La Defensa Pública del fuero penal de la ciudad de Asunción logró el sobreseimiento definitivo de una mujer acusada por el hecho punible de estafa. 

El defensor público, Matías Garcete, expuso los fundamentos de hechos y derecho que fuera la base al fin del proceso por no haber sido probada la participación en el hecho punible imputado a su representada. 

La causa fue iniciada a raíz de una denuncia referente a un hecho de estafa ocurrido en el mes de setiembre del año 2018, en el cual la supuesta participación de la representada por la Defensa Pública consistió según la imputación, en ayudar a la víctima a conectar con un vendedor de vehículos; en tanto, al ser consultada por alguna referencia, la misma facilitó la conexión, para que luego, la víctima proceda a cerrar una compraventa con el tercero (coprocesado).

La declaración de la víctima y el limitado caudal probatorio que pueda sustentar algún tipo de relación de la representada con el hecho sindicado, permitieron que el defensor público solicite el sobreseimiento definitivo. Asimismo, destacó aquellos principios constitucionales que generan los lineamientos de la búsqueda de la verdad, y de intervención mínima ante ausencia de elementos de convicción que soporten la presunción de inocencia.

Finalmente, el Juzgado hizo lugar al incidente fundamentado por la Defensa Pública, ordenando el sobreseimiento definitivo.

«La fiscalía se opuso a la medida de arresto domiciliario alegando que existe peligro de fuga y obstrucción a la investigación. Por ese motivo y evaluando que la investigación está en etapa incipiente y aún queda la diligencia de desgrabación del operativo donde fueron detenidos, ratificamos la medida de prisión preventiva «, argumentó Delmás.

Los dirigentes del gremio de camioneros imputados son Ángel Zaracho, Roberto Almirón, Juan Friedelin, Julio César Solaeche y Vicente Medina, la defensa de los mismo buscó el levantamiento de la prisión preventiva que pesa en contra de estos por una medida menos gravosa, pero la pretensión fue rechazada.

Una vez que cumplan el plazo de 10 días de reclusión en la Agrupación Especializada deberán ser trasladados a una Penitenciaria.