La Cámara de Apelación Penal de San Lorenzo resolvió anular la condena de 12 años de prisión impuesta a Axel Fabián López Orué, quien había sido hallado culpable de coacción sexual y violación en perjuicio de una joven que tenía 16 años al momento de los hechos. La decisión implica que el caso deberá ser analizado nuevamente por otro Tribunal de Sentencia, lo que genera inquietud en la querella por el impacto que tendrá en la víctima.
Se trata del tercer juicio oral que deberá enfrentar la joven, quien, según su representación legal, arrastra graves secuelas a raíz del caso. La abogada Noelia Núñez cuestionó duramente la resolución, señalando que la medida no solo retrasa la justicia, sino que también expone nuevamente a su cliente.
“Estamos anonadados con la resolución que anula el juicio y realiza un reenvío. Además de revictimizarla, es una forma de buscar que ella abandone la denuncia. Mi cliente fue abusada y contagiada de una enfermedad; todo eso se probó en un segundo juicio oral y hoy la causa es anulada”, expresó.
El Tribunal de Apelación, integrado por los camaristas Dionisio Frutos, Gustavo Bóveda y Alicia Orrego, fundamentó su decisión en supuestas irregularidades en la incorporación de pruebas durante el juicio. Según el voto, el Tribunal de Sentencia no se ajustó a la normativa al admitir como medida de “mejor proveer” un certificado o diagnóstico que no constituía un hecho nuevo, ya que correspondía a situaciones conocidas desde la etapa de investigación y que no fueron diligenciadas oportunamente por las partes.
Los camaristas consideraron que dicha prueba fue valorada en la sentencia, influyendo en la condena, lo que motivó la nulidad del fallo y el reenvío del expediente.
Pese a que en el segundo juicio oral se había determinado la responsabilidad penal del acusado, ahora el proceso vuelve a foja cero en cuanto al análisis de fondo, lo que obliga a la víctima a revivir nuevamente el caso en sede judicial.
Desde la querella advierten que esta situación no solo prolonga el proceso, sino que también profundiza el daño emocional de la denunciante, al tiempo que reclaman garantías para evitar una mayor revictimización en el nuevo juicio.
Un Tribunal de Sentencia de Amambay dictó severas penas de hasta 27 años de prisión contra cinco acusados, tras un juicio oral y público que se desarrolló completamente en idioma guaraní, marcando un hecho relevante en el acceso a la justicia.
Las condenas alcanzaron a Enrique Galeano Barrios, quien recibió 27 años de cárcel, mientras que Pedro Barrios Galeano, Fabio Frutos Galeano y Nelson Frutos Galeano fueron sentenciados a 25 años. Por su parte, Carlos Galeano Barrios fue condenado a 23 años de pena privativa de libertad.
El colegiado, presidido por el juez Mario Peralta e integrado por las magistradas Librada Céspedes y Marcelina Quintana, concluyó que los acusados son responsables de los delitos de homicidio doloso, secuestro y violación de la Ley de armas.
El caso tuvo como víctima fatal a Dilson Bello Dos Santos, además de dejar a su esposa, su hijo y un peón como sobrevivientes. El hecho ocurrió el 26 de julio de 2019 en la colonia Cadete Boquerón, en el distrito de Capitán Bado.
Uno de los aspectos más destacados del proceso fue que todo el juicio se llevó adelante en guaraní, garantizando así una mayor comprensión para las partes involucradas y reafirmando la importancia del idioma en el sistema judicial.
La fiscal María Irene Álvarez tuvo a su cargo la representación del Ministerio Público, logrando sostener la acusación que derivó en las condenas. Desde la institución señalaron que este resultado refleja el compromiso con la búsqueda de justicia y la sanción efectiva de hechos graves.
La intervención de la defensora pública en lo Civil del Primer Turno de la Capital, Leyla Centurión, permitió revertir la situación judicial de dos docentes que enfrentaban múltiples demandas por cobro de dinero en el marco de los conocidos casos de irregularidades de la mafia de pagarés.
