El Tribunal de Sentencia, integrado por el magistrado Pablino Barreto como presidente, y los jueces Inés Galarza y Juan Dávalos como miembros, realizó la constitución de una propiedad ubicada en el condominio Aqua Village, en la ciudad de Altos, inmueble que forma parte central de la investigación. Según los antecedentes, esta propiedad fue vendida en efectivo por el senador colorado Erico Galeano a Hugo González Ramos, presunto testaferro de Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, por un valor de USD 1.000.000.

El Tribunal, ejerciendo las facultades que le confiere la ley, decidió constituirse en la mencionada propiedad, que perteneció al enjuiciado, como parte de la fase de prueba dentro del juicio oral y público, que se prolonga por varios meses con la presentación y análisis de evidencia documental, pericial y testimonial.

Erico Galeano enfrenta cargos de asociación criminal y lavado de dinero, vinculados a su presunta participación en la estructura liderada por Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, y el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

Según la Fiscalía, el senador habría facilitado su avión privado a los líderes criminales mencionados para trasladarse dentro del territorio nacional, a cambio de pagos que habrían sido realizados por dichas colaboraciones. Adicionalmente, se le imputa la simulación de la venta de su residencia en Aqua Village por USD 1 millón, presuntamente en beneficio de “Tío Rico”.

En el escrito de acusación que se debate actualmente en la audiencia oral, la Fiscalía señala que: “Erico Galeano Segovia no solo se vinculó con la referida organización criminal mediante la compraventa del inmueble en Aqua Village, sino que también proporcionó a los principales líderes —incluyendo a Miguel Ángel Insfrán y a Sebastián Enrique Marset Cabrera, entre otros— el medio de transporte de su propiedad, permitiendo que los citados se trasladaran libremente dentro del territorio nacional”.

El fiscal a cargo, Corbeta, subraya que la participación de Galeano no fue un acto aislado ni accidental, sino que formaba parte de una colaboración sostenida con la red criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína, evidenciando la conexión directa del político con actividades ilícitas de alto nivel.

Este caso forma parte de un desprendimiento del Operativo “A Ultranza PY”, considerado el mayor golpe al crimen organizado en la historia del Paraguay, llevado a cabo con la colaboración de agencias internacionales como la DEA, Europol, la Policía Uruguaya y la SENAD.

El operativo permitió desmantelar una compleja red de narcotráfico y lavado de activos con ramificaciones internacionales, y resultó en la incautación de bienes por un valor superior a USD 150 millones, actualmente bajo administración de la Senabico, lo que refleja la magnitud del entramado criminal y el alcance de la investigación en curso.

La audiencia preliminar prevista para este viernes, en la causa que involucra al exjuez Víctor Niño Rodríguez y a parte de su antiguo equipo de trabajo, quedó finalmente suspendida. La diligencia debía realizarse ante el juez penal de garantías Rodrigo Estigarribia; sin embargo, fue interrumpida tras la presentación de certificados médicos por parte del exmagistrado y de dos de sus exfuncionarias, quienes alegaron dificultades de salud que les impedían comparecer.

Tanto el exjuez de Paz de la Recoleta, Víctor Niño Rodríguez, como la abogada y exactuaria Patricia Parodi y la ujier notificadora Ingrid Prette, presentaron reposos médicos que justificaron su ausencia. Esta situación obligó a reprogramar la audiencia preliminar para este grupo de procesados en esta causa específica.

En paralelo, la defensa de la actuaria Gloria Morínigo promovió una recusación contra el juez Estigarribia, argumentando presuntas vulneraciones a las garantías procesales de su representada. La recusación deberá ahora ser evaluada por la cámara de apelaciones.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, el exmagistrado Víctor Niño Rodríguez habría dictado resoluciones judiciales a favor de demandantes en procesos ejecutivos, incurriendo en graves irregularidades. La Fiscalía sostiene que Rodríguez habría “torcido el derecho” al validar hechos que no ocurrieron: específicamente, al tener por realizadas notificaciones que nunca fueron tramitadas y al dar por reconocidas firmas cuyo reconocimiento jamás fue efectuado.

