El juez José Agustín Delmas rechazó el pedido presentado por la defensa de la acusada Ana Girala. El juzgado entiende que no existe ningún agravio hacia la defensa al abreviar el plazo y admitir la acusación presentada por el Ministerio Público.
El magistrado sostiene en su resolución que se ha velado por el respeto a todas las garantías de los procesados y que el hecho de aceptar la abreviación del plazo y admitir la acusación del Ministerio Público no constituye ningún agravio para la defensa, ya que todo ha sido notificado en tiempo y forma.
La defensa pretende suspender la audiencia preliminar fijada por el magistrado para el próximo 4 de septiembre.
En esa fecha se someterán a debate preliminar los argumentos de la acusación y de descargo por parte de la defensa, para que luego el magistrado decida la elevación de la causa a la siguiente etapa de juicio oral y público.
Con el rechazo de la pretensión de la defensa, el expediente subirá indefectiblemente a la cámara de apelaciones para analizar el mismo incidente, ya que fue presentado con apelación en subsidio.
La decisión de alzada determinará si la diligencia se llevará a cabo el próximo 4 de septiembre.
Además de Ana Girala, también fueron acusadas en esta causa sus funcionarias: Christi Magali Ortega, Griselda Beatriz Acha, Liz Elena Martínez, Nélida Vicenta Alcaraz y Marcos Aurelio Velázquez.
La acusación revela el esquema delictivo montado en la misma unidad fiscal de San Lorenzo, un esquema en el que estaban involucrados la agente fiscal, las funcionarias y los abogados, según el fiscal Osmar Legal.
El Ministerio Público sostiene que los acusados actuaron en todo momento en total coordinación, así como en constante comunicación a través de intercambio de llamadas y mensajes vía WhatsApp.
No se limitó a un solo caso en el que los acusados negociaron salidas procesales’, señala parte de la extensa acusación presentada por el fiscal Legal.
