Las efectivas medidas de seguridad impuestas por la jueza Rosarito Montanía, obligó a Miguel Insfrán alias Tío Rico, intentar introducir un teléfono celular no controlado por el juzgado para su uso personal.

Por este hecho ya se encuentra un efectivo militar, que fungía de asesor, detenido por orden del fiscal Osmar Legal, quien investiga la denuncia. El coronel Luis Belotto intentó permear el blindaje de custodio de Tío Rico ofreciendo un soborno, pero este hecho fue comunicado inmediatamente al juzgado y el juzgado a su vez al Ministerio Público.

Tío Rico, no solo busca tener un aparato celular que pueda usar sin control alguno. También ha solicitado su traslado al penal de Tacumbú o en Coronel Oviedo donde sabe que los controles son escasos o nulos y son manejados por clanes criminales.

Miguel Insfrán, actualmente cuenta con un aparato celular otorgado por el juzgado, monitoreado por juzgado y en presencia de militares debe realizar esas comunicaciones que solo pueden ser hechas con sus abogados y familiares, quienes deben estar debidamente identificados. Estas llamadas o videollamadas.

Este protocolo incluye un registro exhaustivo de las llamadas realizadas por Tío Rico, que serán anotadas en un libro debidamente foliado y firmado por el funcionario encargado de supervisar las conversaciones. Los datos que se consignarán incluyen la fecha y hora de la llamada, el número al que se realiza la llamada, el nombre y apellido de la persona con la que se comunica (familiar o abogado), el grado de parentesco o afinidad debidamente acreditado, la duración de la llamada y la firma del procesado al finalizar la conversación. En caso de que la persona llamada no responda, esta situación también deberá ser registrada en el cuaderno de novedades.

Además, se establece que las llamadas normales o videollamadas se realizarán únicamente en horarios diurnos, entre las 10:00 y las 12:00, exclusivamente los días lunes y miércoles, y tendrán una duración máxima de 15 minutos, siempre bajo la supervisión del personal uniformado.

Tío es considerado por el Ministerio Público como uno de los líderes de una estructura criminal trasnacional, dedicada al tráfico de drogas y lavado de dinero precedente de este ilícito.

El Observador de Uruguay informa que la justicia uruguaya ha exhortado a Paraguay a cumplir con el tratado en el caso Peirano Basso.

El defensor Pablo Donnangelo ha solicitado al Ministerio de Relaciones Exteriores que, en caso de que Paraguay persista en el desconocimiento de sus obligaciones internacionales, Uruguay tome medidas diplomáticas.

La jueza penal Isaura Tortora ha comunicado a Paraguay que solo puede juzgar a Peirano Basso por las conductas por las cuales fue entregado, reiterando la preocupación por la protección de la integridad física del imputado.

Según dos escritos a los que tuvo acceso El Observador, la jueza Tortora ha desestimado la petición de la defensa de reintegrar a Peirano a Uruguay, pero ha exhortado a Paraguay a extremar las medidas de seguridad para preservar la integridad física del ciudadano uruguayo. Al llegar a Paraguay, dos jueces de garantías paraguayos juzgaron a Peirano Basso por la caída del Banco Alemán y por el Fondo de Inversiones Guaraní, ambos del grupo Velox, imputándole más delitos de los contemplados en la sentencia de extradición de la justicia uruguaya.

En ambos casos, los jueces paraguayos han incumplido el principio de especialidad, el cual establece que solo pueden juzgar a Peirano por los delitos de lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis y estafa. Sin embargo, le imputaron tres delitos adicionales en un caso (conducta conducente a la quiebra, conducta indebida en situaciones de crisis y promoción fraudulenta de inversiones), y dos delitos más en la otra causa. La jueza Tortora ha señalado que esto constituye un presunto incumplimiento del principio de especialidad establecido en el Acuerdo de Extradición entre los Estados Partes del Mercosur. Por lo tanto, la defensa debería presentarse ante las autoridades judiciales del Estado Requirente para solicitar el estricto cumplimiento de este principio.

Ante esta situación, el defensor Pablo Donnangelo ha manifestado a El Observador que han iniciado los trámites para que la Suprema Corte participe y el Ministerio de Relaciones Exteriores tome medidas diplomáticas de la mayor intensidad en caso de que Paraguay persista en el desconocimiento de sus obligaciones internacionales. El objetivo es poner fin de inmediato a la violación de los derechos humanos de José Peirano Basso.

En medio de un proceso judicial en el que se le acusa de brindar logística al crimen organizado, el diputado Erico Galeano ha logrado evitar hoy la realización de la audiencia de imposición de medidas en su contra.

Galeano fue citado para comparecer ante el juez Gustavo Amarilla en una audiencia destinada a analizar el pedido de prisión preventiva presentado por los fiscales Deny Yoon Pak y Silvio Corbeta. Sin embargo, sus abogados presentaron incidentes, logrando así evitar la sustanciación de la misma.

