Habrían cometido hurto agravado y perturbación de instalaciones de telecomunicaciones.
El fiscal de Luque, Augusto Ledesma Blasser imputó a Andrés Milciades Cabrera, Mario Manuel Cuellar Álvarez, Jorge Mauricio Cañete Espínola, Jonathan David Barrios, Marcelo Torres, Jonathan David Insfrán Arguello, Juan Silvino Benítez Troche, Damián Gabriel Amarilla, María Asunción Jara, y Luana Elizabeth Vázquez Ozuna, por la presunta comisión de los hechos punibles de hurto agravado y perturbación de instalaciones de telecomunicaciones, afectando con esto las comunicaciones de unas 1.800 personas, según los reportes iniciales de Copaco.
Ayer, siendo las 12:30 horas aproximadamente, sobre las calles Campo Vía y Luis Alberto del Paraná, los imputados se habrían sustraído y apoderado varios metros de cables de cobre de telecomunicaciones pertenecientes a la línea de la Empresa Copaco S.A.
A su vez, presumiblemente procedieron a apropiarse de varios metros de cables Multipar Aéreo de 200 pares, de varios tramos, ubicados sobre las calles Campo Vía, que abarca desde las calles Arsenio Erico hasta la calle Puerto Pinasco, totalizando la cantidad de 1000 metros, que corresponden al Armario 14, de la caja terminal del 01 al 20. Además, con lo cual han dejado fuera de servicio a un total de 200 abonados; así también estuvieron afectadas las instalaciones ubicadas sobre la calle Capitán Insfrán y Celsa Speratti, que pertenecen al Armario 13, de las cajas terminal del 31 al 45, totalizando 200 metros, del cual ha dejado fuera de servicio a 300 usuarios.
Igualmente, el hecho afectó las calles Coronel Martínez y Tomas Ozuna, pertenecientes al Armario 31, subidas del cable primario aéreo de 40 metros aproximadamente, del cual ha dejado fuera de servicio a 200 usuarios de la Copaco y otros usuarios indirectos. También aparentemente destrozaron, perjudicaron y dejaron inservibles el servicio público brindado por la empresa, impidiendo con ello el funcionamiento.
Según el reporte preliminar, el perjuicio ocasionado abarca a un total de 1.800 abonados, que han quedado sin servicios públicos hasta la fecha, y equivalen a un perjuicio económico que asciende a la suma de 53.460.000 Gs.
El fiscal requirió al Juzgado Penal de Garantías la aplicación de prisión preventiva, considerando la magnitud y gravedad de los hechos, y a su vez el repudio social que generan ante el desabastecimiento de servicios imprescindibles.
