En su última sesión, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió iniciar de oficio el enjuiciamiento de la jueza, tras las conclusiones de la auditoría de gestión realizada por la Corte Suprema de Justicia a su despacho. La Corte ya había adoptado la medida cautelar de suspenderla en sus funciones y remitir sus antecedentes al JEM.

La Corte también remitió los antecedentes al Ministerio Público para someterlos a análisis y verificar si la conducta desplegada por la magistrada constituye un hecho punible, al igual que en los casos de sus colegas de Asunción.

La magistrada está salpicada por el mismo esquema de fraude con pagarés que ha dejado a cientos de víctimas —en su mayoría funcionarios públicos y jubilados— despojadas de sus haberes, sin posibilidad de defenderse en juicios ejecutivos impulsados de forma unilateral y aparentemente avalados por una red de corrupción judicial.

Pero el escándalo no se limita a la magistrada. La investigación revela que varios funcionarios judiciales del mismo juzgado también habrían participado activamente en el esquema delictivo, lo que extiende la mancha de corrupción más allá de los despachos de Asunción.

Además de la jueza Norma Beatriz Ortiz de Segovia, están bajo sumario administrativo los actuarios judiciales Elena Noemí Ojeda Duré, Raúl Ernesto Jara Foth y Adriana Yudith Flecha Roldán, así como el ujier notificador Sergio Daniel Orué Sanabria.

Igualmente, se encuentran incluidos los oficiales de justicia Rolando Britos Marín, Alma Valeria Villalba, Silvio César Mareco, Martha Isabel Ramírez, Cristian Ramón Amarilla Closs, Marcos Norberto Enciso Arias, Ignacio Ariel Franco Benítez, Mario Rafael Leguizamón, Willian Marcos Aquino Almirón, Máximo Derlis Lugo Jara, Víctor Manuel Ruiz González, Víctor Manuel Álvarez Torres, Heriberto Osvaldo Britos Mongelós y Víctor Javier Encina.

Todos ellos deberán someterse al proceso de averiguación, comprobación y esclarecimiento de los hechos denunciados, que apuntan a una estructura operativa interna que habría facilitado la tramitación irregular de pagarés.

Este nuevo capítulo se suma a una serie de denuncias y causas abiertas contra operadores de justicia vinculados al uso fraudulento de pagarés, una práctica sistemática y perjudicial para miles de personas, muchas de ellas indefensas ante juicios ejecutivos en los que ni siquiera fueron notificadas.

El caso de Luque refuerza la sospecha de que este esquema criminal no se limita a los juzgados de la capital, sino que podría estar extendido a nivel nacional, operando bajo el amparo de complicidades internas, omisiones deliberadas y una corrupción arraigada en el sistema judicial.

El Ministerio Público concluyó recientemente su primera investigación sobre cinco juzgados de Paz de Asunción, pero, a juzgar por la magnitud de los nuevos hallazgos, todo indica que este sería apenas el inicio de una red mucho más amplia y compleja.

Lo que parecía un problema aislado se perfila ahora como una estructura delictiva enquistada en el Poder Judicial, que durante años habría operado con impunidad, afectando gravemente los derechos de ciudadanos que, en muchos casos, ni siquiera tuvieron la oportunidad de defenderse.

La Corte Suprema de Justicia viene impulsando una serie de iniciativas legislativas y administrativas para tratar de combatir esta estructura que nace en sus propias sedes judiciales.

La jueza penal de Garantías Isabel Bracho presentó su descargo ante la imputación formulada por el Ministerio Público en su contra, en el marco de una investigación por presunto cohecho pasivo agravado. La magistrada es señalada de recibir supuestamente una suma de 50.000 dólares para dictar resoluciones favorables a un procesado por narcotráfico.

La causa se desprende del operativo denominado Mercat, iniciado en 2021, en el que fueron incautadas drogas, importantes sumas de dinero y vehículos vinculados a una estructura de tráfico de estupefacientes. Según la imputación fiscal, Bracho habría recibido el mencionado monto para beneficiar al principal implicado, Walter Galindo, mediante la revocatoria de su prisión preventiva y la posterior concesión del arresto domiciliario.

La jueza señaló que estas medidas fueron dictadas avaladas en un dictamen del médico forense del Poder Judicial que recomendaba la aplicación de un arresto domiciliario para Galindo por estar en «riesgo» su vida.

Además de la jueza, también se encuentran procesadas su actuaria, Ruth Karina Ferrería, y la exfiscal jubilada Egidia Gomes, hermana del fallecido diputado Lalo Gomes, quienes igualmente habrían tenido participación en los hechos investigados.

“Yo no sé cómo demostraron que esta persona desembolsó ese dinero, esos 50.000 dólares; cómo demostraron que él pagó todo ese dinero y quién recibió ese dinero, porque yo no recibí”, señaló la magistrada, cuestionando los elementos presentados por la Fiscalía.