Según la imputación, en 28 expedientes, el exjuez dictó 26 resoluciones todas con fecha 17 y 20 de enero de 2023 en las que tuvo por reconocidas las firmas de los supuestos deudores y dispuso el avance de los juicios ejecutivos. Estas resoluciones habrían sido respaldadas por informes de la ujier Ingrid Prette, quien declaró haber practicado notificaciones en nueve ciudades distintas Asunción, Capiatá, Caaguazú, Fernando de la Mora, Yataity del Norte, Ciudad del Este, Capiatá (dos veces consignada), Limpio y Areguá, en un lapso de apenas cuatro horas, lo cual la Fiscalía considera materialmente imposible.

El exjuez Niño Rodríguez y sus exfuncionarios afrontan además otro proceso penal por prevaricato y otros hechos punibles. Según el Ministerio Público, todos habrían actuado en complicidad con casas de crédito que estafaron a funcionarios del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) mediante pagarés fraguados.

La Fiscalía detalla que en los procesos tramitados ante el exmagistrado se habrían simulado notificaciones a los funcionarios del SNPP, quienes se convirtieron en víctimas de la denominada “mafia de los pagarés”, una estructura que habría recurrido a documentos adulterados para ejecutar deudas inexistentes.

El Ministerio Público afirma que los procesos ejecutivos promovidos ante el Juzgado de Paz de la Recoleta habrían sido tramitados en clara connivencia entre los representantes legales de las casas de crédito y determinados funcionarios judiciales de ese juzgado.

De acuerdo con el relato de la agente fiscal Karina Caballero, entre 2020 y 2022 directivos de las firmas SERFIN S.A. y PRESTO S.A. habrían adulterado fechas de emisión y vencimiento de pagarés que ya estaban cancelados, para luego utilizarlos fraudulentamente en procesos ejecutivos ante el juzgado de Víctor Niño Rodríguez.

La imputación también señala que las actuarias Rosa del Pilar Lezcano Correa y Gloria Isabel Morínigo Gill, así como los ujieres notificadores Ingrid Natalia Macarena Prette Goldenberg y Fernando Cáceres González, habrían incurrido en graves irregularidades procesales. Según la Fiscalía, los funcionarios acompañaron el trámite de juicios de preparación de la vía ejecutiva contra asociados del SNPP, utilizando pagarés adulterados correspondientes a cuentas totalmente canceladas y omitiendo notificar adecuadamente a los afectados.

Ada Liz Da Rosa Franco, esposa del expolicía Roberto Osorio ambos condenados por hechos de corrupción en el sonado caso conocido como “Vales de Combustible”, obtuvo el beneficio de la libertad condicional, tras cumplir parte de su condena en prisión.

Da Rosa había sido sentenciada a cuatro años y seis meses de pena privativa de libertad por lavado de dinero, dentro del proceso que también involucró a su esposo, quien continúa recluido cumpliendo una condena de ocho años de cárcel por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, al no poder justificar más de G. 776 millones, según la acusación del Ministerio Público.

La jueza de Ejecución Penal Sandra Kirchhofer fue quien resolvió hacer lugar al pedido de libertad condicional, al constatar que la condenada cumplía con los requisitos legales para acceder al beneficio. La medida fue dispuesta con algunas reglas como la comparecencia de la mensual de la beneficiada ante juzgado hasta la fecha límite de cumplimiento de la pena.

En el mismo expediente fue condenado también el excomandante de la Policía Nacional, Francisco Alvarenga, a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito, al no poder justificar en su patrimonio más de G. 1.183 millones. En su caso, la justicia rechazó recientemente el pedido de libertad condicional, por lo que el exjefe policial permanece recluido en la Agrupación Especializada.

