El juez Gustavo Amarilla está nuevamente habilitado para convocar de nuevo a Erico Galeano para su audiencia de imposición de medidas. El magistrado fue recientemente confirmado por alzada en la causa y también la Corte rechazó las incidencias presentadas por Galeano.

En la causa se encuentra pendiente la realización de la audiencia de imposición de medidas para el senador imputado por presuntos vínculos con el crimen organizado, ya que según el Ministerio Público prestó logística a investigados en la causa «A Ultranza».

La imputación contra el legislador del Partido Colorado se basa en el supuesto lavado de dinero proveniente del narcotráfico y en su asociación con una organización criminal para el tráfico de drogas.

Se le atribuyen presuntos vínculos con los involucrados en el caso «A Ultranza»: Miguel Ángel Insfrán, conocido como «Tío Rico», y el ciudadano uruguayo Sebastián Marset, quien está prófugo.

Supuestamente, Erico Galeano les habría brindado apoyo logístico al permitirles utilizar su avioneta a los líderes de esta estructura criminal.

El Ministerio Público requiere la aplicación de la prisión preventiva para el senador, ya que considera que existe el peligro de fuga debido al poder adquisitivo que posee y además por la alta expectativa de pena que, según la fiscalía, podría llegar hasta los 22 años.

La jueza especializada en Delitos Económicos, Claudia Criscioni, comentó a Judiciales Net que cuando un tribunal de sentencia aplica la absolución, no significa un acto de impunidad.

Explicó que el proceso penal sirve para resolver la sospecha de la existencia de un hecho punible. Para eso, se lleva a cabo el juicio oral y público para verificar si esta sospecha se corrobora. Si no se corrobora, se aplica la absolución, reafirmando así el estado de derecho cuando un tribunal decide de manera imparcial.

Agregó que la punibilidad, especialmente en delitos económicos, es mucho más compleja debido a elementos altamente normativos. Por lo tanto, para analizar la conducta, no solo se debe reconstruir el hecho a través de los medios de prueba, sino que también se debe aplicar correctamente el derecho.

«Cuando un tribunal aplica correctamente el derecho y absuelve cuando corresponde, en realidad está reafirmando la norma y corrigiendo el rumbo en el sentido siguiente, que podría ser que la fiscalía no actuó realmente como debía, o hubo un error de valoración que también puede ocurrir. Cuando condeno a alguien de manera incorrecta, o libero a quien debería ser condenado, eso sí es impunidad, además de una aplicación errónea de la ley».

«Por eso es necesario en Delitos Económicos contar con tribunales y fiscales altamente técnicos. Un tribunal no puede condenar de manera arbitraria, ya que esto socava la legitimidad de todo el Estado de derecho y hace que la gente pierda la confianza en la justicia», acotó la magistrada.

Recientemente, un tribunal de sentencia integrado por la magistrada Claudia Criscioni resolvió absolver a la exdefensora general Noyme Yore y a otras 10 personas procesadas por lesión de confianza. Esto se debió a la inexistencia del hecho punible acusado por el Ministerio Público.

Los abogados defensores del exministro de la Corte Suprema de Justicia Miguel Oscar Bajac presentaron una apelación especial contra la sentencia que lo condenó a tres años de cárcel por cohecho pasivo agravado. En ella, solicitan que la sentencia sea anulada y que se ordene directamente la desvinculación de Bajac del caso.

La Cámara de Apelación Penal confirmó la competencia del juez Gustavo Amarilla en la causa abierta contra el senador Erico Galeano, imputado por el Ministerio Público por brindar logística al crimen organizado.

El camarista Arnulfo Arias, preopinante, señaló que los argumentos expuestos por la defensa no se adecuan a las circunstancias alegadas, ya que citaron el inciso 13 del artículo 50 del C.P.P., el cual trata sobre cuestiones particulares que los jueces invocan para separarse. Dado que este no es el caso, debe rechazarse la pretensión. Sus colegas camaristas, los magistrados Gustavo Ocampos y Bibiana Benítez, se adhirieron a esta opinión.

Con esta decisión, el magistrado tiene nuevamente vía libre para convocar la audiencia de imposición de medidas, donde se analizará si corresponde o no acceder al pedido de prisión preventiva contra el procesado por presuntos vínculos con el crimen organizado.

La imputación contra el legislador del Partido Colorado se basa en el supuesto lavado de dinero proveniente del narcotráfico y en su asociación con una organización criminal para el tráfico de drogas.

Se le atribuyen presuntos vínculos con los involucrados en el caso «A Ultranza»: Miguel Ángel Insfrán, conocido como «Tío Rico», y el ciudadano uruguayo Sebastián Marset, quien está prófugo.

Supuestamente, Erico Galeano les habría brindado apoyo logístico al permitirles utilizar su avioneta para los líderes de esta estructura criminal.

Aunque Erico Galeano pudo haber sido procesado cuando aún era diputado, una serie de incidentes ha obstaculizado la audiencia en la que se debe determinar la medida para el imputado.

Galeano, en varias ocasiones, afirmó no tener garantías y, por lo tanto, deseaba evitar enfrentarse a la justicia. Sin embargo, desde el inicio de la imputación ha presentado numerosos incidentes, lo que sugiere que cuenta con las garantías procesales en su litigio.

