La justicia ha marcado un hito en la lucha contra el robo de energía vinculado a la criptominería. En un fallo sin precedentes, el juzgado penal de Garantías de San Estanislao, a cargo del juez Francisco Alfredo Varela, ordenó el comiso de 762 máquinas de criptominería, vinculadas a un robo de energía eléctrica. Esta decisión histórica, establece un precedente judicial relevante, se dio tras un operativo conjunto entre la ANDE, el Ministerio Público y la Policía Nacional.

Los acusados Ildo Aloicio Vianna y Tony Ma Shing Guan fueron condenados por la sustracción de energía eléctrica. La operación se llevó a cabo en Guayaybí, departamento de San Pedro, donde se descubrió una estructura clandestina de criptominería que operaba de forma ilegal utilizando energía sustraída de la red eléctrica nacional.

El 11 de diciembre de 2025, en la audiencia preliminar, el fiscal Carlomagno Alvarenga, de la Unidad Penal N.º 1, representó al Ministerio Público, mientras que el juez Varela resolvió hacer lugar al procedimiento abreviado. Como resultado, los acusados recibieron una condena de dos años de pena privativa de libertad, con suspensión de ejecución bajo condiciones. Ambos acusados aceptaron su responsabilidad en el delito.

El fallo, sin embargo, no se limitó a la condena de los involucrados. El magistrado también resolvió, en virtud del artículo 86 del Código Penal, el comiso de las 762 máquinas BITMAIN utilizadas en la actividad ilícita de criptominería. Este comiso constituye el primer antecedente judicial en Paraguay relacionado al comiso de equipos empleados en la minería ilegal de criptomonedas vinculada al robo de energía, estableciendo un precedente clave para futuras investigaciones.

El caso inició el 26 de julio de 2024, cuando, tras investigaciones previas, un equipo conjunto de la ANDE, el Ministerio Público, la Policía Nacional, y técnicos de la Gerencia Comercial de la ANDE, allanaron una propiedad en el barrio San Pedro de la ciudad de San Estanislao. Allí se descubrió una infraestructura completa dedicada a la criptominería, con equipos informáticos distribuidos en estanterías y dos transformadores de 1.500 kVA, todos conectados ilegalmente a la red de Media Tensión de la ANDE.

Durante el operativo, fue detenido Víctor Orrego, custodio del inmueble, que era propiedad de Vianna y arrendado a Ma Shing Guan. La estructura operaba clandestinamente, causando un significativo robo de energía.

Un tribunal condenó a 25 años de prisión a Martín Israel Ramírez por el homicidio de Cristopher Ayala, ocurrido durante una violenta riña callejera registrada en julio de 2022 frente al Casino Madrid, en la ciudad de Ñemby. En el mismo juicio oral y público, Álvaro Adrián Romero fue sentenciado a 3 años y 3 meses de cárcel por perturbación de la paz pública.

Según se probó en el debate, el hecho se inició la noche del 24 de julio de 2022 en la intersección de Acceso Sur y Capitán Bado, cuando Romero comenzó una pelea en la vía pública y agredió a Ayala, obligándolo a retroceder hasta un puesto de lomitería. En medio del altercado, Romero tomó un cuchillo y atacó a varias personas, hiriendo a Carlos Ríos en el muslo izquierdo.

Durante el intento de auxilio a Ayala, otras personas también resultaron lesionadas, entre ellas Néstor Estigarribia y el propio Ayala, quien sufrió una herida en la cabeza. En ese contexto de extrema violencia, apareció Martín Ramírez, quien extrajo un arma de fuego y disparó contra Ayala, causándole heridas en el cráneo que derivaron en su muerte.

Tras el ataque, tanto Ramírez como Romero se dieron a la fuga, aunque posteriormente fueron identificados y llevados a juicio. El tribunal consideró acreditada la responsabilidad penal de Ramírez por homicidio doloso y violación a la Ley de Armas, mientras que Romero fue hallado culpable por su participación en los disturbios que precedieron al crimen.

La acusación estuvo a cargo del Ministerio Público, que sostuvo que el disparo fatal se produjo en un contexto de violencia desatada en la vía pública, sin posibilidad de justificación, criterio que fue respaldado por la sentencia.

La Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés manifestó su preocupación y rechazo ante la reunión secreta que involucra a miembros de la Corte Suprema de Justicia, al presidente de la República y a un líder de un partido político. Según el comunicado difundido por la organización, este encuentro sugiere un posible propósito oculto y evidencia la sumisión de la Corte ante poderes fácticos.

En su declaración, la coordinadora señaló que las explicaciones brindadas por los ministros de la Corte en la sesión plenaria del 10 de diciembre resultaron insuficientes, infantiles e increíbles, reforzando sus denuncias sobre la genuflexión de la justicia ante intereses ajenos al Estado. Además, alertaron sobre la presencia de personas externas al poder en la reunión, calificándola como una clara señal de influencia indebida sobre la Corte.

El comunicado asegura que el Estado paraguayo y su modelo de gobierno estarían atrapados por la mafia, lo que habría convertido al país en un “territorio feudal” donde la población estaría bajo el control de un grupo dominante.

La coordinadora hizo un llamado a la ciudadanía para que: tome conciencia y adopte una actitud crítica frente a la situación, observe con detenimiento los hechos para poder tomar decisiones informadas y ejercite su derecho humano a resistir la opresión y a defender el modelo democrático.

Asimismo, reafirmaron su compromiso con la defensa de los derechos de las víctimas y la vigencia de la democracia y los derechos humanos en Paraguay.

