La Cámara de Diputados aprobó este martes una normativa que introduce nuevos procedimientos para ordenar y depurar los juicios ejecutivos, las acciones preparatorias y los procesos de cobro en guaraníes. Con esta medida, se pretende ofrecer una herramienta concreta para frenar abusos frecuentes en el uso de pagarés y para brindar mayor amparo a quienes son afectados por prácticas irregulares en este tipo de deudas.

La iniciativa se enmarca dentro de un paquete de reformas que apunta a modernizar el sistema judicial y optimizar el manejo de causas vinculadas a obligaciones financieras, un ámbito donde los retrasos y descontrol en expedientes han permitido que grupos organizados operen en perjuicio de ciudadanos vulnerables.

El proyecto plantea acelerar los trámites, dotarlos de mayor transparencia y garantizar que tanto acreedores como deudores cuenten con un proceso más claro y seguro. Entre las medidas centrales se establece un mecanismo de saneamiento para expedientes no ubicados: las secretarías judiciales deberán informar en un plazo máximo de diez días cuando un archivo no pueda ser encontrado. Si se confirma la pérdida, el juez tendrá la obligación de ordenar inmediatamente su reconstrucción.

La ley también prevé la suspensión o el levantamiento de medidas cautelares en causas donde se detecte la desaparición del expediente, así como la nulidad automática de actuaciones cuando existan irregularidades graves. Otro punto importante es la incorporación de herramientas digitales como el correo electrónico y la mensajería instantánea para que los demandados puedan acceder más fácilmente a las notificaciones y evitar quedar indefensos.

Asimismo, se contempla una protección especial para personas en situación de vulnerabilidad, quienes recibirán apoyo del Ministerio de la Defensa Pública durante estos procesos.

Con el respaldo unánime del pleno, el documento fue remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.

El juez especializado Rodrigo Estigarribia convocó para el 23 de diciembre a las 09:00 al fiscal Bernardo Javier Elizaur Aguirre, quien enfrenta un proceso penal tras un operativo de entrega vigilada llevado a cabo por el Ministerio Público en el marco de una investigación por presunta solicitud de soborno.

Elizaur, fiscal de la Unidad Penal de Emboscada, fue imputado por cohecho pasivo agravado luego de ser denunciado por exigir 10 millones de guaraníes para beneficiar a un procesado por lesión grave. La imputación fue presentada por la fiscal especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Yeimy Adle.

Según la investigación, el pedido de dinero habría sido canalizado mediante mensajes de texto enviados por su asistente fiscal, Lilian Andrea Florenciano, a la abogada defensora. A cambio del pago, supuestamente se ofrecía no presentar acusación formal y facilitar una salida procesal favorable para el imputado.

De acuerdo con la denuncia, al no concretarse el pago, el fiscal procedió a presentar la acusación. Posteriormente, se habría formulado un nuevo pedido de dinero, esta vez por un monto menor, con la promesa de allanarse a una suspensión condicional del procedimiento. Estos hechos motivaron la intervención de la Unidad Anticorrupción.

Tras la denuncia, el Ministerio Público organizó una entrega vigilada en la propia sede fiscal. Los billetes fueron fotocopiados y los agentes acompañaron la transacción. El operativo derivó en un allanamiento, durante el cual fueron incautados teléfonos celulares, CPUs y dinero en efectivo. La oficina del fiscal quedó clausurada como parte de las diligencias.

La asistente fiscal Lilian Florenciano fue imputada como cómplice del hecho punible.

En conferencia de prensa, Elizaur sostuvo su inocencia y afirmó haber sido “engañado” por su asistente, a quien atribuyó la presunta negociación irregular del expediente.

Entre enero y septiembre de 2025, los juzgados de Paz del país recibieron 22.981 denuncias por violencia doméstica, de acuerdo con los registros oficiales del Poder Judicial. Las cifras corresponden a las causas ingresadas bajo la Ley N.° 1.600/00 y fueron sistematizadas por la Secretaría de Género, a partir de los reportes de la Dirección de Estadística Judicial.

Los datos confirman que la violencia contra la mujer continúa siendo uno de los principales motivos de intervención judicial. La Circunscripción Judicial de Central volvió a encabezar la lista con 8.606 denuncias, lo que representa más de un tercio del total nacional.

En segundo lugar se ubica Alto Paraná, con 3.178 casos, seguido de Itapúa, donde se registraron 1.922 denuncias, y Cordillera, con 1.852. Estas cuatro circunscripciones concentran la mayor parte de los hechos reportados en el país.

El Observatorio de Género del Poder Judicial dio a conocer la alarmante cifra de casos relacionados con violencia hacia la mujer.