Mientras la jueza ejercía su defensa, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió por unanimidad hacer lugar al pedido de desafuero y dispuso su suspensión en el cargo, medida adoptada en atención a la gravedad de los hechos atribuidos y a fin de permitir que la investigación avance sin interferencias.

Con esta decisión el juez Humberto Otazú está habilitado a admitir la imputación del Ministerio Público respecto a la juez quien tendrá la oportunidad de ejercer su defensa formalmente en el expediente.

La justicia condenó a 20 años de cárcel a un hombre quien se aprovechó de la confianza que le confirió una familia y lo recibió en su casa como «médico naturalista».

El agente fiscal Arnaldo Javier Garayo, representó al Ministerio Publico en el juicio oral y público que concluyó con la condena 20 años de privación de libertad para un médico naturalista hallado culpable del hecho punible de abuso sexual en niños.

Según el relato del Ministerio Público, los abusos ocurrieron en varias ocasiones, en una vivienda rural cuando el acusado fue contratado en su calidad de médico naturalista, en el mes de abril del año 2022, por parte de los padres de la víctima para supuestamente curar a sus animales vacunos que se morían.

De esa forma el condenado ganó la confianza de los padres de la víctima quienes decidieron darle una habitación para su uso, la cual quedaba detrás de la casa principal. Luego el acusado pidió que la niña trabaje con él para enseñarle el “arte de sanar animales” y así ella pueda ayudarlos, ya que según les dijo a sus padres, la niña tenía un “don especial” a lo que sus progenitores accedieron.

Ya en el mes de abril del año 2022 el acusado empezó a manosearla, luego la obligó a tener relaciones sexuales, lo que empezó a ser habitual hasta el mes de agosto del año 2022. La víctima en todo momento se encontraba bajo amenaza de muerte para que no cuente a sus padres lo que él le hacía, ya amenazaba con matarla a ella y a sus padres.

El Tribunal de Sentencia estuvo integrado por la magistrada Liz Sanabria de Gneiting como presidente, y como miembros titulares Ninfa Aguilera y Deyanira Villalba, quienes dieron por acreditado los hechos ante las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público.

A solicitud del ministro Eugenio Jiménez Rolón, el pleno de la Corte Suprema de Justicia resolvió suspender, con goce del sueldo básico, a la jueza Isabel Bracho. La magistrada enfrenta imputaciones formuladas por el Ministerio Público por presuntamente haber recibido 50.000 dólares para favorecer al narcotraficante Walter José Galindo Domínguez durante su proceso penal.

Bracho está imputada de los delitos de cohecho pasivo, frustración de la persecución penal y realización del hecho por funcionarios, según detalla la imputación presentada por la Fiscalía.

Según el relato del agente fiscal, durante el proceso judicial de Galindo, la jueza habría recibido el mencionado monto con el objetivo de otorgarle beneficios irregulares, incluyendo medidas cautelares menos gravosas. La investigación indica que, con la participación de su actuaria judicial, se habrían expedido actas y providencias de manera irregular, que culminaron en el otorgamiento de arresto domiciliario, permisos especiales y, finalmente, una salida procesal favorable para el imputado, pese a existir una orden de captura vigente por violación de sus medidas.

Entre las pruebas recabadas por el Ministerio Público se encuentran actas redactadas sin la presencia del procesado, providencias firmadas únicamente por la actuaria judicial, escuchas telefónicas que evidenciarían negociaciones para beneficios indebidos y resoluciones basadas en informes médicos presuntamente falsificados.

La gravedad de las sospechas contra la jueza se acentúa debido a que, según el Ministerio Público, habría facilitado un sobreseimiento definitivo mediante la aplicación de un criterio de oportunidad, lo que habría beneficiado de manera indebida al procesado.

En la misma causa también están imputadas la exfiscal Egidia Gómez, quien presuntamente habría recibido promesas de beneficios económicos a cambio de la devolución o sustitución de evidencias incautadas, entre ellas tres paquetes de cocaína de 1.486 gramos, que habrían sido reemplazados por bicarbonato. Según la investigación, la exfiscal habría mantenido bajo su control estas evidencias en su despacho hasta septiembre de 2021, cuando finalmente fueron remitidas a las dependencias correspondientes.

La investigación se enmarca en la causa “Walter José Galindo Domínguez y Otros s/ Ley 1881/2002 que modifica la Ley 1340/88 y otros”, tramitada en la Unidad Penal n.º 3 de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico. Los hechos investigados se remontan a mayo de 2021, cuando, tras un allanamiento en una vivienda de Villa Elisa, se incautaron sumas de dinero, sustancias estupefacientes, una camioneta, teléfonos celulares y otras pertenencias, es dentro de esta causa que supuestamente las indiciadas cometieron los hechos punibles que alega la Fiscalía.