En primer lugar, la defensa presentó un recurso solicitando la reposición con apelación en subsidio contra la admisión de la imputación. Argumentaron que el juez no tenía competencia para admitir la imputación contra Galeano, ya que este había sido electo senador y proclamado por la Justicia Electoral, lo que le otorgaba nuevamente inmunidad parlamentaria.

El magistrado citó a las partes para tratar este incidente, pero la defensa presentó otro recurso de reposición, esta vez contra la providencia que establecía la modalidad de la sustanciación oral del incidente. Según la defensa, el traslado de los incidentes al Ministerio Público debía realizarse directamente, sin necesidad de una audiencia oral.

Este último recurso será evaluado por el juez del caso, Gustavo Amarilla Arnica, el próximo martes.

Estos acontecimientos dejan al descubierto que la renuncia del legislador a sus fueros parlamentarios, en un intento aparente de ponerse a disposición de la justicia, ha sido considerada una farsa.

Galeano ha vuelto a afirmar que cuenta con fuero como senador, contradiciendo su declaración previa. Es importante recordar que el imputado llegó a afirmar en una conferencia de prensa que era «inimputable».

En el sistema penal juvenil, independientemente del delito cometido, la máxima condena impuesta a un adolescente es de ocho años de encierro. Esta medida busca asegurar un tratamiento especial para aquellos que no poseen la madurez cognitiva de un adulto, a diferencia de estos últimos que pueden ser sentenciados hasta 30 años por el delito más grave, el homicidio doloso.

Además, es importante tener en cuenta que los adolescentes no declaran ante el fiscal encargado de la investigación, sino que se presentan ante un juez de garantías que entiende su caso y solo pueden ser detenidos si son encontrados en flagrancia.

El magistrado Camilo Torres, experto en el sistema penal juvenil, comentó a Judiciales Net sobre el tratamiento que se debe dar a un adolescente imputado por un delito grave. Explicó que estos jóvenes están expuestos a una pena privativa de libertad de hasta ocho años.

«Un adolescente puede ser detenido únicamente en caso de flagrancia o por orden judicial escrita. Una vez imputado, el juez debe ordenar un estudio de madurez psicosocial, que consiste en una evaluación psicológica para determinar su capacidad cognitiva. También se realiza un estudio socioambiental para analizar su entorno, su familia y su barrio. Estos factores se consideran para determinar la responsabilidad penal del adolescente, quien debe tener entre 14 y 17 años para ser imputado y la pena máxima a la que puede ser condenado es de ocho años», añadió el magistrado.

Asimismo, señaló que las sanciones en el sistema penal juvenil incluyen medidas socioeducativas, medidas correccionales y la privación de libertad, que puede tener una duración máxima de ocho años.

Este jueves los ministros Manuel Ramírez Candia y Gustavo Santander Dans, realizaron un recorrido por las salas de juicios orales para verificar el inicio puntual de las audiencias orales.

Los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Ramírez Candia y Gustavo Santander, realizaron esta mañana el control del puntual inicio de juicios orales desarrollados en el Palacio de Justicia de la Capital. Los aspectos de seguridad y gestión institucional en general, fueron motivos de consulta y revisión por parte de las autoridades judiciales.

En la mañana, los doctores Ramírez Candia y Santander Dans, recorrieron las salas de juicios orales del sexto y segundo piso del Palacio de Justicia de Asunción, para verificar, in situ, el funcionamiento del sistema de justicia en un ámbito de gran importancia para la institución, como lo es el fuero penal.

El objetivo es mejorar tanto en eficiencia como eficacia todos los aspectos que hacen al servicio de justicia y en ese marco, la realización de las audiencias de manera correcta y puntual es fundamental.

En este sentido, por decisión del pleno de la máxima instancia judicial, desde el año 2020, se encomendó a la División de Inspectoría realizar la tarea de control respectivo a los horarios de fijación y duración de los juicios desarrollados en la Capital.

Los inconvenientes para el cumplimiento del régimen de remisión de los privados de libertad, que no debe pasar de las 07:00 de la mañana, también fueron aspectos que serán tenidos en cuenta para garantizar el inicio de los juicios orales de manera puntual.

Nuestro medio desde hace semanas viene enfocando la acuciante situación de los tribunales de sentencia de Capital como de Central, saturados de causas a las que buscan dar respuestas en lo que les permita el tiempo y humanamente, por la cantidad de causas que llegan a esta etapa y poca cantidad de tribunales para diligenciar esta etapa del proceso.

Miguel Mendieta defensor de Miguel Insfrán, alias Tío Rico, apeló las medidas de seguridad aplicadas por la magistrada contra Tío Rico en su lugar de reclusión como el estricto control de sus comunicaciones y sus visitas.

En el escrito la defensa sostiene que se ven agraviados por la decisión de la jueza Rosarito Montanía, que, según la defensa, se ha extralimitado al imponer a su cliente medidas de control sobre la medida más gravosa de prisión preventiva que afronta, violando su presunción de inocencia.