El comunicado fue firmado por Gabriela Sanabria y Pedro Coronel, quienes dejaron sus contactos para consultas y denuncias.

Por unanimidad, una cámara de Central confirmó la condena de 28 años de prisión para Oscar Ariel Caballero Sahlmann, hallado culpable de haber asesinado al exfiscal Javier Ibarra con dos disparos. La Fiscalía había solicitado 30 años de cárcel, pero el tribunal consideró adecuada la pena de 28 años.

Para el Ministerio Público, la declaración clave en la causa fue la de un testigo que trasladó al acusado en su motocicleta hasta la casa de la víctima y escuchó los disparos tras dejar a Caballero Sahlmann frente al domicilio de Ibarra.

Según el relato fiscal, entre las 22:46 del 24 de noviembre y la medianoche del 25 de noviembre de 2022, Oscar Ariel Caballero Sahlmann llegó a la vivienda de Javier Ibarra, ubicada en la intersección de Santa Carolina y Destacamento Cazal, barrio Santa Ana, en San Lorenzo, acompañado por el testigo en motocicleta.

Caballero descendió de la moto y le indicó al conductor que regresara en unos 40 minutos. Con el control del portón automático, ingresó al domicilio de Ibarra.

Al cumplirse el tiempo acordado, el testigo regresó y estacionó frente a la casa. Apagó la moto y escuchó uno o dos disparos provenientes del interior del domicilio. Momentos después, Caballero salió del garaje visiblemente nervioso y asustado, con el control del portón en la mano, indicándole al testigo que se retirara. Luego volvió a ingresar al hogar de Ibarra.

El testigo intentó encender su motocicleta sin éxito y decidió caminar hasta una estación de servicio Copetrol sobre la avenida Mariscal López, donde dejó su moto. Allí compró un cargador de celular en un local de Biggies. Mientras cargaba el teléfono en la gasolinera, recibió una llamada de Caballero, quien le preguntó su ubicación. Caballero estaba en un taxi y le pidió que se acercara.

El acusado también le entregó al testigo 100.000 guaraníes para cargar combustible y le preguntó sobre la motocicleta. Cuando el testigo volvió a interrogarlo sobre lo ocurrido en la casa de Ibarra, Caballero no respondió.

Posteriormente, Caballero pidió al testigo que fuera a su domicilio. Al llegar, el testigo observó que Caballero tenía una bolsa tipo TNT y un estuche. El acusado vertió combustible sobre la bolsa y quemó su contenido, mientras que el estuche, que contenía un arma de fuego, se lo entregó al testigo para que lo guardara o se deshiciera de él. Según declaró, accedió por temor, sin saber que se trataba de la vivienda del exfiscal ni de que allí había ocurrido un homicidio.

El fiscal a cargo del caso es Julio Ortiz.

Tras diez meses de juicio, la fiscal María Irene Álvarez logró una sentencia histórica en el caso “MERCAT”. El juicio culminó con la condena de 15 acusados, encabezados por Walter José Galindo Domínguez, considerado el principal responsable de una red dedicada a la distribución de cocaína bajo la modalidad de delivery. Galindo recibió 19 años de prisión, la pena más alta del proceso.

Además de Galindo, fueron sancionados: Luz Antonella Guerrero Quintana (13 años), Nayeli Ortíz Domínguez (3 años), Cristhian Galeano Lugo (11 años), Lucas Rodríguez (5 años), Fernando Silva Riveros (12 años), Fernando Ocampos Benítez (10 años), Marcos Ocampos Benítez (5 años), Marcos Ortellado (5 años), Héctor David Rivas (5 años), Pedro Godoy Rivas (5 años), Gerardo Vallejos Soler (12 años), Fares Dan Ortiz de León (5 años), Alberto Paniagua Mussto (4 años) y César Godoy (4 años).

Durante el juicio se comprobó que Galindo operaba desde hacía aproximadamente ocho años, coordinando la venta de cocaína en Asunción mediante un esquema que incluía distribuidores, colaboradores logísticos y encargados de la mixturación de la droga.

Las evidencias también demostraron que, tras su detención con cocaína, el condenado intentó sobornar a funcionarios del Ministerio Público y del Poder Judicial ofreciendo USD 50.000, maniobra en la que participó su pareja, Luz Antonella Guerrero. Esto derivó en su condena por comercialización de drogas y soborno agravado.

El Tribunal determinó que varios de los procesados entre ellos Gerardo Vallejos, Fernando Silva Riveros, Fernando Adrián Ocampos y Cristhian Galeano— actuaban como colaboradores directos en la venta al menudeo. Otros imputados, como Héctor David Rivas, Marcos Ortellado, Lucas Rodríguez, Alberto Paniagua Mussto y Fares Dan Ortiz de León, fueron considerados partícipes secundarios dentro del esquema de distribución.

En cuanto a Nayeli Ortiz Domínguez, fue sentenciada por facilitar el ocultamiento de un dúplex adquirido con dinero de origen ilícito, mientras que Mauro Rodríguez fue absuelto al no encontrarse pruebas concluyentes en su contra.

El Tribunal ordenó el comiso del dúplex ubicado en Villa Bonita (Villa Elisa), además de vehículos, motocicletas, embarcaciones y otras propiedades vinculadas a Galindo. Las armas y municiones incautadas deberán ser destruidas.

La causa se originó a finales de 2020 mediante la interceptación de comunicaciones y culminó con allanamientos simultáneos en marzo de 2022. El Tribunal de Sentencia estuvo presidido por el juez Pablino Barreto.