El Tribunal de Sentencia que juzga el caso citó a las partes para este miércoles, a las 7:30, a fin de dar a conocer su veredicto respecto al proceso que involucra al periodista Carlos Granada, acusado por el Ministerio Público por varios hechos punibles, siendo el más grave la coacción sexual.

El Ministerio Público, representado por las agentes fiscales Claudia Aguilera, Luz Guerrero y Nathalia Silva, solicitó una pena de diez años de cárcel para el periodista, al considerar que las pruebas confirman la existencia del hecho, basándose en el testimonio creíble de las víctimas, quienes declararon de manera uniforme ante el tribunal, así como en otros medios de prueba.

«El testimonio de las víctimas sí es creíble; son consistentes, son coherentes. Está sustentado no solo con testimonios, sino también con informes psicológicos y científicos», sostuvo la agente fiscal Nathalia Silva en conversación con Judiciales Net, al momento del cierre del debate oral para que el tribunal ingresara a deliberar.

Según la Fiscalía, el desarrollo del juicio permitió acreditar la acusación mediante declaraciones coincidentes de testigos, además de otros elementos probatorios incorporados durante el debate. Las fiscales consideraron que, con base en la gravedad de los hechos y en las evidencias presentadas, la sanción proporcional y justa para el procesado es de diez años de privación de libertad.

Por su parte, el abogado Álvaro Arias, quien ejerce la defensa del acusado, sostuvo que el hecho no fue probado durante los meses en que se desarrolló el juicio. «Si vamos a aplicar el derecho como corresponde, no hay pruebas que acrediten la existencia de los hechos que el Ministerio Público atribuye al señor Carlos Granada. Lo único que tiene el Ministerio Público son los relatos de las personas que denunciaron el hecho; no tiene otra cosa y, acompañando a esto, está el informe de las psicólogas del Centro de Atención a Víctimas», refirió el defensor.

El caso tuvo origen en la denuncia de un grupo de periodistas que afirmaron haber sido hostigadas con fines sexuales, sometidas a actos no consentidos y expuestas a coacciones ejercidas mediante amenazas que comprometían la estabilidad de sus puestos de trabajo.

En mayo de 2022, varias trabajadoras del Grupo Albavisión, de los canales SNT y C9N, formalizaron sus denuncias ante la justicia, manifestando que fueron víctimas de acoso y conductas de índole sexual por parte de Granada en diferentes oportunidades.

En la acusación fiscal se remarca que los relatos de las víctimas mantienen coherencia tanto en sus declaraciones ante la Fiscalía como durante las intervenciones realizadas por profesionales del Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público, donde fueron sometidas a contención psicológica y entrevistas especializadas.

El Tribunal de Sentencia encargado de emitir el veredicto final está presidido por la jueza Laura Ocampo e integrado por la magistrada Cándida Fleitas y el doctor Juan Pablo Mendoza. La resolución del caso queda ahora en manos del colegiado, tras la culminación de la dúplica y la réplica.

Tras la audiencia de revisión de medidas llevada a cabo por el Tribunal de Sentencia respecto al acusado, se ordenó que Miguel Insfrán, alias “Tío Rico”, regrese a la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú bajo estricta custodia.

Para el Tribunal de Sentencia, presidido por la jueza especializada María Luz Martínez, dicho centro penitenciario cuenta con un pabellón exclusivo de máxima seguridad para personas consideradas de alto perfil de peligrosidad, como el acusado de liderar un esquema de narcotráfico.

El traslado inicial de este recluso generó fricciones entre autoridades penitenciarias y jurisdiccionales, debido a que se movilizó al acusado sin previa comunicación al Tribunal de Sentencia que lo juzga por narcotráfico y otros delitos. La situación motivó que las autoridades jurisdiccionales enviaran un pedido de informe al Ministerio de Justicia para conocer la justificación del traslado de “Tío Rico” desde el penal de máxima seguridad de Minga Guazú hasta el Centro Penitenciario Martín Mendoza de Emboscada. Sin embargo, este requerimiento no fue contestado, por lo que se informó al Ministerio Público al considerarlo un desacato.