De acuerdo con el cómputo judicial realizado por el juez de Ejecución Carlos Luis Mendoza, Alvarenga cumplirá totalmente su condena el 2 de noviembre de 2026. Si bien ya se encuentra en condiciones de solicitar beneficios penitenciarios, deberá someterse previamente a un tratamiento psicológico y a programas de reinserción social, con el objetivo de evaluar su grado de comprensión sobre el daño patrimonial causado al Estado.

El magistrado había señalado en su momento que, para acceder a una eventual libertad transitoria o condicional, el excomandante “debe demostrar que ha asumido responsabilidad y comprendido el impacto de sus acciones, de modo a poder reinsertarse en la sociedad como un agente de cambio”.

La justicia determinó en el juicio que Alvarenga no pudo justificar el aumento de su patrimonio entre los años 2005 y 2015, periodo en el que se constató la adquisición de bienes inmuebles incompatibles con sus ingresos como funcionario público. El tribunal concluyó que su conducta fue dolosa y constituyó un grave atentado a la función pública.

La entonces presidenta del tribunal de sentencia, Yolanda Portillo, había calificado el comportamiento del excomandante como “un mal ejemplo para los funcionarios que ejercen su labor con rectitud”.

Además de la condena de seis años de prisión, el tribunal integrado por las magistradas Elsa García y Yolanda Morel junto a Portillo dispuso la prohibición de ocupar cargos públicos por cinco años y ordenó el comiso especial de bienes inmuebles hasta cubrir la suma de G. 1.000 millones.

En el marco de su compromiso con la modernización y la transparencia institucional, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia puso en marcha una plataforma digital de gestión de expedientes, que abarca desde la presentación hasta la definición de las causas. Esta innovación forma parte de un plan piloto que, en su primera fase, permitirá rastrear y monitorear la trazabilidad de los casos ingresados a la Sala.

Con esta herramienta, los abogados y usuarios del sistema judicial ya no tendrán que acudir físicamente al Palacio de Justicia para realizar consultas o retirar números de seguimiento. En adelante, bastará con vincularse digitalmente al sistema para acceder en línea al estado procesal de sus expedientes, reduciendo tiempos, desplazamientos y cargas administrativas.

El ministro Gustavo Santander Dans, miembro de la Sala Constitucional, destacó la importancia de este avance tecnológico como parte de la estrategia institucional de apertura y eficiencia judicial.

“Desde el mes de setiembre de este año, la Sala está desarrollando una nueva plataforma digital, en reemplazo del viejo sistema. Es un plan piloto, aún no es definitivo; lo estamos haciendo con recursos propios, con la ayuda y la inteligencia de nuestros propios funcionarios. Esto va a permitir la trazabilidad de los expedientes, lo que traerá transparencia en la tramitación de los expedientes. La Sala apuesta por la transparencia”, subrayó el ministro Santander.

El alto magistrado señaló además que con esta herramienta los abogados “tendrán el control” de sus expedientes, pudiendo realizar un seguimiento remoto y continuo del avance de sus causas.

Según los registros de la Sala, el proceso de carga digital avanza de manera sostenida: en septiembre fueron ingresados seis expedientes, en octubre treinta y en noviembre sesenta y seis, todos ya disponibles para su trazabilidad dentro del sistema. Estos datos demuestran la gradual consolidación de la digitalización en una de las dependencias históricamente más complejas del Poder Judicial.

A fin de facilitar el acceso, se insta a los profesionales del derecho a comparecer ante la Secretaría de la Sala Constitucional para vincularse formalmente a sus expedientes. Una vez registrados, podrán consultar y revisar sus causas desde cualquier lugar, a través de la plataforma en línea. Para ello, se encuentra disponible una planilla especial destinada a los abogados interesados en gestionar su vinculación.

Finalmente, el ministro Santander remarcó que este proyecto constituye la cuarta iniciativa impulsada por la Sala Constitucional en su proceso de mejora continua, orientado a optimizar la gestión de una de las dependencias con mayor volumen de trabajo dentro del sistema de justicia.