A pesar de que la Fiscalía solicitó el sobreseimiento definitivo de tres directivos de casas comerciales investigados en el esquema conocido como la mafia de los pagarés, el juez Humberto Otazú dio trámite de oposición al pedido de sobreseimiento definitivo solicitado por el Ministerio Público.
Las víctimas acudieron este jueves al Palacio de Justicia de Asunción para exigir que el proceso que involucra a representantes de financieras y a funcionarios del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) avance sin privilegios ni impunidad.
El caso, que lleva años en etapa investigativa, gira en torno a presuntas maniobras de cobro irregular mediante pagarés firmados bajo engaño, presión o aprovechamiento de la vulnerabilidad económica de los afectados. En algunos casos, incluso se habrían emitido pagarés dobles por un mismo préstamo.
Comparecieron para la audiencia preliminar Gustavo Díaz, Gustavo Cartes y Belén Cartes, representantes de las firmas Serfin S.A. y Presto S.A., dos de las financieras investigadas por su presunta participación en el esquema.
Pese a los reclamos de los denunciantes, la fiscal del caso, Karina Caballero, reiteró su solicitud de sobreseimiento definitivo para todos los investigados. Alegó que no existen elementos suficientes para sostener una acusación formal, postura que generó profundo malestar entre las víctimas, quienes sostienen que la investigación no profundizó en la posible participación de funcionarios públicos ni en la magnitud real del esquema.
El abogado de las víctimas, Esteban Chávez, confirmó la resolución del juzgado y destacó que la remisión permitirá un control más exhaustivo de las actuaciones fiscales: “Resolvió darle trámite de oposición al requerimiento. Los argumentos minuciosos se alzaron en el sistema. Pero el juez explicó brevemente que, existiendo posiciones contradictorias de la Fiscalía y la querella, decide remitir al superior para un mejor control”, señaló Chávez.
