El juez de Paz Jesús Rodrigo González ordenó el reintegro de la señora Sara Marín Morán en su domicilio, la justicia de Paz intervino en este caso luego que la abuela haya sido expulsada de su casa por la propia hija.

El magistrado también ordenó la exclusión de Etelvina Galeano Marín de la casa de su madre y fue advertida por el juez González que en caso de incumplir la resolución que le ordena salir de la casa estaría incurriendo en desacato.

La mujer debe estar alejada de la madre por esta orden judicial y a la vez se le prohíbe portar arma o realizar algún tipo de represalia contra su anciana madre a quien quiso despojar de su casa.

El caso poco común, ocurrió en el distrito de Solano Escobar, Ybytymí, donde una mujer de 77 años fue desalojada de su hogar por la hija, quien regresó recientemente de España, según la denuncia presentada ante el Juzgado de Paz de dicha localidad.

Estelvina Galeano Marín, hija de la señora Sara Marín, regresó de España y pese a que su madre posee una vivienda propia, alegó que la casa era para ella y sin contemplación procedió a echar a su anciana madre a la calle.

La señora Sara Marín, de escasos recursos, presentó la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes. Tras una audiencia que se llevó a cabo la semana pasada, el juez de Paz Jesús Rodrigo González ordenó el reintegro de la señora Marín a su domicilio. No obstante, el proceso prosigue con la etapa probatoria.

La agente fiscal Patricia Sánchez, aclaró que el Ministerio Público hará todas las proposiciones jurídicas necesarias que corresponda para que avance la investigación al senador Hernán Rivas sospechado de producir y usar la matrícula de abogado.

Señaló que la imputación a Hernán Rivas está detallada y responden a todos los aspectos que la acordada mencionada por los camaristas exige de cómo produjo y para qué uso su matrícula Hernán Rivas.

“No puedo dejar de mencionar que, en la contestación del recurso de apelación se mencionaron todos los aspectos, tanto fácticos como los elementos que sustentan la imputación presentada. Así como en el relato de hechos con circunstancias de fecha lugar y modo, contestando las preguntas, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, las que constan en la acordada se encuentran desarrolladas esquemáticamente en el escrito de recurso y así también se enumeraron los elementos probatorios que sustentan el relato fáctico de hechos”, acotó la agente fiscal Patricia Sánchez.

Agregó que la misma acordada aludida por los camaristas señala que, una imputación es válida expresando nada más la hipótesis de un hecho, sin necesidad aún de contar inclusive con el elemento que podría sustentarla ya que la imputación lo que hace es permitir la apertura de una investigación con un control jurisdiccional.

“Las proposiciones fácticas están en el relato, que, con la producción de la matrícula en este caso particular y el uso, tanto de la matrícula como del título universitario producto del certificado de estudios cuyo contenido se cuestiona y es a lo que se refiere el acta de imputación como inverificable, en eso se basa la sospecha que se expresa en el acta de imputación y, con la investigación lo que se pretende es lograr es probar o no, el sustento documental que debería sostener el certificado de estudio que a su vez nutre el título universitario, ambos documentos permitieron que la persona acceda a una matrícula profesional de abogado”, agregó.

Por último, señaló que con la resolución de la cámara el expediente vuelve al juez de origen Miguel Palacios para luego remitirla a su unidad fiscal para proceder a la revisión ordenada por alzada.

La imputación contra el senador colorado por su presunto título falso no está fundada, dicen los camaristas Bibiana Benítez, Delio Vera Navarro y José Agustín Fernández.

Los camaristas señalan en sus votos que la imputación adolece de defectos formales, por ende, no debió ser admitida por el juez Miguel Palacios ya que tiene el garante de control jurisdiccional.

Tras revocar la decisión que admite la imputación contra Hernán Rivas, se imprime el trámite de oposición prevista en el 314 y se envía el expediente a la fiscal Patricia Sánchez, para fundar la imputación contra Hernán Rivas, denunciado por presuntamente poseer el título de abogado falso. En caso de que la fiscal se ratifique, el expediente irá a fiscalía general.

Por su parte la agente fiscal del caso, sostiene que no existe vicio alguno en el acta de imputación del Ministerio Público, que, tras recibir la denuncia se dedicó a realizar diligencias a fin de corroborar las afirmaciones hechas en la denuncia de Casse Giménez.

Agregó que, la imputación se le ha comunicado al procesado en forma precisa y detallada de los hechos que se le atribuye para que el imputado en pleno conocimiento del contenido de la imputación pueda ejercer en forma efectiva y acabada su defensa material y técnica.

Reiteró que la naturaleza del acta de imputación, no constituye un planteamiento que deba ser debatido, ni requiere la producción de pruebas, puesto que en dicho acto procesal, se establece el objeto de investigación en torno al cual se reúna toda la información suficiente, a fin de determinar si existen méritos suficientes para acusar a una persona; es un acto procesal de carácter inicial y preliminar de incriminación que constituye una atribución exclusiva y excluyente del Ministerio Público.

