El juez especializado en delitos económicos, Matías Garcete, rechazó el amparo constitucional promovido por TONDEGOLD S.A., joyería Della Poletti, contra la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

La acción cuestionó la intervención realizada por el ente recaudador en el marco de una investigación por posible evasión y contrabando de mercaderías de lujo.

Según la resolución, el juez concluyó que la vía del amparo no era procedente porque la firma no agotó los mecanismos administrativos ordinarios antes de acudir a la justicia. En su fundamentación, Garcete afirma que el planteamiento “no ha agotado las vías administrativas existentes como medio de solución alternativo”, por lo que el amparo no puede utilizarse “a los efectos de solucionar cuestiones que tienen remedio en otros ámbitos (en este caso, administrativos)”.

El magistrado también sostuvo que las actuaciones de la DNIT se realizaron dentro del marco legal. Señaló que los procedimientos de fiscalización están expresamente autorizados por la normativa vigente, y que las inspecciones realizadas a la joyería se enmarcan en esas facultades.

En su resolución, Garcete recalca que “todas las actuaciones de la DNIT se ajustaron al principio de legalidad, no existe lesión ni amenaza a derecho alguno, no hay urgencia y sí vías ordinarias para el debate de fondo”. Por tanto, el amparo promovido por la empresa es “manifiestamente improcedente”.

El juez sostiene además que la firma no demostró haber sufrido un perjuicio concreto derivado de la intervención. La sentencia señala que no se acreditó “alguna lesión y/o amenaza inminente a derecho alguno”, y que los argumentos de la accionante apuntan más bien a evitar los controles de la DNIT en fechas específicas.

Incluso, Garcete menciona que la supuesta afectación alegada por la empresa carecía de sustento suficiente: “La alegación de un daño ‘eventual’ o ‘condicional’ no satisface el estándar de gravedad ni de inmediatez exigido para el amparo”.

El escrito judicial también advierte que el amparo fue presentado como una maniobra para suspender inspecciones tributarias: “El principio de subsidiariedad impide su utilización como herramienta para bloquear un procedimiento de control tributario o para eludir el deber de colaboración previsto en la ley”.

Con base en estos argumentos, el juez Matías Garcete resolvió que el amparo de TONDEGOLD S.A. carecía de los requisitos esenciales previstos por la Constitución y la ley. Reiteró que existían otras vías administrativas plenamente idóneas para discutir las medidas adoptadas por la DNIT, por lo que la acción de amparo fue rechazado.

Las hijas de Luis Lindstron, productor secuestrado y asesinado por el EPP en 2013, denuncian haber sido despojadas de la estancia que su familia ocupa desde hace décadas mediante lo que califican como una maniobra judicial irregular, ejecutada sin notificaciones, sin debido proceso y con apoyo de un juez, agentes fiscales y policiales.

Según relató Silvia Lindstron, el pasado 4 de noviembre, Klaus Smith ingresó al inmueble con una orden judicial firmada por el juez de Horqueta, Alberto Panza. La familia sostiene que dicha resolución fue utilizada de manera abusiva y extemporánea, ya que nunca fueron notificados de que existía un juicio en curso.

Además, afirman que la disposición ni siquiera estaba firme al momento de ejecutarse, lo que constituye otra irregularidad grave.

Silvia Lindstron recordó que Klaus Smith ya había reclamado esas tierras en un juicio iniciado en 2010, cuando Luis Lindstron ocupaba y trabajaba la finca de Paso Itá hacía más de dos décadas.

Ese expediente, según explica la familia, había sido archivado por caducidad luego de que las propias hijas lo enfrentaran judicialmente tras el asesinato de su padre. Por ello, afirman que la nueva resolución del juez Panza fue una sorpresa absoluta: “Nunca fuimos notificadas de que existía un nuevo juicio. Nos encontramos con una orden ejecutándose sin habernos dado participación. Fue dictado todo en total indefensión”, cuestionó Silvia.

