El Defensor Público Rodrigo Javier Hansen Figueredo representó en juicio oral y público a un acusado por homicidio doloso.

La defensa pública presentó un incidente en sus alegatos iniciales, la nulidad de la acusación fiscal y del auto de apertura a juicio oral y público por indeterminación del hecho punible acusado y de la conducta realizada por el acusado, el cual fue rechazado por el Tribunal de Sentencia.

Durante los alegatos finales, la defensa pública sostuvo la falta de certeza en relación con la participación del enjuiciado en el hecho, teniendo en consideración que el homicidio fue realizado por dos personas que nunca fueron vistas al momento de la comisión del hecho punible.

El órgano acusador no pudo construir el caso en torno a la culpabilidad del asistido, no hubo certeza en la participación en el hecho acusado. La acción de matar no pudo ser demostrada en grado de certeza por el Ministerio Público.

La defensa plasmó cuatro hipótesis distintas y desvirtuó la teoría de culpabilidad presentada por la Fiscalía. Dicha situación sembró la duda razonable con relación a la autoría del homicidio, por lo que el Tribunal de Sentencia resolvió, conforme a lo solicitado por la defensa, la absolución de culpa y reproche.

Según fuentes judiciales, los ministros Antonio Fretes y Alberto Martínez Simón son los candidatos para ocupar la presidencia del máximo tribunal.

La defensa del imputado sostiene que la decisión asumida por la jueza que rechazó el incidente de nulidad le causa un daño irreparable a González Daher.

Los abogados Jorge Bogarín González y Bettina Legal Balmaceda, presentaron una apelación general contra la decisión de la jueza Cynthia Lovera que, rechazó el incidente de nulidad de la imputación fiscal por extorsión y quebrantamiento de depósito presentado por la fiscal Natalia Cacavelos contra Ramón González Daher.

El escrito de la defensa sostiene que, si bien hay una descripción de los hechos punibles atribuidos a su representado, “ésta no cumple con los requisitos necesarios para ser asimiladas y así poder ejercer la defensa en debida forma.

A esto se suma el hecho de que no se refirió a la cuestión de que en el acta de imputación no se precisa el periodo investigado ni se ha determinado quien es el autor del supuesto quebrantamiento de depósito. El que sustrajera de la custodia oficial dice el inc. 1 num. 1 imputado. Sin embargo, desconocemos a este sujeto principal, por ende, no podemos tener descripción precisa de hechos para el instigador” refiere el escrito que será analizado por el Tribunal de Apelación.

Con este argumento la defensa busca la nulidad de la imputación ya que se vulneran garantías del debido proceso y del derecho a la defensa, según esgrimen es su escrito de presentación.

Un Tribunal de Apelación de feria advirtió a la defensa del gobernador Hugo Javier a ejercer el derecho de manera correcta.

El Tribual confirmó a la jueza María Elena Cañete para entender en el proceso abierto al gobernador de Central Hugo Javier por lesión de confianza y otros tipos penales por un desvío estimado por el Ministerio Público de 1 millón de dólares que debían ser destinados al combate contra el coronavirus.

El Tribunal además de rechazar el incidente que buscaba apartar a la magistrada del caso, advirtió a la defensa sobre el uso correcto del ejercicio del derecho.

Refiere la parte resolutiva, “advertir a los recurrentes la necesidad del uso correcto de los recursos evitando con ello, acciones dilatorias que no son propias de una buena defensa técnica” señalan los camaristas Andrea Vera, Gustavo Santander Dans y Agustín Lovera Cañete.

Hasta el momento en esta causa aún no pudo realizarse la audiencia de imposición de medidas al imputado gobernador, debido a las inhibiciones por parte de magistrados y luego ya por los incidentes planteados por la defensa que buscó que el expediente quede en Capital.

El juez José Agustín Delmás decretó el arresto domiciliario de José Raul Vargas imputado por extorsión y cohecho pasivo.

El funcionario fiscal fue imputado por el fiscal Diego Arzamendia, tras la entrega vigilada de una suma de dinero que asistente fiscal, junto con Vargas requirió a una persona imputada por violencia familiar.

En principio ambos funcionarios pidieron la suma de 10.000.000 de guaraníes para luego acordar la entrega de 5.000.000. El denunciante recurrió a la fiscalía anticorrupción para hacer saber el hecho del que era víctima.

El Ministerio Público montó una entrega vigilada con dinero marcado como parte de la investigación, tras lo cual fue detenido e imputado el auxiliar fiscal de Blanca Aquino, también la asistencia fiscal Edert Antonio Guerrero Martínez quien cuenta con orden de captura ya que sería el que acordó con el denunciante el pago de la coima.

El magistrado José Agustín Delmás mencionó a Judiciales NET que consideró la aplicación del arresto domiciliario al imputado, como la medida más acertada.

“La fiscalía me pidió el arresto domiciliario y la prohibición de acercarse a la víctima, es así que resolví de esa manera, creo que es conveniente esta medida a los efectos de que no haya ninguna obstrucción a la investigación fiscal” señaló el juez Delmás.

El defensor público Adrián Arévalos, obtuvo la absolución de su asistido, acusado por el hecho de tenencia de sustancias estupefacientes, ya que para el Tribunal de Sentencia el Ministerio Público no pudo probar la participación del acusado en juicio.

La Defensa Pública, antes de la apertura del juicio oral y público, planteo vía incidentes la nulidad de las actuaciones así como la exclusión probatoria de las siguientes documentales: el acta de procedimiento, la nota de investigación, del análisis químico primario y la comunicación respectiva hecha por el Director General Antidrogas de la SENAD, atendiendo a que no cumplen presupuestos establecidos y la inclusión probatoria del informe forense del Poder Judicial, específicamente de Psicología Forense, que trata sobre la evaluación psicológica admitiendo incluso la condición de adicto del representado por la Defensa Pública.

Se ejerció la defensa quedando en resguardo las garantías del debido proceso y protegiendo los derechos procesales del acusado, sosteniendo en todo momento que no se ha desvirtuado el principio de inocencia.

En el transcurso del juicio oral y público, el Tribunal de Sentencias declaró: “no probada la participación del representado de la Defensa Pública en el hecho punible de tenencia de sustancias estupefacientes y, consecuentemente, resolvió absolver de culpa y reproche al asistido por no encontrarse ninguna vinculación con el hecho investigado.