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Capacitación preventiva abordó violencia familiar y trata de personas en Pilar

En la Sala de Juicios Orales del Palacio de Justicia de Pilar se desarrolló un seminario taller de carácter preventivo centrado en la violencia familiar, en sus distintas expresiones, y en la trata de personas, con énfasis en el marco normativo vigente y su aplicación práctica. La actividad tuvo lugar esta semana.

La apertura estuvo encabezada por la presidenta del Consejo de Administración Judicial de la Circunscripción de Ñeembucú, Rosa de Jesús Quiñónez, junto a la vicepresidenta primera, Adelaida Servián Vega, y la vicepresidenta segunda, Ana Luz Franco.

Durante el acto inicial, las autoridades resaltaron el valor de estos espacios de formación continua para fortalecer el conocimiento de las normas y su correcta implementación, considerando la sensibilidad y el impacto social de los temas tratados.

Las exposiciones estuvieron a cargo de la doctora Silvia López Safi, directora de la Secretaría de Género del Poder Judicial, y de la doctora Lourdes Barboza.

En su presentación, López Safi se refirió a la protección integral de las mujeres frente a toda forma de violencia, destacando este enfoque como una herramienta clave para promover cambios culturales y estructurales, así como para reforzar la prevención y la tutela efectiva de derechos.

Por su parte, Barboza profundizó en la problemática de la trata de personas, abordando su definición, las etapas del proceso captación, transporte y traslado y las modalidades de cruce fronterizo, tanto regular como irregular. Además, explicó los alcances de la Ley N.º 4788/12, haciendo hincapié en las sanciones previstas para conductas vinculadas a la explotación sexual, así como en los mecanismos de protección y asistencia a víctimas y testigos.

La jornada concluyó con trabajos grupales, en los que los participantes analizaron y debatieron casos prácticos relacionados con la violencia familiar y la trata de personas, favoreciendo el intercambio de experiencias y criterios de actuación.

Sobreseen definitivamente a Marly Figueredo en la causa “Merienda Escolar”

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El juez Rodrigo Estigarribia, a pedido del Ministerio Público, resolvió el sobreseimiento definitivo de Marly Figueredo, esposa del exgobernador Rodolfo Friedmann, quien había sido imputada en su momento por presunto lavado de dinero. La Fiscalía concluyó que, durante la investigación, no se lograron reunir elementos para sostener dicha imputación.

En la audiencia preliminar convocada por el magistrado, se dispuso el archivo de la causa respecto a Figueredo, quedando así desvinculada de un proceso judicial al que estuvo sometida durante varios años.

La acusada contó con la defensa técnica del abogado Guillermo Duarte Cacavelos, quien desde el inicio del proceso sostuvo que su clienta no tuvo participación alguna en los hechos investigados.

No obstante, la causa continúa respecto a Rodolfo Friedmann y otros procesados en el caso conocido como Merienda Escolar. La Fiscalía acusa a Friedmann por los presuntos delitos de administración en provecho propio, lavado de dinero y cohecho pasivo agravado.

Asimismo, Silvio Alfaro y Lourdes González Melgarejo están señalados como cómplices en los hechos de administración en provecho propio y lavado de dinero, mientras que Eduardo Domínguez enfrenta acusación por lavado de dinero en grado de complicidad.

El dictamen de la Fiscalía General ratificó la continuidad del proceso para los demás imputados y rectificó una solicitud previa de sobreseimiento definitivo presentada por la agente fiscal Victoria Acuña, al considerar que existen suficientes elementos de convicción sobre los hechos punibles investigados.

Según el Ministerio Público, Friedmann, en su carácter de exgobernador del Guairá, habría firmado contratos y autorizado desembolsos a favor de la firma Eventos y Servicios S.A., en hechos que también involucran a otros acusados dentro de la causa.

Portal de Gestión de Partes seguirá operativo durante la feria judicial en fueros específicos

Durante la feria judicial de 2026, el Portal de Gestión de Partes continuará habilitado para la tramitación electrónica en determinadas jurisdicciones, permitiendo la presentación de escritos y la recepción de notificaciones sin interrupciones.

El sistema permanecerá plenamente operativo en los fueros de Niñez y Adolescencia, Penal y Materia Constitucional, así como en los Juzgados de Paz, donde todas las gestiones se realizarán de manera íntegramente electrónica.

Al respecto, el ministro Alberto Martínez Simón explicó que, durante el receso judicial, el portal mantendrá su funcionamiento normal en las jurisdicciones mencionadas, garantizando la continuidad de las presentaciones y notificaciones digitales.

