En el sistema penal juvenil, independientemente del delito cometido, la máxima condena impuesta a un adolescente es de ocho años de encierro. Esta medida busca asegurar un tratamiento especial para aquellos que no poseen la madurez cognitiva de un adulto, a diferencia de estos últimos que pueden ser sentenciados hasta 30 años por el delito más grave, el homicidio doloso.
Además, es importante tener en cuenta que los adolescentes no declaran ante el fiscal encargado de la investigación, sino que se presentan ante un juez de garantías que entiende su caso y solo pueden ser detenidos si son encontrados en flagrancia.
El magistrado Camilo Torres, experto en el sistema penal juvenil, comentó a Judiciales Net sobre el tratamiento que se debe dar a un adolescente imputado por un delito grave. Explicó que estos jóvenes están expuestos a una pena privativa de libertad de hasta ocho años.
«Un adolescente puede ser detenido únicamente en caso de flagrancia o por orden judicial escrita. Una vez imputado, el juez debe ordenar un estudio de madurez psicosocial, que consiste en una evaluación psicológica para determinar su capacidad cognitiva. También se realiza un estudio socioambiental para analizar su entorno, su familia y su barrio. Estos factores se consideran para determinar la responsabilidad penal del adolescente, quien debe tener entre 14 y 17 años para ser imputado y la pena máxima a la que puede ser condenado es de ocho años», añadió el magistrado.
Asimismo, señaló que las sanciones en el sistema penal juvenil incluyen medidas socioeducativas, medidas correccionales y la privación de libertad, que puede tener una duración máxima de ocho años.