El Ministerio Público ya cuenta con la autorización judicial para someter a peritaje los dispositivos celulares del abogado de Tío Rico, Miguel Mendieta, el militar Luis Belotto y su esposa, Alba Ale de Belotto.

El juez Humberto Otazú ha autorizado la extracción de datos de cuatro dispositivos celulares incautados en la causa que investiga el presunto soborno agravado por introducir un teléfono celular para Tío Rico en Viñas Cue.

El magistrado ha designado al perito informático Carlos Javier Orué para llevar a cabo la extracción de información que pueda vincular a los imputados entre sí, así como todo lo relacionado con el pago de dinero u ofrecimiento de otros beneficios con la finalidad de introducir un celular para Miguel Insfrán.

Luis Belotto y su esposa están imputados por el delito de soborno agravado, ya que intentaron entregar un teléfono celular a Miguel Insfrán, alias Tío Rico, para que este utilice un teléfono que no esté bajo el control del juzgado, que ha establecido medidas estrictas en el lugar de encierro del presunto líder narco.

Por otro lado, Miguel Mendieta, defensor de Miguel Insfrán, alias Tío Rico, está imputado como instigador del soborno agravado.

El juez del fuero especializado Gustavo Amarilla autorizó la extracción de datos de celulares y una Tablet, incautados en poder de la contadora Gabriela González Jaquet, imputada por lavado de dinero.

El magistrado autorizó a la fiscalía a extraer la información contenida en todos los aparatos electrónicos que están en manos del Ministerio Público y a designar un perito para rescatar cualquier información relevante que ayude a esclarecer el hecho que la fiscalía está investigando.

Al mismo tiempo, se notifica a la defensa para que también designe un perito y proponga los puntos de pericia que considere.

El Ministerio Público sostiene que la estructura criminal en la que supuestamente participó la imputada, en calidad de contadora, junto con otras 40 personas, es un esquema de lavado de dinero creado por Jarvis Chimenes Pavao en Paraguay.

Los fiscales Fabiola Molas, Isaac Ferreira y Osmar Segovia presentaron en su momento la imputación contra 41 acusados, de los cuales 12 ya se encuentran detenidos y a disposición de la justicia, mientras que aún falta dar con los demás sospechosos que formarían parte de este grupo criminal.

Este grupo criminal movía cerca de 150 millones de dólares en bienes, según la Senad, y operaba en el país durante más de tres décadas. El operativo Pavo es considerado uno de los mayores realizados en el país contra el lavado de activos.

La jueza Rosarito Montanía elevó a juicio oral y público el proceso abierto por narcotráfico, lavado de dinero y lavado de dinero contra Miguel Ángel Servín Palacios, alias Celular. Tras la audiencia preliminar, la magistrada elevó el caso para el debate oral.

Servín Palacios está acusado por el Ministerio Público de ser dueño de la carga de 2,906 kilos de cocaína incautada por la policía en octubre de 2020 en el Puerto Terport de Villeta, escondida en bolsas de carbón vegetal con destino final en Israel, según los documentos.

Servín Palacios tenía como propiedad una lujosa quinta en Amambay, una vivienda en Lambaré; embarcaciones modernas, joyas, relojes costosos y automóviles formaban parte del patrimonio del líder de esta organización, identificado como Miguel Ángel Servín Palacios, con el alias de «Celular».

Este operativo se inició con la incautación de los 2.906 kilos de cocaína, además de la detención del empresario Cristhian Turrini. Según los datos de la SENAD y la Fiscalía, dentro de este esquema él era el organizador y coordinador de los envíos de cargamentos de carbón contaminados con cocaína.

También tuvo una activa participación el segundo detenido, Alberto Ayala, dueño de la firma Carbosur, proveedora del producto con el que se iba a mezclar la cocaína.

La magistrada también ratificó la inhibición general de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles y bloqueo de cuentas de Servín Palacios. El patrimonio estimado de la organización criminal que lideraba el procesado es de aproximadamente 10 millones de dólares.

La jueza Rosarito Montanía resolvió la prohibición de innovar de siete inmuebles que se encuentran a nombre de terceros y empresas, pero serían del presunto líder del esquema encabezado por Miguel Insfrán, alias Tío Rico.

Los inmuebles cuyas ventas quedan prohibidas con esta medida judicial son establecimientos rurales y casas particulares que se encuentran en Mariano Roque Alonso, Emboscada y Villa Hayes. A partir de esta decisión, los bienes quedan sujetos a un eventual comiso.

También se le da la intervención formal a la Senabico para que continúe con la administración de los inmuebles que ya fueron incautados dentro de los operativos realizados en esta causa.

Miguel Insfrán, alias «Tío Rico», es señalado por el Ministerio Público como uno de los principales líderes de una red internacional de tráfico de cocaína. Está imputado por tráfico de drogas, asociación criminal y lavado de dinero.

Tío Rico, en la actualidad, se encuentra cumpliendo prisión preventiva en la cárcel militar de Viñas Cue, bajo fuertes medidas de seguridad dentro de su lugar de encierro. Incluso se restringe el horario de visitas, el uso de teléfono y se establecieron días y horas para recibir a sus abogados, ya que es considerado una persona de alto perfil.