En cambio, para los expedientes correspondientes a los fueros Civil, Comercial y Laboral de los Juzgados de Primera Instancia, la plataforma solo permitirá la consulta de causas. En estos casos, no estará habilitada la presentación electrónica de escritos, por lo que abogados y magistrados deberán realizar la gestión de partes exclusivamente en formato papel, aunque podrán avanzar en el análisis de los expedientes durante la feria.

Finalmente, el ministro remarcó que los Juzgados de Paz no tendrán ninguna restricción en el uso del sistema, manteniendo la operatividad total del Portal de Gestión de Partes para todas las tramitaciones, de forma normal y completamente digital.

Crimen organizado: el tráfico de armas, una constante en Paraguay

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Agentes del Departamento contra el Crimen Organizado, fiscales de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado y la Dirección General de Material Bélico (DIMABEL) realizaron una serie de allanamientos este lunes, en el marco de una nueva investigación por tráfico ilícito de armas. El esquema habría abastecido a facciones criminales de Brasil. Según los primeros indicios, una importadora legal de armamentos habría tenido un rol clave en la comercialización irregular del lote desviado.

Uno de los procedimientos se llevó a cabo en la importadora Camping 44 S.A., ante sospechas de que armas ingresadas legalmente al país fueron vendidas de manera irregular y terminaron en manos del crimen organizado brasileño.

La causa se abrió tras la incautación de 42 pistolas calibre 9 mm en distintos operativos realizados por autoridades brasileñas en Río de Janeiro. La trazabilidad del armamento confirmó que parte del lote había sido importado a Paraguay por Camping 44 S.A., con documentación emitida por la DIMABEL.

Sin embargo, el análisis posterior reveló serias irregularidades en la comercialización interna. Al menos dos de las armas incautadas en Brasil fueron vendidas de forma irregular a través de la casa comercial “RC”, ubicada en Ciudad del Este. Los investigadores detectaron inconsistencias entre las fechas de venta registradas, las operaciones entre las empresas involucradas y la rápida aparición del armamento en territorio brasileño.

Durante el allanamiento en la importadora se incautaron documentaciones vinculadas a la trazabilidad y a las autorizaciones de venta de armas de fuego.

En horas de la madrugada se realizaron procedimientos simultáneos en San Lorenzo y Limpio, donde fue detenida Tamara Recalde, exgestora de la importadora, señalada por su intervención en trámites administrativos.

También fue aprehendido Nelson Osmar Rizzi, de 43 años, en cuya vivienda se incautaron 14 armas de fuego, entre pistolas, rifles y escopetas, además de una importante cantidad de municiones.

El Ministerio Público sostiene que los implicados habrían tenido participación directa en la cadena de importación, registro y comercialización, facilitando el desvío de armas hacia circuitos ilícitos transnacionales. La investigación continúa para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados.

Fiscalía imputa a Orlando Arévalo y exjuezas por presunto pedido de coima

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El Ministerio Público imputó al exdiputado y expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Orlando Arévalo, por el presunto hecho punible de cohecho pasivo agravado, en el marco de la investigación derivada de los chats atribuidos al fallecido Lalo Gómes.

La imputación fue presentada por los fiscales Luis Píñanez, Verónica Valdez y Francisco Cabrera, quienes sostienen que existen suficientes elementos de sospecha sobre la participación de los involucrados en el citado delito, a partir del análisis de las conversaciones extraídas.

En la misma causa también fueron imputadas las exjuezas Carmen Silva y Ana Aguirre, además de Guido Díaz Frutos, señalado como supuesto intermediario en los hechos investigados.

De acuerdo con el relato fiscal, la situación de Silva es la más comprometida, ya que fue imputada por cohecho pasivo agravado, prevaricato y frustración de la persecución y ejecución penal, mientras que Aguirre enfrenta cargos por cohecho pasivo y prevaricato.

Ambas exmagistradas integraron el Tribunal de Sentencia que absolvió a Cachorrão, procesado por el asesinato del periodista Leo Veras. La Fiscalía presume que las decisiones judiciales habrían sido adoptadas bajo directivas de Lalo Gómes, con el objetivo de favorecer a integrantes de grupos criminales.

La investigación se inició tras una denuncia presentada por el juez Osmar Legal. Desde entonces, durante aproximadamente diez meses, el Ministerio Público desarrolló una pesquisa que derivó en la imputación de los cuatro indiciados.

Según los chats analizados, Arévalo en su condición de miembro del JEM habría incurrido en tráfico de influencias para evitar sanciones disciplinarias contra fiscales procesados, entre ellos Lorenzo Lezcano, Katia Uemura y Stella Mary Cano.

