La recarga laboral del tribunal encargado de juzgar la causa de Gregorio Papo Morales, acusado por el homicidio doloso del joven Robert Fabián Marín, ha generado un impacto negativo en el sistema judicial. Debido a esta situación, el inicio del juicio oral que estaba programado para mañana se ha visto obligado a posponerse.
Durante semanas, hemos estado informando sobre la crítica situación que enfrentan los miembros de los tribunales de sentencia de Capital y Central, que se encuentran sobrecargados con la gran cantidad de juicios que deben llevar adelante. Incluso, hay casos que ya están agendados para mediados del 2024, lo que evidencia la gravedad de la situación.
Gregorio Papo Morales es acusado del asesinato del joven Robert Marín, un hecho que tuvo lugar en noviembre de 2020. Actualmente, el procesado se encuentra recluido en el penal de Emboscada, luego que se ratificara su prisión preventiva.
Tras una veintena de suspensiones, el caso de Gregorio Papo Morales finalmente había sido elevado a juicio oral y se encontraba en etapa de juicio. Sin embargo, se ha tropezado con la sobrecarga laboral del tribunal encargado de llevar a cabo el debate oral.
Además, la novia de Morales también deberá enfrentar un juicio oral relacionado con el mismo hecho. En su caso, está acusada por el tipo penal de omisión de auxilio y omisión de dar aviso de un hecho punible.
La demora en el inicio del juicio no solo afecta a las partes involucradas, sino también a la búsqueda de justicia para la víctima y sus familiares. Esta situación pone en evidencia la necesidad de tomar medidas urgentes para aliviar la carga de trabajo en el sistema judicial, garantizando así un proceso más ágil y eficiente para todos los casos pendientes. Urge más tribunales o un mejor mecanismo en garantías.
Las autoridades correspondientes deberán tomar cartas en el asunto y asignar los recursos necesarios para evitar que situaciones como esta se repitan en el futuro, asegurando el correcto funcionamiento de la administración de justicia y el respeto a los derechos de todas las partes involucradas.
