Hugo César Giménez ejerció la defensa de un ciudadano peruano ante la Corte IDH, donde se logró la condena contra el Estado de Perú.
El defensor público, Hugo César Giménez Ruiz Díaz, fue designado en el 2019 por la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), en representación del Ministerio de la Defensa Pública de Paraguay junto con la defensora pública del Brasil, Rivana Barreto Ricarte de Oliveira, para representar ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CorteIDH) a una persona de nacionalidad peruana, en el marco de una causa en Perú.
El Defensor Público interviniente explicó que este caso versa sobre una serie de violaciones cometidas en el marco de los procesos de evaluación y ratificación a los que fueron sometidos dos jueces, una fiscal y un fiscal por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) del Perú, entre los años 2001 y 2002. Los procesos concluyeron con las resoluciones de no ratificación en sus cargos emitidas por el CNM. A los participantes no se les permitió conocer previa y detalladamente la acusación formulada, ni contaron con el tiempo y los medios adecuados para su defensa.
Las resoluciones de no ratificación no contaban con motivación alguna, lo que ocasionó también una afectación al derecho de la honra y de la dignidad. También se les afectó indebidamente el derecho a permanecer en el cargo en condiciones de igualdad. Además, las víctimas no contaron un mecanismo idóneo y eficaz para proteger la garantía de estabilidad en el cargo, en vista que los recursos presentados fueron declarados improcedentes bajo el argumento que las resoluciones del CNM no podían ser revisadas en la sede judicial.
Ante esta situación llegaron ante la Corte IDH bajo la representación de los Defensores Públicos del Paraguay y del Brasil. De este modo, se constituyó una oportunidad para ratificar y profundizar los estándares que la Corte IDH viene desarrollando en materia de independencia, estabilidad e inamovilidad en los cargos de jueces, juezas, fiscales y fiscalas; y las garantías del debido proceso que deben respetarse en los eventuales procesos de destitución.
Es así que luego de presentados los alegatos también por escrito, tal como se debe hacerlo en el sistema de litigación interamericano, la Corte Interamericana dictó sentencia definitiva, en fecha 28 de noviembre de 2021, acogiendo lo expresado por los Defensores Públicos y condenó al Estado del Perú por responsable de la violación de los derechos reconocidos en los artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio del representado.
Actualmente, el Defensor Público de Paraguay lleva adelante también la representación de víctimas en otros procesos en el marco del sistema interamericano de protección de derechos humanos, tales como el Perú y México.