Un hombre fue sentenciado a cumplir 15 años de prisión por el abuso sexual de su propia hija. El hecho se registró desde que la niña tenía solo 11 años y fue hasta los 17 que la adolescente se animó a denunciar los abusos a los que era sometida.

El tribunal de sentencia presidido por la jueza Lourdes Garcete, le dio plena validez al relato de la víctima en cámara Géssel, la declaración de la madre de la joven, así como los demás elementos de prueba presentados por la agente fiscal que entiende en el caso Carmen Bogado.

El hoy condenado, fue acusado por el hecho punible de abuso sexual en niños ya que los abusos iniciaron cuando la víctima tenía solo 11 años, pero, el colegido al percatarse que los hechos siguieron sucediendo incluso cuando ella era adolescente desde los 14 a los 17 años donde el agresor cometió otros hechos punibles como la coacción sexual y coito, con lo que ya existía concurso de hechos punibles.

Por lo que el tribunal de sentencia atendiendo el grado de reproche y las pruebas arrimadas que fueron de tal contundencia, aplicó la condena de 15 años de encierro al hombre que hoy cuenta con 70 años.

Además de la magistrada Lourdes Garcete, integran el tribunal de sentencia los jueces Juan Francisco Ortiz y Rossana Maldonado.

El juicio tuvo muchos tropiezos en su inicio ya que el condenado, buscó por todos los medios evitar que la audiencia se desarrolle, sin embargo la agente fiscal del caso y el tribunal pudo llevar adelante la diligencia que llegó a su fin con la sentencia condenatoria.

La juez que entiende en el caso de venta de cargos en el Instituto de Previsión Social, Alicia Pedrozo, levantó la prisión preventiva que pesaba sobre la abogada imputada Fátima Agüero y le concedió arresto domiciliario.

La jueza, estableció una fianza personal de G 800 millones para que la misma pueda ser beneficiada con una medida menos gravosa a la prisión que viene soportando desde el día que se montó la entrega vigilada por el Ministerio Público.

La procesada, está indiciada por el Ministerio Público de ser la que lideraba el esquema que prometía cargos y recategorización en el IPS, sin embargo, las personas estafadas nunca llegaron a ser empleados del Hospital.

El esquema está montado en su mayoría por funcionarios de IPS, de los 13 imputados, 9 son empleados del Instituto de Previsión Social, quienes crearon un esquema de estafa prometiendo cargos.

La agente fiscal Sofia Galeano, desnudó en su momento el modus operandi del esquema de venta de cargos en IPS, unas cinco a seis personas llegaron a cobrar salario supuestamente como funcionarios de IPS, pero no figuran en la nómina de la Previsional y eran los mismos integrantes del esquema quienes les pagaban su salario de la plata que les pidió para acceder al puesto y hacerles creer que si salían los nombramientos.

Según el Ministerio Público, los imputados, habrían montado un esquema de estafa solicitaban sumas de dinero que llegaban incluso a los G 10 millones, a cambio supuestamente lograr un contrato y formar parte del plantel del Instituto de Previsión Social, IPS.

Un tribunal de sentencia condenó a dos hombres, de 70 y 45 años, tras hallarlos culpables de abuso sexual en niños del cual resultó víctima una pequeña de siete años al momento en que ocurrieron los ataques.

 Los hoy condenados fueron sentenciados a cumplir 18 y 12 años de pena privativa de libertad, respectivamente. Los elementos de prueba presentados por el Ministerio Público fueron clave para arribar a la condena que dispuso el colegiado.

Los hechos ocurrieron cuando la niña tenía siete y fue víctima hasta los 10 años de edad, registrándose el último caso, en fecha siete de marzo del 2021, en la localidad de San Juan del Paraná, Itapúa. La agente fiscal Raquel Bordón Aguayo, demostró la culpabilidad de los acusados durante la sustanciación de un juicio oral y público.

El acusado de 70 años de edad; familiar de la víctima, abusó en reiteradas ocasiones y por varios años de la víctima. En tanto, el inculpado de 45 años de edad; bajo engaños, abusó de la víctima en dos ocasiones, sometiéndola hasta llegar al coito.

La Fiscalía presentó en la audiencia las pruebas testificales y documentales como psicológicas y laboratoriales, e informes de la Oficina de Atención a Víctimas y la declaración de la menor en Cámara Gesell, como anticipo jurisdiccional de pruebas. La denuncia fue presentada el 8 de marzo del 2021. 

El Tribunal de Sentencia que dictó sentencia estuvo conformado por los jueces, Eva Mercedes Silva Amarilla, Marcela Escobar Lapierre y Bernardino Ramón Gustavo Arzamendia.