Gracias a su gestión, seis juicios fueron declarados caducos, lo que derivó en el levantamiento de embargos sobre los salarios de las afectadas y la recuperación de cerca de G. 13 millones. Las docentes, oriundas de Itauguá y Ciudad del Este, habían sido incluidas en procesos judiciales tramitados en Asunción.
La defensora centró su estrategia en demostrar la inacción de las partes demandantes, logrando que los juzgados reconozcan la caducidad de los procesos por falta de impulso dentro del plazo legal. Además, impulsó incidentes clave que cuestionaban la validez de los documentos presentados y las irregularidades en las notificaciones.
Uno de los casos más relevantes involucró a una docente que enfrentaba cuatro demandas por montos que no coincidían con el préstamo que realmente había solicitado. A partir de las acciones legales promovidas, no solo se logró su desvinculación de los juicios, sino también la liberación de fondos retenidos en cuentas bancarias.
En otro expediente, correspondiente a una docente de Ciudad del Este, la actuación de la defensa pública permitió anular dos procesos y recuperar parte del dinero embargado, además de dejar sin efecto los descuentos salariales.
Desde el Ministerio de la Defensa Pública destacaron la importancia de este tipo de intervenciones, especialmente en casos donde las víctimas desconocen los mecanismos legales o enfrentan situaciones de abuso. La labor de la defensora fue fundamental para restituir derechos y frenar perjuicios económicos a las afectadas.
La implementación del Registro Unificado Nacional (RUN), vigente desde el 14 de enero de 2026, marcó el inicio de una nueva etapa en la gestión registral en el país, bajo la conducción de la Corte Suprema de Justicia. La plataforma busca integrar y agilizar los procesos vinculados al registro de la propiedad, incorporando herramientas digitales orientadas a mejorar la eficiencia y la seguridad jurídica.
En sus primeros 100 días de funcionamiento, el sistema registró un total de 473.927 documentos ingresados, además de 11.584 reingresos y 453.615 expediciones, según datos oficiales del RUN. Estas cifras reflejan la dinámica de adopción del nuevo modelo de gestión, que apunta a reducir tiempos de tramitación y unificar criterios técnicos en el procesamiento documental.
Desde la implementación de la plataforma, se destaca la incorporación de mecanismos que permiten disminuir observaciones por inconsistencias técnicas, así como la optimización de los procesos de inscripción mediante sistemas integrados. En ese marco, se consolidaron herramientas como la Mesa de Entrada Única Catastro-Registral y el sistema SIGRE, que incorpora servicios de publicidad digital.
En el área catastral, la Dirección General de Catastro y Registro de Inmuebles (DGCRI) reportó el ingreso de 1.219 documentos vinculados a recursos y correcciones, junto con la emisión de 1.043 providencias y 5 resoluciones, en el marco de la operativa institucional.
Por su parte, la Dirección General de Registros Especiales (DGRE) amplió su horario de atención en mesa de entrada y salida hasta las 15:00, lo que permitió procesar 2.009 trámites adicionales en horario extendido desde marzo. En términos globales, esta dependencia registró 116.000 documentos ingresados y más de 104.000 trámites expedidos.
En el ámbito del registro automotor, la Dirección General del Registro de Automotores (DGRA) incorporó un sistema de doble validación con calificación técnica del registrador, además de ajustes en el formulario F22, cuya emisión quedó sujeta al pago completo de tasas y servicios.
El RUN se perfila como un sistema en fase de consolidación progresiva, con el objetivo de integrar los servicios inmobiliarios, catastrales, especiales y automotores en una misma plataforma, orientada a la ciudadanía y al fortalecimiento institucional.
En el marco del Día del Periodista, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, emitió un mensaje en el que resaltó la importancia de la labor periodística como pilar fundamental de la democracia y exhortó a los comunicadores a sostener un compromiso firme con la veracidad y la responsabilidad.
