El crimen organizado ha revelado la deficiencia del Estado paraguayo al no disponer de un centro penitenciario capaz de mantener en prisión a personas consideradas peligrosas o de alto perfil.
La reciente entrega de Miguel Insfrán, conocido como Tío Rico, a nuestro país, ha dejado al descubierto que nuestro sistema penitenciario no está en condiciones de custodiar a un individuo civil considerado peligroso debido a sus vínculos con el crimen organizado. Esto representa un verdadero desafío para los jueces al momento de decretar la prisión preventiva de personas acusadas de delitos.
La justicia no solo busca proteger al acusado, sino también prevenir posibles situaciones que podrían surgir en caso de que una persona con este tipo de perfil sea enviada a las abarrotadas cárceles. La prisión podría evitar la fuga del acusado, pero no podría prevenir la obstrucción, el dominio por amenazas o pagos previos sobre personas vinculadas a su esquema, ni la formación de alianzas entre grupos criminales dentro de las cárceles, si es que son destinados allí.
Hasta el momento, el Sistema Penitenciario no cuenta con una cárcel de máxima seguridad para albergar a personas consideradas de alto perfil, ni tampoco dispone de una sede para aquellos que requieren medidas de seguridad especiales.
Las cárceles actuales, además de su grave hacinamiento, están controladas por clanes como el de Rotela, el PCC y Vermelho. Más que servir como lugares de reclusión para personas de alto perfil, estas cárceles se han convertido en centros desde donde se continúan manejando actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas y el lavado de dinero.
El Estado debe responder de manera rápida y efectiva a esta situación.