Hoy concluyó la declaración del acusado y el próximo 1 de septiembre, de 7:00 a 9:00, el Ministerio Público deberá presentar sus alegatos finales en la causa.

Miguel Cuevas, acusado por el Ministerio Público de enriquecimiento ilícito y declaración jurada falsa, volvió a declarar este jueves en el juicio oral y público que enfrenta desde hace meses. Reiteró que las mejoras en su casa y su patrimonio las adquirió antes de ser funcionario público.

Señaló que compró su casa en 1987 y comenzó a hacer las mejoras poco después de adquirirla, asegurando que no cuenta con ninguna construcción extraordinaria. En 1996 construyó la fachada que permanece hasta ahora, es decir, antes de ocupar cargos públicos.

«No tengo nada que esconder. Soy zapatero de profesión y vengo de una familia de pequeños ganaderos. Después de ser intendente, trabajé en la compra y venta de ganado, así como en la venta de leche y queso, lo que me generaba ingresos significativos. Cuando gané la interna para la gobernación el 9 de diciembre de 2013, al día siguiente comenzamos la construcción de la muralla y cuatro habitaciones en la parte superior», comentó Miguel Cuevas.

Agregó que desde 1979 también se dedicaba a la ganadería, con la compra y venta de ganado. Posee 200 hectáreas de propiedad y además alquila 900 hectáreas donde mantiene el ganado.

Comentó que la estancia cuenta con numerosas construcciones de madera, todas hechas a partir de árboles talados de su propiedad.

Mencionó que su abogado, Luis Cáceres, fue quien preparó su declaración jurada.

El juez José Agustín Delmas rechazó el pedido presentado por la defensa de la acusada Ana Girala. El juzgado entiende que no existe ningún agravio hacia la defensa al abreviar el plazo y admitir la acusación presentada por el Ministerio Público.

El magistrado sostiene en su resolución que se ha velado por el respeto a todas las garantías de los procesados y que el hecho de aceptar la abreviación del plazo y admitir la acusación del Ministerio Público no constituye ningún agravio para la defensa, ya que todo ha sido notificado en tiempo y forma.

La defensa pretende suspender la audiencia preliminar fijada por el magistrado para el próximo 4 de septiembre.

En esa fecha se someterán a debate preliminar los argumentos de la acusación y de descargo por parte de la defensa, para que luego el magistrado decida la elevación de la causa a la siguiente etapa de juicio oral y público.

Con el rechazo de la pretensión de la defensa, el expediente subirá indefectiblemente a la cámara de apelaciones para analizar el mismo incidente, ya que fue presentado con apelación en subsidio.

La decisión de alzada determinará si la diligencia se llevará a cabo el próximo 4 de septiembre.

Además de Ana Girala, también fueron acusadas en esta causa sus funcionarias: Christi Magali Ortega, Griselda Beatriz Acha, Liz Elena Martínez, Nélida Vicenta Alcaraz y Marcos Aurelio Velázquez.

La acusación revela el esquema delictivo montado en la misma unidad fiscal de San Lorenzo, un esquema en el que estaban involucrados la agente fiscal, las funcionarias y los abogados, según el fiscal Osmar Legal.

El Ministerio Público sostiene que los acusados actuaron en todo momento en total coordinación, así como en constante comunicación a través de intercambio de llamadas y mensajes vía WhatsApp.

No se limitó a un solo caso en el que los acusados negociaron salidas procesales’, señala parte de la extensa acusación presentada por el fiscal Legal.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ampliada decidió convocar para el próximo martes a las 9:00 h una audiencia pública en la que se dará a conocer el veredicto sobre la acción de inconstitucionalidad presentada por la entonces diputada contra la suspensión por 60 días sin goce de sueldo que le aplicó la Cámara de Diputados.

A pedido del ministro Víctor Ríos, la máxima instancia aprobó el tratamiento público de la cuestión, y la posición de cada ministro sobre la cuestión planteada se dará a conocer el próximo martes.

El ministro Ríos señaló que la CSJ viene postergando innecesariamente el caso, ya que todos han emitido su voto y solo se está pasando en limpio los argumentos.

Por ende, en la sesión del martes próximo solo explicarán el sentido de sus votos, lo que según dijo sentará un precedente importante. “En varias ocasiones he insistido sobre el caso de la hoy senadora Celeste Amarilla. Estamos prolongando innecesariamente la resolución de este caso”, señaló el ministro Ríos.

El Ministerio Público formuló hoy acusación contra el exgerente de prensa de Canal 9 y requirió la elevación de la causa a juicio oral y público donde se debatirá el hecho.

Las agentes fiscales Nathalia Silva, Claudia Aguilera y Luz Guerrero presentaron la acusación y solicitaron la elevación de la causa contra el periodista Carlos Granada por los hechos punibles de acoso sexual, coacción y coacción sexual.

El caso se inició tras la denuncia de varias periodistas víctimas, quienes refirieron que fueron hostigadas con fines sexuales, padecieron actos sexuales mediando fuerza y tuvieron que soportar actos no consentidos ante las amenazas contra sus fuentes de trabajo.

En base a los elementos colectados, el Ministerio Público sostiene que existen elementos para presentar acusación contra el procesado y que el caso sea elevado a la siguiente etapa del proceso.