El abogado constitucionalista Robert Marcial González expresó en una entrevista con ABC TV su preocupación respecto al uso indebido de la inmunidad parlamentaria como un escudo para la impunidad. Sus declaraciones surgieron en relación con el caso del diputado Erico Galeano, quien ha sido imputado por el Ministerio Público de brindar apoyo logístico a una organización criminal.

González enfatizó que la inmunidad parlamentaria no debe equivaler a impunidad legal, ya que nadie está por encima de la ley. El abogado criticó a aquellos individuos que proclaman su inimputabilidad o se jactan de tener privilegios por encima de las normas legales, considerando que estos comportamientos revelan su desprecio por el Estado de Derecho y las reglas del juego.

«Es fundamental comprender que la inmunidad parlamentaria no puede servir como un escudo para escapar de la justicia. Los parlamentarios deben ser responsables ante la ley al igual que cualquier otro ciudadano. Es inaceptable que algunos individuos intenten utilizar su posición como una herramienta para evadir las consecuencias de sus actos. Esto muestra claramente su falta de respeto hacia el Estado de Derecho y socava la confianza de la sociedad en nuestras instituciones» dijo.

El constitucionalista resaltó que Galeano ya no goza de fueros parlamentarios, lo que permite al juez a cargo del caso llevar a cabo la audiencia para determinar las medidas restrictivas contra el acusado. Es importante recordar que la fiscalía ha solicitado la aplicación de la prisión preventiva debido al riesgo de fuga, la posibilidad de obstrucción y la gravedad de los cargos, que podrían acarrear una pena de hasta 22 años.

Erico Galeano enfrenta cargos de asociación criminal y lavado de dinero por haber facilitado el uso de su avioneta en múltiples ocasiones a Tío Rico y Sebastián Marset, considerados líderes de un grupo delictivo dedicado al tráfico internacional de drogas.

Sin embargo, ha surgido una controversia entre algunos constitucionalistas, quienes argumentan que, al ser proclamado nuevamente como senador, Galeano recupera sus fueros parlamentarios y, por lo tanto, no sería apropiado llevar a cabo la audiencia de imposición de medidas este viernes, ya que gozaría de inmunidad parlamentaria.

El juez Julián López ratificó la prisión preventiva de Paraguayo Cubas en la Agrupación Especializada. El magistrado considera que no han desaparecido el peligro de fuga y la obstrucción por ende se confirma su prisión preventiva.

Este sábado se llevó adelante la audiencia de revisión de la prisión preventiva decretada en su momento. La defensa solicitó el levantamiento de la medida de prisión que pesa sobre el expr4esidenciable tras los disturbios post elecciones generales, pero no se hizo lugar a la pretensión de la defensa.

Paraguayo Cubas se encuentra procesado por perturbación de la paz pública, amenaza de hecho punible, tentativa de impedimento de las elecciones, tentativa de coacción a órganos constitucionales y resistencia.

La defensa viene sosteniendo que no solo la prisión preventiva de su representado es ilegal por imponerle medidas sin que al imputación esté admitida, sino todo el proceso por carecer de relato fáctico, por tratarse de una imputación mediocre y apresurada.

La magistrada Lici Sánchez, del fuero especializado contra el crimen organizado, dijo a nuestro medio, que es necesario contar con cárceles para las personas que sean peligrosas por el tipo de hecho punibles que afrontan, como el lavado de dinero.

Mencionó que las personas procesadas, por lavado de dinero precedente del narcotráfico, la trata de personas y el arma tráfico, tienen que tener un tratamiento diferenciado por parte del Estado, por su nivel de peligrosidad al integrar asociaciones criminales trasnacionales.

Dijo que actualmente las penitenciarías del país están manejadas por pandillas delictivas organizadas, lo que dificulta la tarea del magistrado a la hora de determinar el lugar de reclusión de las personas vinculadas al crimen organizado, ya que los penales de la policía y milita, no están aptos para recibir a civiles, pero no tienen otra opción más tomar la decisión de mandarlos allí, ya que no existe otra opción.

“Llega el momento que el juez dice dónde lo envío, hoy por hoy nuestros centros penitenciarios están manejadas por estas mismas asociaciones criminales. Entonces se dan dos situaciones, podría correr peligro su vida en manos de estas personas agrupadas en pandilla en los penales, o, estas personas que ingresan con alto poder económico y político podrían quedar presas de estas organizaciones criminales, perdemos totalmente el control sobre esta gente, lo que ocurre ahora, es innegable”, acotó la magistrada.

Señaló además que no solo es necesario contar con penales para separar a condenados de prevenidos, sino también las de máxima seguridad que cumplan con estándares internacionales, para que sienta el peso de estar privado de libertad y no se convierta en un libertinaje adentro, porque la corrupción es total.

El crimen organizado ha revelado la deficiencia del Estado paraguayo al no disponer de un centro penitenciario capaz de mantener en prisión a personas consideradas peligrosas o de alto perfil.

La reciente entrega de Miguel Insfrán, conocido como Tío Rico, a nuestro país, ha dejado al descubierto que nuestro sistema penitenciario no está en condiciones de custodiar a un individuo civil considerado peligroso debido a sus vínculos con el crimen organizado. Esto representa un verdadero desafío para los jueces al momento de decretar la prisión preventiva de personas acusadas de delitos.

La justicia no solo busca proteger al acusado, sino también prevenir posibles situaciones que podrían surgir en caso de que una persona con este tipo de perfil sea enviada a las abarrotadas cárceles. La prisión podría evitar la fuga del acusado, pero no podría prevenir la obstrucción, el dominio por amenazas o pagos previos sobre personas vinculadas a su esquema, ni la formación de alianzas entre grupos criminales dentro de las cárceles, si es que son destinados allí.