“El Día del Periodista corresponde reconocer a quienes hacen oficio en la búsqueda y difusión de la información diaria, tarea indispensable para la vigencia plena de la libertad de prensa, la libertad de expresión y el fortalecimiento de la vida democrática de nuestro país”, expresó.
El titular del máximo tribunal recordó que en Paraguay esta misión se encuentra respaldada por la Constitución Nacional, específicamente en su artículo 28, que garantiza el derecho de todas las personas a recibir información “veraz, ecuánime y responsable”. Según indicó, esta disposición no solo protege a la ciudadanía, sino que también establece un estándar ético elevado para el ejercicio del periodismo.
Martínez Simón subrayó que la libertad de prensa, considerada una piedra angular de toda sociedad democrática, alcanza su verdadera dimensión cuando se ejerce con responsabilidad. En ese sentido, enfatizó que informar no se limita a transmitir hechos, sino que implica interpretarlos con honestidad intelectual, contrastarlos rigurosamente y presentarlos con equilibrio.
En su mensaje, evocó además al escritor Gabriel García Márquez, al referirse a “la fascinación que tenemos los seres humanos por la palabra impresa y a la tendencia de darle valor a lo publicado por el solo hecho de haberse escrito”, como una advertencia sobre el impacto que puede tener la información en la formación de la opinión pública.
El presidente de la Corte también reflexionó sobre los desafíos actuales del periodismo, marcados por la inmediatez de la información y la proliferación de opiniones. “En un tiempo en que la inmediatez casi instantánea de la información desafía la profundidad del análisis de las fuentes y en el que la abundancia de noticias pone a prueba la verdad del contenido, el compromiso con la veracidad, la ecuanimidad y la responsabilidad se vuelve más necesario que nunca”, afirmó.
Finalmente, instó a que esta fecha sirva para renovar el compromiso con la verdad y el servicio al bien común, valores que según sostuvo, honran la esencia y la vocación más alta del periodismo.
Con una trayectoria de casi tres décadas en el sistema judicial, el defensor público Martín Muñoz se encuentra actualmente en carrera para acceder al cargo de defensor adjunto, una posición relevante dentro de la estructura de la Defensa Pública.
Muñoz, quien acumula más de 28 años de labor ininterrumpida en el ámbito judicial y 18 de ellos dentro de la Defensa Pública, fue recientemente ternado por unanimidad por el Consejo de la Magistratura, instancia que elevó su candidatura a la Corte Suprema de Justicia, órgano que tendrá la decisión final.
“Estoy aspirando a este cargo, teniendo en cuenta que pertenezco al sistema judicial desde hace más de veintiocho años de trabajo ininterrumpido”, expresó, al tiempo de destacar el proceso institucional que implica la designación. “Es un acto administrativo complejo en donde interviene el Consejo de la Magistratura, y es la Corte la que debe decidir por mayoría cuál de las tres personas será merecedora de dicha designación”, añadió.
El cargo al que aspira implica responsabilidades de conducción en áreas sensibles como lo contencioso administrativo, lo laboral y otras competencias específicas. En ese sentido, el profesional subrayó la importancia del rol desde el punto de vista organizativo y de gestión: “Es un cargo de relevancia desde el punto de vista de la jefatura, de todo lo que concierne a las tres competencias”.
Más allá de lo técnico, Muñoz hizo énfasis en el carácter social de la función. “Es un cargo en el cual uno debe estar muy de cerca con las personas de escasos recursos económicos, porque la defensoría pública es una función judicial enteramente orientada al Estado Social de Derecho”, sostuvo, remarcando el compromiso que implica trabajar con sectores vulnerables.
En esa línea, planteó la necesidad de fortalecer el funcionamiento interno de la institución y mejorar la respuesta a los usuarios del sistema. “Me gustaría liderar a mis colegas para optimizar el servicio. Tengo una batería de ideas que me gustaría proponer para dar mayor eficiencia y prontitud en la resolución de los casos de nuestros asistidos”, afirmó.
