El asesor de la Oficina Técnica Penal, doctor Roque Orrego, comentó a «Judiciales Net» la relevancia que tiene el proyecto de Acordada que regulará los casos emblemáticos, en la cual se encuentra trabajando la Corte Suprema de Justicia. Con aportes de los magistrados, buscará poner freno a dilaciones indebidas.

Señaló que incluso estas interpretaciones de la ley podrán ser aplicadas en todos los procesos; por ende, el beneficio no solo será exclusivamente para el sistema penal, sino que servirá para todas las causas.

«Este proyecto de Acordada establece criterios interpretativos de la ley que apoyarán a jueces y juezas que hoy, solo válidos del texto de ella y del coraje con el que ejercen su cargo, ponen freno a dilaciones indebidas que provocan suspensión de audiencias y extinción de casos, trayendo descrédito a la justicia. En realidad, estos criterios de interpretación normativa pueden ser aplicados a todas las causas del país. El proyecto de Acordada contiene también un sistema de distribución de la carga laboral entre jueces competentes para descomprimir la mora, garantizando eficiencia, con el uso de instituciones procesales poco aplicadas y con resoluciones dictadas en plazo. El sistema de organización del trabajo planteado se implementaría de forma gradual conforme a los recursos disponibles. Se incorporarían tecnologías adecuadas como el uso de una agenda electrónica y medios telemáticos para ciertos procesos de control.

Agregó que de ser aprobada una Acordada como la que se está redactando con la estrecha colaboración de magistrados, la CSJ sentará una postura difundiendo una correcta interpretación de la ley. Sin embargo, el texto señala que deja a criterio de cada magistrado sentar una postura menos favorable a la impunidad; desde luego, ello ocurrirá según lo que la ciencia y conciencia del magistrado determinen.

«Estoy seguro de que quienes luchan contra la impunidad desde la ley contarán con un gran apoyo para hacer justicia y protegerse de sectores políticos y económicos que siempre pretenden manipular al JEM para procesar a magistrados que representan un freno a la costumbre de que la justicia proteja a corruptos y poderosos», sentenció Roque Orrego, experto penalista.

Subrayó que la propuesta también permitirá identificar a las personas que, apegadas a costumbres deshonestas (arraigadas en sectores de la comunidad jurídica), se prestan al abuso del derecho y la mala fe, amasando fortunas y concretando de un modo absurdo la impunidad de casos de gran impacto social. Enfatizó que esta Acordada podría contribuir al fin de la impunidad en estas malas prácticas.

Aclaró que vienen realizando un trabajo pulcro, minucioso y muy técnico con la Corte Suprema de Justicia para fortalecer la jurisdicción especializada con las iniciativas de la OTP. Agregó que si existen algunos ataques infundados, eso muestra que la iniciativa ya molesta a los corruptos, lo cual es muy bueno.

Por último, el experto penalista señaló que las sugerencias son muy bienvenidas, ya que lo que se pretende es sacar una herramienta tan válida que será expandida para todos los procesos con la única finalidad de combatir la impunidad en los casos de gran impacto social o los considerados emblemáticos.

El senador Erico Galeano volvió a presentar un incidente en su proceso al recusar al juez Gustavo Amarilla Arnica, alegando parcialidad manifiesta.

Según la defensa, el juez debe ser apartado del caso por el Tribunal de Apelación Penal si no se inhibe, ya que se argumenta que violó el derecho a la defensa al rechazar la solicitud de suspensión de la audiencia de hoy. Esto buscaba acumular pruebas para refutar la petición de prisión presentada por el Ministerio Público contra Erico Galeano.

La defensa asegura que el rechazo del pedido de la defensa por parte del magistrado hoy recusado, perjudicó considerablemente a la defensa al cercenar el derecho a la defensa técnica.

Este planteamiento se realizó temprano el viernes, previo a la audiencia que ha sido pospuesta desde que se presentó la imputación contra Galeano por brindar apoyo logístico al crimen organizado, según la fiscalía.

Esta acción nuevamente frustró la implementación de medidas cautelares para el imputado.

La imputación contra el legislador del Partido Colorado se basa en el supuesto lavado de dinero proveniente del narcotráfico y en su asociación con una organización criminal para el tráfico de drogas.

Se le atribuyen presuntos vínculos con los involucrados en el caso «A Ultranza»: Miguel Ángel Insfrán, conocido como «Tío Rico», y el ciudadano uruguayo Sebastián Marset, quien está prófugo.

Supuestamente, Erico Galeano les habría brindado apoyo logístico al permitirles utilizar su avioneta para los líderes de esta estructura criminal.

Aunque Erico Galeano pudo haber sido procesado cuando aún era diputado, una serie de incidentes han obstaculizado la audiencia donde se debe determinar la medida para el imputado.

Galeano, en varias ocasiones, afirmó no tener garantías y, por lo tanto, deseaba evitar enfrentarse a la justicia. Sin embargo, desde el inicio de la imputación ha presentado numerosos incidentes, lo que sugiere que tiene las garantías procesales en su litigio.

El juez Gustavo Amarilla rechazó el último intento del senador Erico Galeano de suspender su audiencia. Galeano, está imputado por la fiscalía por brindar logística al crimen organizado. El legislador quiso evitar su audiencia de imposición de medidas que será mañana a primera hora.

El magistrado rechazó la reposición de la defensa que señala que han solicitado varias diligencias al Ministerio Público con lo que se desvirtuaría el pedido de prisión preventiva que pesa contra el legislador, pedidos que siguen en trámite. Sin embargo, el juez del caso entiende que la diligencia debe ser practicada.

Con este rechazo Erico Galeano deberá presentarse mañana después de varias chicanas para su audiencia de imposición de medidas.

