La jueza Diana Carvallo admitió la imputación que pesa contra Rodrigo Zavala y lo procesó por los tipos penales de amenaza, violencia familiar y otros tras amenazar con un tiroteo en la Universidad Americana.

La magistrada ordenó además la internación del joven imputado de 20 años en el Sanatorio San Lucas a la espera de otra evaluación psiquiátrica al indiciado.

En su resolución la magistrada menciona textualmente, “disponer la constitución del médico forense del Poder Judicial al Sanatorio Privado San Lucas, a fin de realizar una nueva evaluación psiquiátrica a Rodrigo Zavala, en la que se determine si el mismo efectivamente sufre de una grave alteración mental de sus facultades mentales, en caso de ser así, si dicha alteración mental, implica peligro para sí mismo o para con terceros, si resulta necesario su internación, o si puede seguir un tratamiento ambulatorio, sin que esto implique un peligro para terceros” reza parte de la decisión de la magistrada a cargo del caso.

El forense fue emplazado por 48 a que remita el informe requerido por la jueza para que la misma arbitre los medios pertinentes dependiendo del informe del profesional forense.

Luego de permanecer 22 años prófugo de la justicia paraguaya como responsable de la quiebra del extinto Banco Alemán, según la fiscalía, el uruguayo José Peirano Basso de 62 años llegó a nuestro país el lunes, extraditado de su país.

Peirano Basso enfrenta proceso por de lesión de confianza. La denuncia contra Peirano data del año 2002 y fue entablada por los ahorristas estafados del Fondo Mutuo Banalemán.

También enfrenta cargos por conducta indebida en situación de crisis y otra más por lesión de confianza contra los ahorristas del Banco Alemán Paraguayo, así como por promoción fraudulenta de inversiones y por conducta indebida en situación de crisis. Su extradición a Paraguay se otorgó en ambos expedientes.

El Ministerio Público, estima un perjuicio patrimonial de USD 40 millones.

Banco Alemán formaba parte del grupo familiar Velox de los Peirano y cuando salió a luz el vaciamiento no solo en Paraguay sino en sus sedes de Chile, Argentina, Uruguay, Perú y Brasil, huyeron.

Cabe resaltar que en el 2013 la Justicia Uruguaya condenó a José Peirano Basso por el hecho punible de insolvencia societaria fraudulenta por la quiebra del Banco de Montevideo ocurrido en el año 2002.

En noviembre de 2021 la justicia argentina y, la paraguaya solicitaron la extradición de José Peirano. Sin embargo, la jueza de Uruguay Isaura Tórtora resolvió la extradición a Paraguay. Argumento que se tuvo en cuenta la gravedad de los hechos.

Peirano Basso, hoy ya extraditado en Paraguay enfrentará su proceso en prisión preventiva por decisión del juez Raul Florentín quien tiene a su cargo uno de los procesos penales. Se ordenó que pase 20 días en el Departamento de Judiciales de la Policía y luego será remitido a Tacumbú.

La jueza del Fuero Especializado contra el Crimen Organizado Rosarito Montanía ha establecido un régimen de control sin precedentes para Miguel Insfrán, alias «Tío Rico», líder de un grupo criminal dedicado al tráfico internacional de drogas según la fiscalía, quien ha sido trasladado a la penitenciaría de Viñas Cue.

Teniendo en cuenta la alta peligrosidad del procesado, la magistrada ha considerado oportuno implementar medidas especiales de seguridad en su lugar de reclusión. En ese sentido, el juzgado ha establecido un protocolo de comunicación de Miguel Insfrán, brindándole un celular sin costo alguno para que pueda mantener contacto con sus familiares y su defensor técnico.

Este protocolo incluye un registro exhaustivo de las llamadas realizadas por Tío Rico, que serán anotadas en un libro debidamente foliado y firmado por el funcionario encargado de supervisar las conversaciones. Los datos que se consignarán incluyen la fecha y hora de la llamada, el número al que se realiza la llamada, el nombre y apellido de la persona con la que se comunica (familiar o abogado), el grado de parentesco o afinidad debidamente acreditado, la duración de la llamada y la firma del procesado al finalizar la conversación. En caso de que la persona llamada no responda, esta situación también deberá ser registrada en el cuaderno de novedades.

Además, se establece que las llamadas normales o videollamadas se realizarán únicamente en horarios diurnos, entre las 10:00 y las 12:00, exclusivamente los días lunes y miércoles, y tendrán una duración máxima de 15 minutos, siempre bajo la supervisión del personal uniformado.

El régimen especial de reclusión de Miguel Insfrán en Viñas Cue también incluye una serie de actividades permitidas. El procesado podrá desayunar todos los días a las 7:30 de la mañana, salir al patio de 08:00 a 09:30 de lunes a viernes y los domingos, y tendrá horario establecido de almuerzo al mediodía, de lunes a domingo. A las 17:00 se realizará el control de acceso a su celda y se le servirá la cena.

