La camarista de CDE Marta Acosta, en declaraciones a Judiciales TV, mencionó que votó en disidencia respecto a la aplicación de medidas de seguridad respecto al caso de la jueza Diana Eveline Mereles.

La magistrada explicó que los extremos alegados por el ente acusador deben ser argumentados con pericias, informes que prueben que la presencia de esa persona es peligrosa para la sociedad, incluso después de cumplir con su condena, lo que no ocurrió en este caso ya que la fiscalía solicitó dicha medida recién en sus alegatos finales y no formó parte de su acusación.

Agregó que la defensa no puede ser sorprendida con este tipo de hechos y que tuvo en cuenta fallos de la Corte Interamericana de DD. HH. para argumentar su voto, así como otros antecedentes. El pedido debe ir desde el vamos, desde el momento de presentar la acusación ya debe ser probada la peligrosidad, dijo.

¨Al menos en este caso la medida de seguridad fue aplicada bajo la figura de la peligrosidad, y la peligrosidad se tiene que establecer con pericias, exámenes que digan eso, hay una información técnica de peritos que hacen una proyección, una prognosis de que esa una persona luego de cumplir su condena de 25 años significaría aún, un peligro para la sociedad, ese es mi voto en disidencia, mis colegas ratificaron su aplicación¨ refirió la camarista Marta Acosta.

Agregó la magistrada que solo respecto a la aplicación de medida de seguridad hubo disidencia ya que por unanimidad decidieron confirmar los 25 años de cárcel para Wilson Scappini Villalba, porque todos los extremos de la acusación fueron probados por el Tribunal de Sentencia en su momento y fue ratificada por alzada.

Por último, Acosta refirió que todas las requisitorias de la defensa fueron tratadas y contestadas, que cuidaron todos los aspectos del debido proceso para evitar una exclusión de pruebas o una nulidad posterior en un caso tan emblemático como este, que más allá de quien se trata la víctima, los magistrados están obligados a fallar con independencia y fue lo que ocurrió en este caso.

La jueza Diana Eveline Mereles fue asesinada en su lugar de trabajo en el 2020, por un funcionario judicial encargado de la seguridad de la sede judicial. Hoy se tiene la sentencia de 25 años de cárcel, más cinco años de medida de seguridad confirmada para su agresor Wilson Scappini Villalba.

Cámara de Apelación de CDE confirmó la condena de 30 años de Cárcel para para Wilson Miguel Scappini Villalba, por el terrible crimen de la magistrada.

Esta mañana, la defensa del gobernador de Central presentó un nuevo escrito ante la jueza de la causa para cumplir su arresto, en la Gobernación.

La jueza María Elena Cañete, ratificó ayer el arresto domiciliario de Hugo Javier González imputado por un desvío de un millón de dólares según el Ministerio Público, dinero que debía ser destinado a la reactivación económica en pandemia.

La defensa presentó hoy un nuevo recurso, pidiendo esta vez que el arresto domiciliario del procesado gobernador se cumpla en la sede de la Gobernación, alegando el artículo 53 del código civil que establece que el funcionario público tiene su domicilio legal dentro del lugar donde cumple funciones, por ende, piden que se cumpla con esa disposición.

Refiere parte del escrito presentado por el abogado Fausto Portillo, uno de los abogados que ejerce la defensa, ¨Vengo a solicitar que mi representado Hugo Javier González sobre quien pesa la medida cautelar de arresto domiciliario, cumpla la medida en el domicilio procesal que la ley establece como su domicilio legal, es decir en el domicilio donde ejerce sus funciones¨.

A la vez reiteran que el presente pedido no es un pedido de revisión del arresto domiciliario, sino de un pedido formal para cambiar su lugar de arresto, sin variar la medida ya decretada por la jueza de la causa.

Hugo Javier González se encuentra procesado por los tipos penal de lesión de confianza, asociación criminal y declaración falsa.

La jueza María Elena Cañete se ratificó en su decisión de ordenar el arresto domiciliario para el imputado Gobernador de Central, Hugo Javier González.

Esta mañana se desarrolló la audiencia de revisión a pedido de la defensa del imputado, quienes solicitaron que Hugo Javier tenga permiso para asistir a la Gobernación y asi cumplir con sus funciones.

Pero la magistrada ratificó su decisión y por tratarse de un hecho grave el que el Ministerio Público imputó a la autoridad la medida considerada prudente es la de arresto domiciliario.

Con esta decisión la defensa puede apelar la resolución de la jueza penal de Garantías de la ciudad de San Lorenzo. Para que el Tribunal de Alzada analice si la decisión de la instancia inferior está ajustada o no. 

Hugo Javier González soporta proceso por tres tipos penales lesión de confianza, declaración falsa y asociación criminal por haber desviado un millón de dólares que debían ser destinados a la reactivación económica tras la pandemia, según la imputación fiscal.