La Cámara de Apelaciones declaró inadmisible el recurso presentado por la defensa del exjuez de Paz Gustavo Villalba, que buscaba reponer la fecha fijada para la audiencia preliminar. Con esta resolución, queda firme la convocatoria realizada por el juez Humberto Otazú, quien ya había admitido la acusación fiscal y establecido la fecha correspondiente, decisión que fue cuestionada por la defensa mediante reposición con apelación en subsidio.
El Ministerio Público sostiene que Villalba integraba el esquema conocido como la “mafia de pagarés”, al vincularlo con la supuesta emisión irregular de resoluciones judiciales que permitieron el despojo de haberes y jubilaciones de ciudadanos que ni siquiera fueron notificados de los procesos en su contra.
La investigación, a cargo de los fiscales Leonardi Guerrero y Jorge Arce, apunta a que Villalba habría replicado un patrón detectado previamente en otros juzgados: simular el cumplimiento de notificaciones en juicios ejecutivos para avanzar con las demandas a espaldas de los afectados, impidiéndoles ejercer su derecho a la defensa.
De acuerdo con el Ministerio Público, en al menos 88 expedientes tramitados ante su juzgado se registraron notificaciones inexistentes. En esos casos, se asentaba que los demandados no comparecían a reconocer sus firmas, lo que habilitaba la continuidad automática de los procesos.
Además de Villalba, fueron imputados su actuario, Aarón Valdez; los ujieres Osvaldo Insfrán y Jorge René Montiel; el abogado Alejandro Valiente, señalado como impulsor de las demandas en nombre de la empresa Credisolución SAECA; y el oficial de justicia Ronald Navarro. Todos enfrentan cargos en una causa que ya suma más de 60 imputados.
Los hechos atribuidos incluyen los delitos de prevaricato, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos falsificados. Según la Fiscalía, las actuaciones de los acusados solo aparentaban legalidad, mientras que en la práctica los procesos se tramitaban sin notificaciones reales y sin conocimiento de los presuntos deudores.
Uno de los indicios más graves señalados por la acusación involucra al oficial de justicia Ronald Navarro, quien habría informado la ejecución de embargos en cuatro expedientes distintos, en ciudades diferentes, pero todos a la misma hora, lo que evidenciaría una conducta deliberadamente irregular.
La investigación también refiere que los ujieres elaboraban informes de notificaciones nunca realizadas, mientras que el oficial de justicia reportaba intimaciones y ejecuciones simuladas. Todo ello según el Ministerio Público con pleno conocimiento del abogado Valiente, quien habría coordinado las maniobras para acelerar la tramitación de los juicios.
Con la decisión de la Cámara, el juez Otazú queda nuevamente habilitado para convocar a las partes a la audiencia preliminar y continuar con el proceso.
