La agente fiscal Vivian Coronel, titular de la Unidad Especializada en hechos punibles contra niños y adolescentes de Alto Paraná, logró una condena elevada de 23 años de pena privativa de libertad a un hombre hallado culpable por abuso sexual en niños, donde han resultado víctimas sus sobrinas menores de edad.
El juicio oral concluyó en el Poder Judicial de Ciudad del Este. Durante el debate oral, la representación del Ministerio Público demostró, mediante pruebas documentales, testimoniales y periciales, la comisión reiterada de hechos de abuso sexual, coacción sexual y violación contra las dos víctimas. En consecuencia, el Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Gloria Vera, Diego Duarte y Margarita Martínez, dictó el fallo condenatorio y aplicó una condena ejemplar.
Según los antecedentes, los hechos ocurrieron entre los años 2018 y 2025. El condenado habría aprovechado el vínculo de parentesco y la convivencia cercana para someter a las víctimas mediante violencia, cuando estas tenían solo 8 y 12 años de edad.
La investigación fiscal se inició a partir de la denuncia presentada el 22 de febrero de 2025 por los padres de las víctimas. Durante la etapa preparatoria, el Ministerio Público reunió elementos probatorios como informes médicos forenses que confirmaron lesiones físicas, además de evaluaciones psicológicas que evidenciaron indicadores de daño emocional, ansiedad y depresión vinculados a los hechos denunciados. Estos elementos fueron considerados contundentes para el colegiado para aplicar la condena que consideran justa, la de 23 años de encierro.
En el marco del proceso judicial se incorporaron pruebas producidas mediante Cámara Gesell, en el contexto del anticipo jurisdiccional de pruebas. Asimismo, profesionales del Centro de Atención a Víctimas ratificaron la coherencia de los relatos brindados por las menores, pese a intentos de retractación atribuidos a presiones del entorno.
El Tribunal de Sentencia valoró la totalidad de los elementos probatorios presentados por la fiscal Coronel y concluyó la alta reprochabilidad de la conducta atribuida al acusado, imponiendo la pena de 23 años de prisión.