Desde el Ministerio de Justicia informaron que el movimiento respondió a razones de seguridad institucional, aunque el hecho llamó la atención de los jueces que juzgan a Insfrán, debido a que no fueron informados adecuadamente sobre la situación.

El Tribunal de Sentencia, presidido por la magistrada María Luz Martínez e integrado por los jueces Federico Rojas y Dina Marchuk, solicitó que el Ministerio de Justicia detalle los motivos, la fecha y el lugar exacto del traslado del acusado, considerado una persona de alto perfil.

De acuerdo con las autoridades penitenciarias, el traslado de “Tío Rico” responde a “razones de seguridad institucional y de gestión penitenciaria”, en el marco de las políticas de prevención y control aplicadas en los establecimientos de reclusión. En un comunicado, el Ministerio aseguró que las medidas buscan preservar la estabilidad y el orden del sistema penitenciario, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de los derechos y la integridad de las personas privadas de libertad.

Insfrán enfrenta actualmente un juicio oral. Según la Fiscalía, “Tío Rico” lideraba una estructura de narcotráfico familiar, con apoyo logístico de una facción uruguaya vinculada al prófugo Sebastián Marset, además de una red que suministraba cocaína desde Bolivia. El Ministerio Público sostiene que este grupo criminal habría logrado exportar más de 17 toneladas de cocaína (17.340 kilogramos), principalmente con destino a Europa y África.

“Para las remesas de cargas de cocaína, Sebastián Marset y Miguel Insfrán contaron con la participación de varias personas físicas y distintas empresas con perfiles adecuados, que no despertaran sospechas y se dedicaban precisamente al comercio internacional”, señala la acusación.

Durante la operación A Ultranza Py, se realizaron más de 100 allanamientos, en los que se incautaron vehículos, incluidas aeronaves, automóviles de lujo y camiones con dobles fondos, además de depósitos ubicados en el departamento Central, cerca de puertos utilizados para enviar la droga fuera del país. El operativo contó con apoyo de la DEA, autoridades de Uruguay, Europol y la SENAD.

El Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Óscar Gabriel Genez, Lourdes Morínigo y Evangelina Villalba, sentenció a 25 años de pena privativa de libertad a un sexagenario, quien se encuentra actualmente recluido en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este. El hombre fue hallado culpable de abuso sexual de dos nietas pequeñas.

Durante el debate oral, se produjo pruebas documentales, testimoniales y científicas para demostrar de manera irrefutable la existencia de los hechos y la participación del acusado, de 68 años. Para el colegiado las pruebas producidas fueron determinantes por ello aplicaron la pena de 25 años.

Si bien el agente fiscal Edgar Benítez Delgado, solicitó 30 años de prisión; el tribunal consideró que la pena justa que debía aplicar, era la 25 años de pena privativa de libertad.

De acuerdo con los antecedentes, el hoy condenado, aprovechaba los momentos en que las víctimas de 8 y 9 años iban de visita a la casa para manosearlas y finalmente sometió sexualmente a la niña de 9 años. La menor había comentado lo sucedido a su madre, pero esta no la creyó inicialmente.

Sin embargo, durante el desarrollo de la clase “Situaciones de Violencia hacia Niños” en su escuela, el 12 de setiembre de 2024, la niña se sintió segura y decidió confesar los abusos que sufrió de parte de su abuelo materno. Inmediatamente, la profesora y las autoridades del colegio denunciaron el caso ante la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENI) local y ante el Ministerio Público, que inició la investigación.

Tras reunir los elementos incriminatorios, consistentes en inspección médica forense, evaluación psicológica y entrevista en Cámara Gesell, la Fiscalía abrió el proceso penal contra el agresor sexual y logró la ejemplar condena.