La decisión de suspender a la jueza generó un amplio debate entre los ministros de la Corte. El ministro Víctor Ríos expresó reservas sobre la medida, advirtiendo que una imputación no debe asumirse como un hecho cierto y que los fiscales pueden equivocarse. “Se asume la imputación como una verdad incontrastable, como si fuera sagrada, bíblica. ¿No hay posibilidad de error? Debemos ser cautelosos al aplicar medidas cautelares sin tener todos los antecedentes a la vista”, afirmó Ríos al defender a la magistrada. Sin embargo, la medida se aprobó por mayoría, resolviendo que la suspensión se aplicaría con goce del sueldo básico.

Durante la vigencia de la suspensión, el juez Rodrigo Duré asumirá las funciones de la magistrada.

El agente fiscal Juan Alberto Godoy Blanco, de la Unidad Penal de Santa Rosa del Aguaray, presentó acusación por estafa y producción de documentos no auténticos contra Willian Bogarín Campuzano, José Ljubetic Arrellaga e Ilsa Paredes, solicitando la elevación del caso a juicio oral y público.

Los tres están sindicados de haber perpetrado una compleja estafa contra colonos menonitas, mediante la promesa fraudulenta de adjudicación de tierras del INDERT, logrando despojarlos de la suma total de USD 1.600.000.

Según el Ministerio Público, existen elementos probatorios contundentes que demuestran la participación activa de los acusados en el esquema delictivo y que permitirán acreditar en juicio la responsabilidad penal de cada uno. Si bien en las etapas iniciales de la investigación surgieron versiones que mencionaban una posible implicancia de magistrados en la maniobra, la Fiscalía no formuló conclusiones sobre ese punto.

En el momento en que los hechos ocurrieron, Willian Bogarín Campuzano ocupaba un alto cargo en el Congreso Nacional, posición que, habría sido utilizada para dotar de apariencia de legalidad y credibilidad al engaño, actuando en connivencia con los abogados José Ljubetic Arrellaga e Ilsa Paredes.

El escrito acusatorio detalla que José Ljubetic Arrellaga mantenía de manera permanente una “expectativa ficticia” en las víctimas los colonos Herman y Bernardo Friesen Neufeld mediante el envío continuo de supuestos reportes del avance de trámites legales ante el INDERT, atribuidos a los abogados Bogarín Campuzano y Paredes.

Dichos informes, según consta en actas notariales, eran totalmente falsos y formaban parte del mecanismo utilizado para sostener la confianza de las víctimas mientras se perpetraba la estafa.

La acusación explica que entre 2020 y 2022, los procesados aseguraron reiteradamente que las tierras prometidas un total de 4.000 hectáreas en el Chaco, estaban atravesando supuestos problemas legales, y que ellos se encontraban gestionando la liberación de esas restricciones. Sin embargo, la Fiscalía afirma que ninguna de esas afirmaciones se ajustaba a la realidad y que los acusados solo buscaban ganar tiempo para continuar recibiendo dinero de los afectados.

Por cada desembolso, Ljubetic Arrellaga firmaba recibos de dinero, documentos que hoy integran el cuerpo probatorio y cuya autenticidad fue confirmada por peritajes caligráficos, razón por la cual el Ministerio Público solicita su admisión formal para el juicio.

El Ministerio Público sostiene que existen elementos “con creces” para demostrar no solo el modus operandi sino también la participación coordinada de los tres acusados.

“Se encuentra probado que los mismos habrían estructurado un plan destinado a inducir en error a las víctimas, manteniéndolas bajo una constante expectativa mediante maniobras engañosas destinadas a concretar el desapoderamiento millonario”.

En consecuencia, la Fiscalía considera reunidos los requisitos para que el caso sea debatido en un juicio oral, donde se buscará obtener una condena proporcional al daño económico causado a las víctimas.

La jueza penal de garantías, hizo lugar a la extradición de Erick Luis Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, quien una vez firme esta decisión será entregado a su país de origen Perú donde el ciudadano peruano enfrenta múltiples causas penales.

Moreno Hernández, señalado como el líder del grupo criminal “Los Injertos del Cono Norte”, permanece recluido en la penitenciaría de máxima seguridad de Emboscada, Martín Mendoza, mientras aguada que esta sentencia quede firme.

Conocido por su historial delictivo y considerado de alta peligrosidad, “El Monstruo” se había establecido en Paraguay desde hacía más de dos años, buscando evitar a sus enemigos y permanecer fuera del radar de las fuerzas de seguridad.

Fue localizado en San Lorenzo y capturado durante un operativo realizado el pasado 24 de septiembre, gracias a la información aportada por un informante que ahora reclama la recompensa ofrecida por el gobierno del Perú.

Pese a las acusaciones en su país de origen que incluyen secuestro y otros delitos graves vinculados al crimen organizado, Moreno Hernández sostuvo que nunca cometió ilícitos en Paraguay y que residía en el país buscando tranquilidad. No obstante, las autoridades paraguayas confirmaron que su estadía respondía a intentos de expandir sus redes dentro del tráfico internacional de drogas.

La decisión judicial marca el inicio de la entrega del hombre a Lima, donde será juzgado por las autoridades competentes. Mientras tanto, “El Monstruo” seguirá privado de libertad en territorio paraguayo, bajo estrictas medidas de seguridad.