Hasta el momento, el Sistema Penitenciario no cuenta con una cárcel de máxima seguridad para albergar a personas consideradas de alto perfil, ni tampoco dispone de una sede para aquellos que requieren medidas de seguridad especiales.

Las cárceles actuales, además de su grave hacinamiento, están controladas por clanes como el de Rotela, el PCC y Vermelho. Más que servir como lugares de reclusión para personas de alto perfil, estas cárceles se han convertido en centros desde donde se continúan manejando actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas y el lavado de dinero.

El Estado debe responder de manera rápida y efectiva a esta situación.

El procesado en la causa A Ultranza Py, se encontraba provisoriamente recluido en la base de la Senad. Pero hoy fue trasladado al penal militar de Viñas Cue donde cumplirá su prisión preventiva por orden de la jueza Rosarito Montanía.

Por motivos de seguridad, la magistrada ordenó que el procesado cumpla su prisión en la cárcel militar, que sería uno de los pocos lugares donde podría contenerse a una persona del perfil de Tío Rico.

Miguel Ángel Insfrán, conocido como «Tío Rico», ha sido señalado como uno de los principales líderes de una red internacional de tráfico de cocaína. Sus actividades ilícitas abarcaban desde el robo de vehículos hasta el lavado de activos, según informes obtenidos por Judiciales.net.

Insfrán, cuyo nombre ha resonado en el ámbito criminal desde mediados de la década pasada, se vio involucrado inicialmente en actividades delictivas relacionadas con el robo y desarme de vehículos. Durante ese tiempo, habría establecido vínculos con estructuras criminales en Bolivia, país al que se enviaban los automóviles y piezas robadas, según las investigaciones.

Estas conexiones poderosas le permitieron expandir sus operaciones y, según se afirma, centrarse en el narcotráfico. Supuestamente, Insfrán se convirtió en el socio logístico ideal para garantizar el flujo de drogas hacia el codiciado continente europeo, al establecer contactos con proveedores internacionales y contar con conocimiento preciso de las rutas y puntos estratégicos para el tránsito y acopio de estupefacientes.

Durante los allanamientos realizados como parte de la operación «A Ultranza Py», se descubrió una amplia variedad de vehículos, incluyendo aeronaves, automóviles de lujo y camiones de gran porte, todos ellos equipados con dobles fondos para el transporte de mercancía ilícita. Además, se encontraron depósitos de gran tamaño ubicados estratégicamente en el departamento Central, cerca de puertos.

Según un informe de inteligencia de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), el negocio de Insfrán experimentó un crecimiento significativo a partir de 2020. Estableció alianzas con diversas organizaciones criminales, entre ellas, la liderada por el uruguayo Sebastián Marset, quien tenía antecedentes por tráfico de estupefacientes en su país.

La Coalición por la Legalidad, solicitó al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, vetar la ley que según los entendidos tendría la única finalidad de beneficiar a los procesados por hechos de corrupción.

Se espera que el Ejecutivo, vete la “Ley que modifica los artículos 187 y 192 de la Ley 1.160/97 Código Penal, modificado por la Ley 3.440/08” para evitar que los corruptos condenados y en procesos se beneficien indebidamente.

Los Asesores Jurídicos del presidente de la República Renato Angulo y José Figueredo, recibieron la solicitud de la Coalición por la Legalidad, representados por Francisco Alcaraz y Lissy Sánchez.

Francisco Alcaraz, manifestó: Se espera que el presidente de la República Mario Abdo Benítez vete la ley sancionada por el Senado, pues sería una ley más favorable a los corruptos, con el agravante de convertirse en elemento subjetivo adicional introducido al tipo penal de lesión de confianza descrito como “intención de obtener un beneficio patrimonial o causar daño”, tendría como consecuencia, con el recurso extraordinario de revisión que las personas condenadas podrían ser absueltas.

En suma, se beneficiaría a los corruptos condenados y a los difíciles procesos en curso y beneficiar a todos lo que terminen procesados por hechos de corrupción.

Inicialmente en Diputados nació la iniciativa como elevar la pena a los condenados por hechos de corrupción pública, pero sufrió un innúmero de cambios en el Senado y terminó siendo más beneficiosa para los indiciados por corrupción.

Queda en manos del Ejecutivo escuchar el pedido que se plantea para dejar sin efecto la pretendida ley modificatoria.

El juez penal de garantías, José Agustín Delmás, tras la audiencia preliminar le imprimió trámite de oposición al pedido de la fiscal Victoria Acuña quien requirió el sobreseimiento definitivo para todos los procesados.

Con la decisión del magistrado, la fiscalía general deberá emitir un dictamen, ratificando o rectificando el pedido de la fiscal inferior, quien afirma no tener elementos para sostener la acusación inicial contra las personas que fueron imputadas en la causa por administración en provecho propio.

La fiscal Victoria Acuña, se ratificó hoy ante el juez en su dictamen y solicitó la desvinculación definitiva del proceso abierto contra Rodolfo Friedmann, su esposa Marly Figueredo y otros procesados.  

El Ministerio Público había acusado a los procesados de ser partícipes de un supuesto esquema delictivo en el que Friedmann, durante su administración al frente del Gobierno Departamental de Guairá, autorizó y suscribió un contrato administrativo para el suministro de bienes con una empresa que él mismo controlaba y dirigía. Hoy, sin embargo, la Fiscalía no tiene elementos para sostener que haya existido el hecho punible sospechado al inicio de esta causa.