La posesión de la estancia por parte de los Lindstron, afirman, es un hecho público y notorio, conocido por toda la comunidad de Tacuati y por las propias autoridades desde hace décadas.

El conflicto escaló el viernes 14 de noviembre, cuando el fiscal Joel González llegó al lugar acompañado de una numerosa comitiva policial.

Las Lindstron describen el operativo como un desalojo encubierto, sin orden de allanamiento ni de desalojo debidamente presentada: “Nunca fuimos notificadas de nada. Un juez entrega nuestras tierras como si no estuvieran desocupadas. Eso es falso: jamás dejamos esas tierras. Luego viene el fiscal con un operativo armado y nos quitan todo sin darnos opción”, denunció Silvia.

Agregó que la posesión fue entregada no solo a Klaus Smith sino también según afirma, a personas “con antecedentes y vinculaciones turbias”, lo que incrementa las sospechas de la familia.

Silvia relata que el operativo contó con más de 50 policías, quienes presionaron para que ella y su personal salieran de la estancia: “Me sacaron de manera arbitraria. Casi me esposan. Dejamos animales, maquinarias, todas nuestras pertenencias. Todo quedó en manos del abogado de Smith. Esto no fue improvisado, planearon para sacarnos”, sostuvo.

Para la familia, el procedimiento constituye un despojo ejecutado con apoyo estatal, sin garantías y tratándolas “como delincuentes”, pese a ser afirman, poseedoras legítimas de la propiedad por más de dos décadas.

En entrevista con Judiciales Net, el viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, destacó que la actual administración penitenciaria centra sus esfuerzos en fortalecer la calidad y la integridad del personal penitenciario, con el fin de reducir la vulnerabilidad de los agentes frente a las ofertas del crimen organizado, que durante años ha operado con gran influencia dentro de los penales del país.

Maciel subrayó la relevancia del proceso previo de selección del personal. Explicó que los aspirantes pasan por entrevistas, evaluaciones exhaustivas y un análisis detallado de su entorno familiar antes de ser admitidos en el grupo de postulantes. Posteriormente, deben completar un curso de inducción y luego acceder a la tecnicatura, cuya formación se extiende por dos años.

El viceministro insistió en la importancia del seguimiento constante de la conducta de los funcionarios ya incorporados al sistema. Señaló que el nuevo modelo penitenciario requiere agentes que respondan al perfil institucional y que cualquier comportamiento reiterado que se aleje de los estándares establecidos deriva en la desvinculación inmediata.

“Considero que lo más importante es el proceso de selección, formación y seguimiento del personal penitenciario. Es fundamental controlar cómo se desempeñan en sus funciones. Cuando surge una conducta que genera sospecha, se realiza un acompañamiento cercano y, si se determina que existe algún tipo de acto indebido, lo primero que hacemos es desvincular al funcionario. La mayoría está bajo contrato, lo que nos brinda flexibilidad administrativa”, explicó.

Maciel añadió que otro de los pilares del nuevo enfoque es mejorar las condiciones de encierro de las personas privadas de libertad. Afirmó que las organizaciones criminales históricamente se han fortalecido aprovechando las carencias del sistema, especialmente en contextos de hacinamiento o desigualdad entre los reclusos, lo que facilita la captación de seguidores y la expansión de su influencia.

En este sentido, señaló que los nuevos establecimientos penitenciarios implementan un esquema de reclusión basado en la igualdad de condiciones, que abarca la vestimenta, la alimentación y la atención sanitaria en igualdad de condiciones. Este modelo, sostuvo, limita la capacidad de las estructuras criminales para ejercer poder o generar dependencia entre los internos.

Finalmente, mencionó que la separación de las personas privadas de libertad se realiza por módulos, y que existe un criterio específico para apartar a quienes presentan vínculos con grupos criminales, reforzando así los mecanismos para bloquear su operatividad intramuros.