Si bien el informe abarca únicamente los casos denunciados, desde la institución recuerdan que la violencia doméstica continúa siendo un fenómeno subregistrado, ya que muchas mujeres aún no acceden a la justicia por miedo, falta de información o barreras institucionales.

A esto se suman los casos de feminicidio que, según el reporte oficial, entre enero y septiembre de 2025, registraron 17 causas por feminicidio y 33 por tentativa, según datos elaborados por la Secretaría de Género con base en la Dirección de Estadística Judicial.

Durante el mismo periodo, los juzgados penales dictaron 10 sentencias condenatorias por feminicidio y 8 por tentativa, lo que refleja la persistencia de la violencia extrema contra las mujeres en el país, pese a la vigencia de la Ley N.° 5777/16 de Protección Integral a las Mujeres.

La ministra Carolina Llanes presentó a sus pares una propuesta de acordada elaborada por la Oficina Técnica Penal (OTP), con el objetivo de establecer mecanismos más claros y eficientes para el control de las multas en el ámbito penal. La iniciativa busca garantizar mayor transparencia en la aplicación, registro y ejecución de estas sanciones dentro de los procesos judiciales.

Según explicó la ministra Llanes, la herramienta propone métodos precisos para supervisar las multas, permitiendo un seguimiento detallado desde su imposición hasta su cumplimiento efectivo. La propuesta incluye, además, sistemas de registro estandarizados que faciliten la trazabilidad de cada sanción, evitando irregularidades y asegurando que los recursos generados sean correctamente administrados.

En la elaboración de esta iniciativa participaron activamente también la Dirección de Administración y Finanzas del Poder Judicial, aportando su experiencia en gestión de recursos, con el fin de que la acordada cumpla con los estándares de control y eficiencia exigidos en la administración pública.

Actualmente, la propuesta se encuentra circulando por los despachos de los distintos ministros, quienes podrán realizar sus aportes y observaciones para perfeccionar la iniciativa. Se espera que, tras este proceso de análisis y retroalimentación, la acordada pueda ser aprobada y puesta en marcha, fortaleciendo los mecanismos de fiscalización y control sobre las multas en el ámbito penal.

El juez penal de Garantías Humberto Otazú resolvió este viernes aplicar medidas alternativas a la prisión a la magistrada Isabel Bracho, quien compareció para la audiencia de imposición de medidas en el marco de la causa que enfrenta por presunto cohecho. La jueza es investigada por supuestamente haber recibido USD 50.000 del narcotraficante Walter Galindo, considerado uno de los líderes de una estructura criminal desarticulada en el operativo Mercat, desarrollado en 2021.

Durante la audiencia, el magistrado Otazú dispuso una serie de restricciones mientras avanza la investigación. Entre ellas se incluyen: fianza real por G. 150.000.000.000, fijación de domicilio, sin posibilidad de modificarlo sin autorización judicial, prohibición de cambiar de número telefónico, a fin de garantizar la disponibilidad de la imputada para diligencias procesales y la prohibición de salida del país, medida adoptada para evitar un eventual riesgo de fuga.

La imputación sostiene que la jueza Bracho habría recibido el dinero a cambio de dictar resoluciones favorables a Galindo, específicamente la revocatoria de su prisión preventiva y la concesión del arresto domiciliario. El caso guarda relación con el operativo Mercat, donde fueron incautadas importantes cantidades de drogas, sumas de dinero en efectivo y vehículos vinculados a una organización dedicada al tráfico de estupefacientes.

El Ministerio Público atribuye a la magistrada la comisión de cohecho pasivo agravado, además de otros hechos punibles, debido a la presunta manipulación de decisiones judiciales en beneficio al procesado.

En su momento, Bracho negó tajantemente haber recibido dinero y cuestionó los elementos probatorios alegados por la Fiscalía. Sostuvo que sus resoluciones se basaron exclusivamente en informes oficiales del Poder Judicial.

Según su versión, el cambio de medida impuesto a Galindo se fundamentó en un dictamen del médico forense, quien habría recomendado el arresto domiciliario debido a un supuesto riesgo para su vida.
La magistrada señaló:
“Yo no sé cómo demostraron que esta persona desembolsó ese dinero, esos USD 50.000; cómo demostraron que él pagó todo ese dinero y quién recibió ese dinero, porque yo no recibí”, afirmando que no existe prueba que la vincule con el presunto pago.

Además de Bracho, también figuran como procesadas: Ruth Karina Ferrería, actuaria de la magistrada y Egidia Gomes, exfiscal jubilada y hermana del fallecido diputado Lalo Gomes, ambas habrían tenido participación en los supuestos hechos irregulares detectados durante la investigación del caso.