Rafael Esquivel, alias «Mbururu», a través de su abogado Eduardo Lezcano, presentó un escrito ante el Congreso para justificar por qué no se presentará el día de hoy para prestar juramento como senador, por Cruzada Nacional.

Solicitó además jurar por medios telemáticos o en su defecto que le den los 45 días de plazo que establece el reglamento para hacerlo.

Mbururu soporta proceso por abuso sexual y se encuentra en prisión preventiva y la justicia no le ha autorizado abandonar su lugar de reclusiioón para jurar como legislador.

La misma Corte Suprema de Justicia rechazó un Habeas Corpus pretendido por el procesado para presentarse en día de hoy en la cámara y pueda jurar. La defensa anunció que solicitaron de vuelta una revisión de la prisión preventiva pero que entienden que de vuelta será rechazada es que ya acercan el escrito para justificar su inasistencia al congreso.

Mbururu espera poder jurar como senador ya que considera que fue electo legítimamente, sin embargo, existe en la actualidad un impedimento legal para que esto sea efectivo.

Rafael Esquivel se encuentra en la cárcel de Ciudad del Este cumpliendo prisión preventiva dentro de un proceso por abuso sexual y soporta otros varios procesos penales.

La jueza Cynthia Lovera rechazó un pedido de la defensa de unificar dos de las cuatro causas abiertas contra Dany Durand por estafa y asociación criminal como parte de un supuesto esquema de estafa desde Mocipar a numerosos particulares.

La defensa solicitó unir las causas que se encuentran por separado en los juzgados de Garantías 2 y 3, pero la magistrada Lovera entiende que, si bien puede existir cierta conexidad entre las causas tramitadas en ambos juzgados, los procesos están en etapa incipiente y no es la etapa procesal oportuna para unificar los casos por lo que corresponde rechazar el pedido de la defensa.

“La norma procesal es muy clara al establecer que en los casos en que se sustancien procedimientos por hechos punibles de acción penal pública conexos, se acumularán a los efectos del juicio, sin embargo, el expediente se encuentra en etapa incipiente” refiere parte del argumento de la magistrada para rechazar el pedido de la defensa.

Las costas también son impuestas al abogado Oscar Tuma quien presentó el incidente de acumulación por la defensa de Edgar Durand, Luz González de Durand y María Patricia Espínola Durand.

Con la decisión de la magistrada, las causas seguirán tramitándose por separado hasta que llegue a la instancia debida para su acumulación respectiva.

En busca de justicia pronta y efectiva, integrantes de la Coalición por la Legalidad, respaldada por la Fundación CIRD, se reunieron hoy con el ministro Gustavo Santander, miembro de la sala constitucional.

Dos ciudadanos, Alejandro y Alexis, han sido sobreseídos después de pasar casi tres años en prisión preventiva. La Defensa Pública los representó en un juicio oral en el cual se anularon todos los actos realizados por la fiscalía debido a vicios insalvables.

Acusados por el Ministerio Público de un presunto delito cometido en noviembre de 2019, Alejandro y Alexis estuvieron privados de su libertad durante 2 años, 11 meses y 17 días. Sin embargo, gracias a la intervención de la Defensa Pública, recuperaron su libertad luego de evidenciarse varios vicios durante el proceso en la audiencia preliminar y el auto de apertura a juicio.

La defensora pública Vilma Martínez, designada por el Juzgado Penal de Garantías el 21 de noviembre, presentó la solicitud de sobreseimiento definitivo en la audiencia preliminar, pero el Fiscal se opuso y se dictaminó el auto de apertura del Juicio. Durante el juicio oral y público, la defensa planteó incidentes de nulidad de elementos presentados por el Ministerio Público, nulidad absoluta de la acusación, nulidad del auto de apertura e incidente de inclusión probatoria.

En el juicio, la defensora pública argumentó que la parte resolutiva del caso se dio lectura seis días después del cierre del debate y la deliberación, lo cual contraviene el Artículo 356 del Código Procesal Penal (CPP). Según este artículo, las resoluciones deben ser emitidas inmediatamente al término del debate en la audiencia preliminar, la cual tuvo lugar el 9 de octubre de 2020. Además, explicó que no se realizó la notificación del acta de imputación y que ambos hombres asistieron a la audiencia de imposición de medidas sin un abogado defensor.

Alejandro y Alexis desconocían los cargos en su contra hasta el momento de la audiencia indagatoria, lo cual se considera una violación del principio de inmediatez y, por ende, todo el proceso se considera nulo. Esto incluye el anticipo jurisdiccional de prueba y el auto de apertura a juicio oral y público, los cuales se dieron en total violación del Artículo 356 y del principio de inmediatez.