“La magistratura, se extralimita en su competencia, y quebranta el principio de presunción de inocencia de mi defendido imponiendo medidas de seguridad ilegales, es nulo por atentar contra derechos procesales establecidos en nuestra carta magna, la cual se encuentra por encima de las demás leyes. Establecer una limitación horaria para que el imputado pueda, comunicarse con su defensor, y además disponer que dichas comunicaciones sean estrictamente monitoreadas y supervisadas. De más está mencionar que el horario de visitas para el abogado, impuesto por la jueza penal es en horario de funcionamiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, limitando aún más las oportunidades que tengo de asistir a mi defendido, luego de la visita de sus familiares, y dependiendo de cuántos familiares han acudido”, señala parte de la fundamentación de la defensa a la Cámara de Apelaciones donde pretende estas medidas sean levantadas.

Agrega, que la magistrada funda la aplicación de las restricciones impuestas a Tío Rico, en su apreciación personal de peligrosidad del imputado, obviando todos los mandatos legales que disponen que las limitaciones a la libertad del prevenido que sólo pueden ser establecidas por motivos de peligro de fuga u obstrucción presupuestos que no han sido acreditados como fundamentación en la resolución recurrida.

La Cámara de Apelación Penal deberá analizar lo pretendido por la defensa de imputado como líder de una organización criminal trasnacional y quien se encuentra imputado por tráfico de droga, asociación criminal y lavado de dinero.

En Paraguay, los fueros parlamentarios no tienen efecto retroactivo, de acuerdo con la legislación vigente del país. La Constitución Nacional y las leyes establecen claramente que estos fueros, que otorgan inmunidad a los legisladores durante el ejercicio de sus funciones, no protegen a los parlamentarios de investigaciones o procesos judiciales por delitos cometidos antes de asumir su cargo.

El artículo 201 de la Constitución Nacional de Paraguay establece que «los senadores y diputados gozan de fueros parlamentarios desde su proclamación hasta un mes después de haber cesado en sus funciones». Esta disposición garantiza que los legisladores puedan ejercer su labor sin temor a represalias o interferencias indebidas que puedan obstaculizar su trabajo en beneficio del pueblo paraguayo.

No obstante, es importante resaltar que estos fueros parlamentarios no son absolutos y no amparan a los legisladores en casos de delitos comunes que no estén relacionados con su función legislativa.

En caso de que un legislador cometa un delito grave, la Constitución Nacional en su artículo 202 y el Reglamento Interno del Congreso Nacional otorgan la facultad al pleno del Congreso de suspender o levantar los fueros parlamentarios, permitiendo así que el legislador sea sometido a un proceso legal sin las inmunidades que otorga su cargo.

La no retroactividad de los fueros parlamentarios implica que cualquier investigación o proceso judicial relacionado con delitos cometidos antes de asumir el cargo de legislador no se verá afectado por estas inmunidades. Los parlamentarios deberán responder ante la justicia por cualquier delito cometido antes de ocupar su puesto en el Congreso, tal como lo establece la legislación vigente.

En conclusión, la legislación paraguaya deja claro que los fueros parlamentarios no tienen efecto retroactivo. Estas inmunidades protegen a los legisladores durante el ejercicio de su cargo, pero no los eximen de investigaciones o procesos judiciales por delitos cometidos antes de asumir su posición en el Congreso. La justicia prevalece y los legisladores deben rendir cuentas por cualquier acto delictivo cometido en el pasado, en conformidad con la Constitución Nacional.

Miguel Insfrán, alias Tío Rico quiere estar en prisión preventiva, pero en Tacumbú. Pide ser trasladado a dicho penal o al de Coronel Oviedo, donde su integridad estará resguardada, según la defensa.

Miguel Mendieta, abogado defensor de Miguel Insfrán alias Tío Rico, presentó un incidente de reposición con apelación en subsidio contra la resolución de la juez Rosarito Montanía que ordenò el traslado a Viñas Cue del considerado líder de una estructura criminal trasnacional.

La defensa insiste que su representado que cuenta con “amenaza de muerte”, sea trasladado al penal Nacional Tacumbú o el de Coronel Oviedo. La defensa busca revertir la decisión de la magistrada quien ordenó la prisión del imputado considerado de alto perfil en la cárcel militar bajo estrictas medidas de control en su lugar de encierro.

Para la defensa es mejor que su cliente esté en Tacumbú, que en la cárcel de Viñas Cue.

La defensa afirma que la decisión de la jueza es,“nula, infundada y autoritaria, ya que la juez ha violado la defensa en juicio, por ello la decisión debe ser revocada. Mi defendido ha recibido amenaza de muerte por parte de algunos agentes de la Senad, actualmente cinco agentes de la Senad se encuentran privados de libertad en Viñas Cue, esta situación hace que mi defensa en juicio sea coartada desde el momento que se ordena el traslado de mi defendido a la cárcel militar”.

“El Ministerio de Justicia, manifiesta estar capacitado para recibir a mi defendido y ofrecen garantías de resguardo y seguridad ya sea en el penal de Tacumbú o el de Coronel Oviedo, señora juez lo que corresponde es que mi defendido sea trasladado a cualquiera de las dos penitenciaría mencionadas”, refiere parte del incidente de la defensa. La jueza de la causa deberá analizar el incidente de la defensa