Confirman rechazo de amparo que buscaba acceder a la lista de visitantes de Mburuvicha Róga

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La Cámara de Apelaciones confirmó el rechazo de la acción de amparo promovida con el objetivo de obtener la lista de personas que visitaron Mburuvicha Róga, al considerar que la residencia presidencial forma parte del ámbito de la vida privada del presidente de la República y no constituye una dependencia pública sujeta a los alcances de la Ley de Acceso a la Información Pública.

El fallo fue dictado por los camaristas Arnulfo Arias preopinante, Adriana Giagni y Delio Vera Navarro, quienes ratificaron la sentencia de primera instancia e impusieron las costas del proceso al accionante.

En su análisis, el Tribunal sostuvo que Mburuvicha Róga es un inmueble de uso habitacional destinado a la residencia del jefe de Estado y su núcleo familiar, por lo que el desenvolvimiento cotidiano en ese espacio se integra a la esfera de la vida privada. En ese sentido, los jueces señalaron que llevar un registro público de las visitas domiciliarias del presidente implicaría someter un ámbito estrictamente privado a un régimen de vigilancia pública, lo cual carece de sustento constitucional y vulnera garantías básicas como la intimidad, la vida privada y la inviolabilidad del domicilio.

La Cámara precisó además que el artículo 2 de la Ley N.º 5282/14 no incluye a la residencia particular del presidente como fuente pública de información. En consecuencia, los datos relativos a las personas que lo visitan en su domicilio familiar no tienen carácter de información pública ni están comprendidos dentro de las obligaciones de difusión establecidas por dicha normativa.

Los camaristas también destacaron que, para fines de transparencia institucional, el Poder Ejecutivo cuenta con un portal oficial que publica la agenda presidencial correspondiente al Palacio de López, sede donde el presidente ejerce formalmente sus funciones. Añadieron que no consta que el recurrente haya solicitado acceso a información sobre eventuales visitantes al Palacio de López ni que dicho acceso le haya sido denegado.

En otro tramo del fallo, el Tribunal recordó que el principio de máxima divulgación del derecho de acceso a la información, reconocido en el sistema interamericano y en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no es absoluto. Existen límites legítimos cuando la divulgación afecta derechos de igual jerarquía, como la intimidad, la seguridad personal o la vida privada, restricciones expresamente previstas en el artículo 11 del mismo instrumento internacional.

Asimismo, se señaló que ni la Ley N.º 5282/14 ni su decreto reglamentario obligan al Poder Ejecutivo a mantener o divulgar listas de visitantes de la residencia presidencial, ni información sobre protocolos de seguridad, autorizaciones o supuestas pruebas de polígrafo aplicadas a funcionarios o colaboradores. Los magistrados subrayaron que, en caso de sospechas sobre hechos punibles, la vía idónea no es el amparo constitucional, sino la denuncia y la investigación penal ante el Ministerio Público.

Finalmente, la Cámara concluyó que el accionante no demostró la existencia de una urgencia que justifique la procedencia del amparo ni que la información reclamada tenga carácter público, razón por la cual confirmó íntegramente el rechazo de la acción.

Por su parte de las firmantes del Amicus Curiae en este expediente, Alejandra Peralta, emitió una dura crítica al fallo que calificó como un atentado contra la democracia.

Exigen renuncia de ministros de la Corte por reunión con políticos

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Integrantes de la mesa Unidos por Paraguay se manifestaron este lunes contra seis ministros de la Corte Suprema de Justicia, a quienes cuestionan por haber participado de una reunión con el presidente Santiago Peña y referentes políticos del Partido Colorado. El encuentro fue confirmado por los propios magistrados, aunque no se brindaron precisiones sobre la eventual presencia del titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, cuya asistencia también trascendió públicamente.

Durante la protesta, los manifestantes exhibieron los rostros de los ministros César Diesel, César Garay, Carolina Llanes, Eugenio Jiménez, Luis María Benítez Riera y Alberto Martínez Simón, quienes señalaron que la reunión con Peña tuvo como finalidad tratar asuntos de carácter “administrativo y no jurisdiccional”.

La movilización incluyó además la entrega de un documento con fuertes cuestionamientos a la Corte Suprema de Justicia, en el que se advierte sobre las graves consecuencias institucionales que, a criterio de los firmantes, implica que el Poder Judicial se subordine al poder político de turno.

“Los miembros de la Corte Suprema de Justicia, presentes en esa reunión, han decidido darle la espalda a la ciudadanía y a la institucionalidad republicana, olvidando el juramento contenido en el artículo 247 de la Constitución Nacional, donde se comprometieron a ser custodios de los derechos y libertades del pueblo paraguayo”, señala parte del escrito, que enfatiza la obligación de garantizar la independencia de poderes y el Estado de derecho.