El defensor también valoró la experiencia acumulada dentro de la propia institución como un factor relevante en el proceso de selección. “La idoneidad es clave, porque conozco los problemas internos de la institución y tengo propuestas de solución”, señaló. A esto se suma su paso por el ámbito gremial, donde ejerció funciones de representación durante más de 12 años, consolidando un perfil vinculado al liderazgo y la defensa de sus pares.
Mientras aguarda la decisión final de la Corte, Muñoz indicó que continúa desarrollando gestiones propias del proceso de selección. “Esperando expectante, realizando las cuestiones vinculadas al cabildeo, que es legítimo”, comentó, al tiempo de considerar que estos espacios permiten a la ciudadanía conocer a los postulantes a cargos de relevancia.
Con una carrera construida dentro del sistema y una visión centrada en la mejora del servicio público, el nombre de Martín Muñoz se posiciona como uno de los candidatos en evaluación para asumir un rol estratégico en la Defensa Pública.
El juez especializado en delitos económicos Rodrigo Estigarribia resolvió mantener la prisión preventiva de Alex Silva Báez, un joven de 18 años imputado por estafa mediante sistemas informáticos y otros hechos punibles, en el marco de una investigación por un esquema de ciberfraude de gran magnitud.
De acuerdo con la resolución judicial, no se han presentado elementos nuevos que justifiquen una modificación de la medida cautelar, por lo que el magistrado consideró pertinente que el procesado continúe privado de libertad mientras avanza la causa.
El Ministerio Público sostiene que Silva Báez sería el principal articulador de una red que habría logrado movilizar más de 9.000 millones de guaraníes a través de operaciones fraudulentas dentro del sistema financiero. La investigación forma parte de la denominada “Operación Ícaro”, que continúa en desarrollo con nuevas diligencias y detenciones.
Según los investigadores, el presunto esquema operaba con la participación de personas del entorno cercano del joven, incluyendo excompañeros de colegio y familiares, quienes habrían conformado una estructura organizada para ejecutar transferencias masivas mediante plataformas digitales.
El mecanismo consistía en el uso de múltiples líneas asociadas a billeteras electrónicas, desde las cuales se distribuían los fondos hacia numerosas cuentas intermediarias. Posteriormente, el dinero era canalizado hacia activos virtuales, como criptomonedas, con el objetivo de dificultar su rastreo y aparentar legalidad.
Hasta el momento, unas diez personas se encuentran bajo investigación en el caso, aunque las autoridades no descartan ampliar el número de implicados. De hecho, se analiza la posible participación de alrededor de 400 individuos que habrían colaborado de distintas formas en el funcionamiento del esquema.
En el marco de los operativos, fueron incautados varios dispositivos electrónicos —entre ellos teléfonos celulares, una tablet y una computadora portátil— que serán sometidos a peritajes, además de un vehículo que estaría vinculado a los bienes adquiridos con el dinero presuntamente obtenido de manera ilícita.
Las autoridades continúan con las pesquisas para determinar el alcance total de la red y esclarecer el flujo de los fondos, en un caso que pone en evidencia el uso creciente de herramientas digitales para la comisión de delitos financieros.
La agente fiscal Vivian Coronel, titular de la Unidad Especializada en hechos punibles contra niños y adolescentes de Alto Paraná, logró una condena elevada de 23 años de pena privativa de libertad a un hombre hallado culpable por abuso sexual en niños, donde han resultado víctimas sus sobrinas menores de edad.
El juicio oral concluyó en el Poder Judicial de Ciudad del Este. Durante el debate oral, la representación del Ministerio Público demostró, mediante pruebas documentales, testimoniales y periciales, la comisión reiterada de hechos de abuso sexual, coacción sexual y violación contra las dos víctimas. En consecuencia, el Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Gloria Vera, Diego Duarte y Margarita Martínez, dictó el fallo condenatorio y aplicó una condena ejemplar.
Según los antecedentes, los hechos ocurrieron entre los años 2018 y 2025. El condenado habría aprovechado el vínculo de parentesco y la convivencia cercana para someter a las víctimas mediante violencia, cuando estas tenían solo 8 y 12 años de edad.