En vista de lo expuesto, el tribunal confirmó la procedencia de la nulidad absoluta de los actos, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 166 del Código Procesal Penal (CPP), debido a que dichos actos implicaban la violación de los derechos y garantías constitucionales y procesales. Como resultado, los dos hombres lograron recuperar su libertad.

El juez Humberto Otazú, quien tiene a su cargo la causa abierta al abogado Miguel Mendieta, defensor de Tío Rico, ordenó la extracción de datos de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos incautados en los procedimientos realizados durante su detención.

El magistrado autorizó al Ministerio Público sustraer información de siete celulares, dos tarjetas SIM y de otros catorce dispositivos electrónicos en el marco del proceso abierto a Mendieta por supuesto soborno agravado por haber intentado introducir un teléfono celular a Viñas Cue, para su cliente Miguel Insfrán, alias Tío Rico.

Las CPU, tablets, celulares, todas ya cuentan con la autorización judicial para que sean peritadas y que la fiscalía acceda a la información de dichos dispositivos, la diligencia se practicará a pedido del fiscal de la causa Osmar Legal.

El abogado Miguel Mendieta está indiciado de haber instigado al soborno para introducir un teléfono para su cliente a Viñas Cue. Recordemos que Tío Rico no se encuentra incomunicado, tiene a su disposición un teléfono para comunicarse con familiares y abogado, pero la línea telefónica está controlada por el juzgado y puede ser usada por el imputado bajo estrictas condiciones.

En esta misma causa se encuentran imputados, Luis Belotto y su esposa por haber intentado meter un celular a Viñas Cue para Tío Rico. Aparentemente las declaraciones de Belotto sirvieron de base para la imputación de Mendieta.

FOTO: ABC COLOR.

Nery Rodríguez, exdirector de Insumos Estratégicos del Ministerio de Salud, compareció hoy como testigo del Ministerio Público ante el tribunal. Durante su testimonio, destacó que los insumos adquiridos por Imedic para Salud no cumplían con las especificaciones requeridas, incluyendo las camas.

Según Rodríguez, en su momento se solicitaron mascarillas N95, mamelucos de protección biológica para terapia intensiva y camas manuales que ofrecieran tres movimientos simples para mayor comodidad del paciente. Sin embargo, los productos suministrados no cumplían con dichos requisitos.

El testigo enfatizó la dificultad de obtener los insumos necesarios durante la pandemia, incluyendo camas suficientes para la cantidad de enfermos. Asimismo, destacó que los productos presentados por Imedic fueron rechazados debido a su discrepancia con los insumos solicitados por el Estado.

En el marco del juicio oral y público que involucra a los empresarios Justo y Patricia Ferreira, al despachante de aduana Carlos Alberto Gamarra y a funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas, se continuaron recibiendo testimonios de testigos.

El tribunal de sentencia, presidido por la magistrada Elsa García y conformado por los miembros titulares Yolanda Morel y Juan Pablo Mendoza, está a cargo del desarrollo del juicio.

El juez José Agustín Delmás no hizo lugar al pedido de revisión de la prisión preventiva solicitada por la defensa del exministro de Emergencia Nacional (SEN) Joaquín Roa, imputado por soborno agravado y lavado de dinero, quien continuará recluido en la cárcel de Emboscada al ratificarse su prisión preventiva.

El magistrado considera que aún sigue latente el peligro de obstrucción de la investigación que se encuentra en etapa inicial por ende no podría modificar la medida dispuesta inicialmente por su juzgado.

La imputación formulada por el Ministerio Público señala que Roa Burgos habría otorgado millonarias licitaciones a empresas vinculadas a Koube Ayala a cambio de bienes materiales, incluyendo una embarcación de la marca «Azimut» valorada en 450.000 dólares.

El exministro también habría convocado a licitaciones públicas utilizando la Ley de Emergencia Nacional para beneficiar económicamente a Koube Ayala y a sí mismo, direccionando las contrataciones directas siempre en beneficio del mismo empresario y sobrefacturándolas, lo que representó un perjuicio al patrimonio de la institución.

Las empresas beneficiadas por las licitaciones otorgadas por el exministro fueron Tapiracuai S.A, Distribuidora San Blas, Sofimac, Noemacol S.A, JPA Logística y Katherine Ayala, todas vinculadas a Koube Ayala.

La Cámara de Apelación Penal, también ratificó la medida dispuesta por el magistrado José Agustín Delmás.