Sala Penal dictó 634 acuerdos y sentencias, en comparación a los 482 dictados en el 2019, y 310 dictados en el 2018. En cuanto a la entrada de expedientes, se tuvo un ingreso de 1.108 casos, en comparación a los 1.315 del 2019.

“Durante el año 2020, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, centró sus esfuerzos en el fortalecimiento de la gestión jurisdiccional, para acrecentar la productividad -principalmente- en las áreas penal y contencioso administrativo; a fin de superar el congestionamiento y demora en la resolución de los procesos” refiere parte de la introducción del documento.

Por otro lado, el informe afirma que la Sala Penal se ocupó de impulsar la implementación del nuevo fuero penal especializado en delitos económicos y crimen organizado, creado por Ley N° 6.379/19, a través de acordadas reglamentarias y operativas del nuevo procedimiento, que hoy se encuentra en funcionamiento, para hacer efectivo el cumplimiento de leyes vigentes en materia de lavado de activos, crimen organizado, narcotráfico, corrupción y otros. Todo ello en el marco de recomendaciones realizadas por organismos internacionales que integra el Paraguay (Gafilat)..

Además, por iniciativa de la Sala Penal, la Corte Suprema de Justicia resolvió reinstalar la Oficina Técnica Penal (O.T.P.), integrada por magistrados y organismos administrativos, con el objetivo de apoyar al sistema penal con la formulación de estrategias, planes y acciones que permitan a la C.S.J. adoptar decisiones encaminadas a depurar y acelerar respuestas procesales.

Además, por Acordada N° 1.417/2020, a propuesta de la Sala Penal, se instaló la Oficina Técnica de Apoyo al fuero de la Niñez y Adolescencia (OTNyA), con el objetivo de fortalecer el fuero especializado, implementar los organismos legales vigentes y formular propuestas normativas y operativas a la Corte Suprema para el mejoramiento del servicio de justicia en dicha área. En este contexto se suscribieron convenios de cooperación con el Ministerio de la Niñez y Adolescencia, así como con organizaciones civiles, como la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y Adolescencia (CDIA). 

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