La investigación fiscal se inició a partir de la denuncia presentada el 22 de febrero de 2025 por los padres de las víctimas. Durante la etapa preparatoria, el Ministerio Público reunió elementos probatorios como informes médicos forenses que confirmaron lesiones físicas, además de evaluaciones psicológicas que evidenciaron indicadores de daño emocional, ansiedad y depresión vinculados a los hechos denunciados. Estos elementos fueron considerados contundentes para el colegiado para aplicar la condena que consideran justa, la de 23 años de encierro.
En el marco del proceso judicial se incorporaron pruebas producidas mediante Cámara Gesell, en el contexto del anticipo jurisdiccional de pruebas. Asimismo, profesionales del Centro de Atención a Víctimas ratificaron la coherencia de los relatos brindados por las menores, pese a intentos de retractación atribuidos a presiones del entorno.
El Tribunal de Sentencia valoró la totalidad de los elementos probatorios presentados por la fiscal Coronel y concluyó la alta reprochabilidad de la conducta atribuida al acusado, imponiendo la pena de 23 años de prisión.
La Comisión del Senado encargada de investigar el esquema conocido como “mafia de pagarés” remitió una nota al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, en la que expone su preocupación por el escaso avance de las investigaciones en casos denunciados ante el Ministerio Público.
En el documento, firmado por el presidente de la comisión, el senador Rafael Filizzola, se advierte sobre lo que califican como una falta de progreso en las diligencias fiscales. Según señalan, varias causas permanecen sin avances sustanciales en distintas unidades, lo que, a su criterio, contribuye a la continuidad de embargos y a la prolongación de perjuicios patrimoniales para las personas afectadas.
En ese contexto, la comisión plantea la necesidad de que las investigaciones sean derivadas a la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, con el objetivo de garantizar un abordaje técnico y dotado de mayores recursos.
La nota también hace referencia a un caso puntual, el de una contadora que habría sido objeto de un embargo por G. 74.871.590, a partir de un pagaré presuntamente falso vinculado al Banco Nacional de Fomento. De acuerdo con lo expuesto, la denuncia fue presentada hace aproximadamente diez meses; sin embargo, la causa, tramitada en la fiscalía de San Antonio, no habría registrado avances relevantes.
Según el testimonio de la afectada, en la fecha en que se habría generado el supuesto compromiso financiero —agosto de 2020— se encontraba con reposo médico debido a un cuadro de preeclampsia, en el contexto de la pandemia, lo que pondría en duda la autenticidad del documento.
Desde la comisión sostienen que este tipo de situaciones no serían aisladas, sino que responderían a un esquema más amplio que requiere una intervención más decidida del Ministerio Público para evitar posibles escenarios de impunidad.
Cabe mencionar que, como resultado de las gestiones impulsadas por esta comisión, varios embargos han sido levantados en distintos casos.
En el marco del proceso abierto en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados JEM contra el juez de Paz Gustavo Villalba, suspendido actualmente en sus funciones, la fiscal acusadora Cinthia Vera solicitó su remoción definitiva al sostener que existen elementos suficientes que evidencian un supuesto mal desempeño en el ejercicio del cargo. El caso se desarrolla dentro de la investigación conocida públicamente como el esquema de la “mafia de pagarés”.
Durante su exposición, la representante del Ministerio Público afirmó que la documentación presentada por la defensa no logró revertir los hechos atribuidos al magistrado. “Ninguna de las pruebas, tanto documentales ni certificados ofrecidos por el acusado y diligenciadas en este juicio de responsabilidad, han sido suficientes para desacreditar los hechos acusados al magistrado”, expresó Vera en su alegato.
La fiscal sostuvo además que los jueces tienen “el deber indeclinable de administrar justicia conforme a derecho, con un apego estricto a las garantías del debido proceso”, y cuestionó una serie de presuntas irregularidades administrativas y de control en el despacho judicial del magistrado.