El Ministerio Público con la imputación, pidió la aplicación de la prisión preventiva como medida cautelar contra el senador, considerando según refiere los tipos penales atribuidos al procesado cuya expectativa de pena es superior a los 20 años y el peligro de fuga por la capacidad adquisitiva del imputado.

La imputación contra el legislador del Partido Colorado se basa en el supuesto lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación criminal para el tráfico de drogas. Se le atribuyen presuntos vínculos con los investigados en el caso «A Ultranza»: Miguel Ángel Insfrán, alias «Tío Rico», y el ciudadano uruguayo Sebastián Marset, quien se encuentra prófugo y a quienes Erico Galeano supuestamente prestó logística al brindarles el uso de su avioneta a los líderes de una estructura criminal organizada.

Erico Galeano pudo ser procesado por la justicia cuando aún era diputado, pero a partir de entonces se desencadenó una serie de incidentes que llevaron a trabar la audiencia donde debe imponerse la medida para el indiciado quien en varias ocasiones dijo no tener garantías y, por ello, quería evitar someterse a la justicia, sin embargo, desde el inicio de la imputación ha presentado numerosos incidentes lo que implica que si tiene las garantías procesales en su litigio.

La fiscal que lideraba un esquema de coima en su unidad según la fiscalía enfrentará audiencia preliminar el próximo 4 de septiembre a las 8:00.

El juez penal de Garantías José Agustín Delmás estableció como fecha de inicio de la audiencia preliminar el próximo 4 de septiembre, día en que los acusados por el Ministerio Público deberán comparecer ante el juzgado.

En esta audiencia preliminar se debatirá la acusación presentada contra Ana Girala, sus funcionarias y abogados del foro quienes integrarían un esquema de pedido de coima a las personas que litigaban en esta unidad fiscal para obtener alguna salida procesal.

Además de Ana Girala, también fueron acusadas sus funcionarias Christi Magali Ortega, Griselda Beatriz Acha, Liz Elena Martínez, Nélida Vicenta Alcaraz y Marcos Aurelio Velázquez.

La acusación revela el esquema delictivo montado en la misma unidad fiscal de San Lorenzo, un esquema en el que estaban involucrados la agente fiscal, las funcionarias y los abogados, según el fiscal Osmar Legal.

«El Ministerio Público sostiene que los acusados actuaron en todo momento en total coordinación, así como en constante comunicación a través de intercambio de llamadas y mensajes vía WhatsApp. No se limitó a un solo caso en el que los acusados negociaron salidas procesales», señala parte de la extensa acusación presentada por el fiscal Legal.

Este proceso investigativo se inició con la denuncia de una persona a quien le solicitaron G 25.000.000 a cambio de una salida procesal. Sin embargo, esta persona optó por denunciar el acto de corrupción, lo que permitió desmantelar este esquema gracias a la denuncia y la intervención de la fiscalía en una entrega vigilada. Los acusados enfrentan cargos por persecución de inocentes y asociación criminal.

El escrito de acusación menciona que este caso no fue un hecho aislado, sino uno de los varios que cayeron víctimas del esquema y que todos participaron activamente y de manera continua en el hecho investigado.

El Tribunal de Apelación Penal volvió a ratificar la prisión preventiva de Miguel Mendieta. Para la cámara de apelaciones sigue latente el peligro de fuga y la posible obstrucción de la investigación.

El abogado Miguel Mendieta está indiciado de haber instigado al soborno para introducir un teléfono para su cliente a Viñas Cue. El abogado continuará en prisión preventiva hasta tanto desaparezca la motivación.

Recordemos que Tío Rico no se encuentra incomunicado, tiene a su disposición un teléfono para comunicarse con familiares y abogado, pero la línea telefónica está controlada por el juzgado y puede ser usada por el imputado bajo estrictas condiciones.

En esta misma causa se encuentran imputados, Luis Belotto (militar) y su esposa por haber intentado meter un celular a Viñas Cue para Tío Rico. Aparentemente las declaraciones de Belotto sirvieron de base para la imputación de Mendieta.

FOTO: ABC COLOR.

Luego de la acusación contra el exministro del Interior Arlando Giuzzio por cohecho pasivo agravado, su abogado Guillermo Duarte se pronunció al respecto y alega que la acusación es selectiva y carece de valor jurídico.

Mostró parte de la declaración de Marcus Vinicius Espíndola detenido en Brasil por narcotráfico donde habla que realizó servicios a varios vehículos de instituciones del Estado durante el Gobierno de Fernando Lugo y Horacio Cartes. Este testimonio lo realiza frente al fiscal de la Unidad Especializada contra Delitos Económico y Anti-Corrupción Osmal Legal, quien imputó a Giuzzio.

«Objetividad o Selectividad? Aquí un video que prueba que Marcus Vinicius trabajó con todos los gobiernos anteriores, y pese a que no participó en ninguna licitación con Arnaldo Guzzio , a él se lo acusa por cohecho  por un alquiler de usd 700. Saquen sus conclusiones», expresó Guillermo Duarte en su cuenta de Twitter.

«No hace falta ser abogado para percatarse que la acusación contra Arnaldo Giuzzio no tiene motivación jurídica. Los fiscales reconocen que no existió licitación alguna del Ministerio del Interior con la firma UMBU, solo la “intención” de proveer servicios, que nunca se dió», agregó Duarte.

La fiscalía sostiene que Arnaldo Giuzzio tenía relacionamiento personal y comunicación directa con en narco Marcus Vinicius quien pretendía postularse a licitaciones para provisión de insumos de seguridad y blindaje de vehículos de la Policía Nacional. Argumenta además que el brasileño le prestó una camioneta blindada para uso personal.