En cuanto a las visitas, estas también estarán restringidas y se realizarán fuera de los días normales de visita. Los martes y jueves, Miguel Insfrán podrá recibir a sus familiares debidamente acreditados de 9:30 a 11:30. Por otro lado, su abogado defensor podrá visitarlo de lunes a viernes en el mismo horario.

El procesado se encuentra en una celda con pasillo enrejado y tiene prohibido salir y relacionarse con otros reclusos, a excepción del tiempo asignado en el patio. Además, cuenta con la custodia de cuatro agentes de seguridad.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que se aplican numerosas restricciones dentro de un lugar de reclusión. En su momento, medidas similares fueron implementadas para Laura Villalba, vinculada al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Con este régimen de control exhaustivo, las autoridades judiciales buscan garantizar la seguridad y el orden en el lugar de reclusión de Miguel Insfrán, considerado un líder criminal de alta peligrosidad. Estas medidas excepcionales reflejan la gravedad de los delitos imputados y la necesidad de prevenir cualquier actividad ilícita o riesgo de fuga por parte del mismo.

La recarga laboral del tribunal encargado de juzgar la causa de Gregorio Papo Morales, acusado por el homicidio doloso del joven Robert Fabián Marín, ha generado un impacto negativo en el sistema judicial. Debido a esta situación, el inicio del juicio oral que estaba programado para mañana se ha visto obligado a posponerse.

Durante semanas, hemos estado informando sobre la crítica situación que enfrentan los miembros de los tribunales de sentencia de Capital y Central, que se encuentran sobrecargados con la gran cantidad de juicios que deben llevar adelante. Incluso, hay casos que ya están agendados para mediados del 2024, lo que evidencia la gravedad de la situación.

Gregorio Papo Morales es acusado del asesinato del joven Robert Marín, un hecho que tuvo lugar en noviembre de 2020. Actualmente, el procesado se encuentra recluido en el penal de Emboscada, luego que se ratificara su prisión preventiva.

Tras una veintena de suspensiones, el caso de Gregorio Papo Morales finalmente había sido elevado a juicio oral y se encontraba en etapa de juicio. Sin embargo, se ha tropezado con la sobrecarga laboral del tribunal encargado de llevar a cabo el debate oral.

Además, la novia de Morales también deberá enfrentar un juicio oral relacionado con el mismo hecho. En su caso, está acusada por el tipo penal de omisión de auxilio y omisión de dar aviso de un hecho punible.

La demora en el inicio del juicio no solo afecta a las partes involucradas, sino también a la búsqueda de justicia para la víctima y sus familiares. Esta situación pone en evidencia la necesidad de tomar medidas urgentes para aliviar la carga de trabajo en el sistema judicial, garantizando así un proceso más ágil y eficiente para todos los casos pendientes. Urge más tribunales o un mejor mecanismo en garantías.

Las autoridades correspondientes deberán tomar cartas en el asunto y asignar los recursos necesarios para evitar que situaciones como esta se repitan en el futuro, asegurando el correcto funcionamiento de la administración de justicia y el respeto a los derechos de todas las partes involucradas.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó el pedido de revisión de la condena solicitada por el hijo del condenado usurero luqueño Ramón González Daher.

El ministro preopinante Luis María Benítez Riera manifiesta en su voto que el condenado lavador de dinero planteó un pedido de revisión sin cumplir con los mínimos requisitos como hechos nuevos entre otros y pretende mediante un forzado pedido revisión, que la máxima instancia analice pruebas que ya fueron producidas y valoradas por el tribunal de sentencia que lo condenó a cinco años de encierro por lavado de dinero.

“Se puede notar que los argumentos esbozados sobre materias que no son tratables por medio de esta vía recursiva, pues plantea nuevo análisis de las pruebas ya producidas, debatidas y valoradas en su momento por el tribunal de sentencia. Se intenta la revisión mediante la reconstrucción del núcleo fáctico. En efecto, la alegación desplegada en el recurso de revisión debe revestirse de circunstancias ajenas al proceso fenecido, por ser sobrevivientes o desconocidas al tiempo de dictarse la sentencia” señala parte de voto del ministro originario de la Sala Penal Luis María Benítez Riera.

Se adhirieron a su voto los ministros Alberto Martínez Simón y el camarista Digno Arnaldo Fleitas.

Con ello, Fernando González Karjallo deberá seguir purgando su condena de cinco años de cárcel por haber colaborado con su padre en lavar dinero producto de la usura.

La jueza Cynthia Garcete, rechazó el pedido de permiso que realizó el recluso, Rafael Esquivel, alias Mbururu, para que participe del acto de proclamación como senador.

La justicia rechazó el pretendido permiso solicitado por la defensa del acusado por abuso sexual en niños y que este tenga venía para participar del acto protocolar de proclamación como legislador electo.

“No es urgente, ni necesaria su presencia para el evento¨ mencionó la jueza a Radio Ñanduti, por ende, no concedió el permiso al reo.

La jueza se expidió sobre el pedido de la defensa que solicitó que el acusado abandone su lugar de reclusión para participar del acto de proclamación como senador.

De momento aún no se presentó el pedido de permiso para que el procesado pueda ir hasta el parlamento a jurar como senador activo por Cruzada Nacional.