Entre ellas, mencionó la falta de providencias adecuadas, la omisión de fechar y enumerar resoluciones, así como la ausencia de control en la aplicación de las normas y en la supervisión de las actividades del juzgado. Según su planteamiento, estas conductas no constituirían simples fallas formales. “No constituyen meras faltas o de escasa relevancia”, señaló, advirtiendo que, en un contexto más amplio, podrían integrarse a estructuras más complejas.
En ese sentido, Vera vinculó dichas prácticas con un escenario más amplio que, según su argumentación, habría permitido la configuración del esquema conocido como “mafia de pagarés”. “Estas prácticas cuando se insertan en un contexto mayor pueden dar origen a la trama conocida como la mafia de los pagarés”, indicó.
La fiscal también describió el impacto que habrían sufrido las presuntas víctimas, entre ellas trabajadores del sector educativo, personal de salud y jefes de hogar. Señaló que se habrían producido embargos y descuentos que, en algunos casos, habrían superado las deudas originales o incluso habrían sido indebidamente duplicadas o triplicadas.
“Lo que en apariencia podría ser una simple omisión administrativa, en realidad se convertiría en un mecanismo destinado a despojar ilegalmente a ciudadanos de sus ingresos”, afirmó Vera, al describir lo que calificó como una estructura que habría generado consecuencias económicas, psicológicas y sociales.
Asimismo, sostuvo que muchas de las personas afectadas no habrían contado con recursos suficientes para recurrir a instancias de defensa, lo que habría profundizado su situación de vulnerabilidad. “El daño no fue solamente económico, fue psicológico, fue social”, señaló en su exposición.
Finalmente, la fiscal advirtió sobre el impacto institucional de este tipo de hechos, al señalar que podrían favorecer la consolidación de redes de corrupción en caso de reiteración o tolerancia de conductas irregulares dentro del sistema judicial. “La reiteración de conductas negligentes o irregulares no solo perpetúa el daño, sino que lo amplifica”, expresó.
Por su parte, el abogado defensor José Fernández Zacur sostuvo en sus alegatos que la acusación se apoya en una interpretación incorrecta de las funciones jurisdiccionales y administrativas dentro del sistema judicial.
Fernández Zacur afirmó que existe una clara división de tareas en los juzgados, señalando que “el ujier debe dar cuenta de sus funciones al actuario” y no directamente al magistrado, en referencia a la organización interna del despacho judicial.
El defensor advirtió que desconocer esa estructura podría llevar a conclusiones desproporcionadas. “Si no respetamos esta lógica de división de tareas llegaríamos al ridículo de tener que iniciar juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia”, expresó, citando el artículo 4 del Código de Organización Judicial.
En esa línea, sostuvo que resulta “ridículo pretender atribuir responsabilidad” a los ministros de la Corte por funciones de supervisión general, y comparó ese razonamiento con el intento de imputar al juez Villalba deberes que, según dijo, no están establecidos en la normativa.
Fernández Zacur también cuestionó la figura de la supuesta conducta omisiva atribuida al magistrado, señalando que este tipo de imputación requiere que exista conocimiento previo de la situación y posibilidad real de actuación.
En ese sentido, indicó que el análisis debe considerar las condiciones concretas de trabajo del juzgado. “La imputación por omisión presupone que el juez haya podido conocer la situación donde tenía el deber de actuar”, sostuvo.
El abogado defendió además la imposibilidad material de control total por parte del magistrado, citando la alta carga de trabajo del juzgado. Señaló que Villalba debía atender aproximadamente 3.500 resoluciones mensuales y gestionar cerca de 60.000 expedientes activos entre ambas secretarías.
“Es humanamente imposible que el juez haya podido conocer la existencia de estas cédulas respecto de las cuales se exige que haya tenido que intervenir”, argumentó Fernández Zacur.
La defensa insistió en que las irregularidades señaladas no pueden ser automáticamente atribuidas al juez sin una evaluación del funcionamiento integral del despacho judicial y de la distribución de responsabilidades internas.
El proceso continúa en etapa de análisis y en su momento el JEM dictará sentencia.