La nucleación opositora sostuvo que el hecho constituye un atentado contra la institucionalidad judicial y, en representación de lo que denominaron “las víctimas de injusticias en el país”, exigieron la renuncia de los seis ministros mencionados. En el documento, los acusan de haber traicionado la confianza ciudadana y de carecer de coraje cívico y honestidad intelectual para el ejercicio de sus funciones.

Finalmente, los manifestantes convocaron a la ciudadanía a mantenerse alerta y a movilizarse en defensa de un Paraguay donde afirman la justicia garantice libertad, igualdad y el respeto irrestricto a la dignidad humana y a la Constitución Nacional.

Refuerzan seguridad en Viñas Cue tras intento de introducir un celular para Gianina García

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El general Nicolás Narváez, en conversación con Monumental AM, confirmó que se reforzaron las medidas de seguridad en la cárcel de Viñas Cue, donde se encuentra recluida Gianina García Troche, esposa del narcotraficante Sebastián Marset.

La decisión fue adoptada tras el intento de entregar a la interna un celular de alta gama. Los estrictos controles de seguridad impidieron que el hecho se concretara; no obstante, y a fin de evitar cualquier eventualidad, las autoridades dispusieron un refuerzo adicional de la vigilancia en el penal.

Según el Ministerio Público, García Troche es considerada una pieza clave dentro de la estructura financiera de lavado de activos vinculada al Operativo A Ultranza Py.

De acuerdo con la investigación fiscal, entre los años 2020 y 2021, García Troche habría participado activamente en el esquema económico de la organización criminal liderada por Marset y Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias “Tío Rico”. Esta estructura habría logrado exportar más de 17 toneladas de cocaína (17.340 kilogramos) al exterior, principalmente con destino a Europa y África.

El expediente detalla que Gianina García Troche ingresó oficialmente a Paraguay el 15 de mayo de 2018, acompañada por Marset, quien acababa de recuperar su libertad en Uruguay tras cumplir una condena por tráfico internacional de drogas. Desde entonces, la pareja realizó frecuentes viajes entre Paraguay, Brasil y Uruguay, hasta que en octubre de 2019 se estableció de forma permanente en territorio paraguayo.

A partir de ese momento, el Ministerio Público sostiene que Marset y su entorno consolidaron una red de tráfico internacional de cocaína y lavado de activos, con el apoyo de colaboradores vinculados a los sectores financiero y empresarial. Según las pesquisas, García Troche fue beneficiaria directa de las ganancias ilícitas obtenidas por su esposo y habría realizado operaciones destinadas a insertar dichos fondos en el sistema económico nacional.

El 23 de marzo de 2021, la investigada abrió una cuenta en el Banco Visión, mediante la cual efectuó diversas operaciones financieras. Entre ellas, se registran transferencias recibidas por G. 14.667.636 el 15 de mayo de 2021 y G. 6.594.550 el 3 de junio del mismo año. Para justificar la apertura de la cuenta, presentó un certificado laboral presuntamente falso, en el que figuraba como propietaria de un camión Volvo, matrícula BCR-701, supuestamente habilitado por la empresa Kuarahy S.R.L. para realizar transportes internacionales en el Mercosur, declarando ingresos mensuales de hasta USD 7.500. Sin embargo, la investigación comprobó que el vehículo no estaba a su nombre y que la documentación carecía de sustento real.

El expediente también consigna que el 3 de mayo de 2021, García Troche constituyó la empresa Grupo San Jorge S.A., bajo el nombre de fantasía Total Cars, junto con la ciudadana paraguaya Luisa Rosa Ortigoza. La sociedad fue registrada con un capital de G. 1.000 millones, monto que, según la Fiscalía, provenía de las ganancias del tráfico de cocaína.

El Ministerio Público sostiene que dicha firma fue creada con el objetivo de dar apariencia de legalidad a fondos ilícitos, canalizando dinero proveniente de la estructura criminal encabezada por Marset e Insfrán.

El caso de Gianina García Troche revela la dimensión financiera y logística del esquema criminal que operaba desde Paraguay hacia distintos continentes. Mientras su esposo continúa prófugo de la justicia, las autoridades nacionales prosiguen con el proceso judicial contra los integrantes de la red, en el que García Troche figura como una pieza central en el lavado de dinero y la reinserción de capitales del narcotráfico en el sistema financiero local.

Jueces de Alto Paraná superan metas de producción en 2025

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Los jueces de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná registraron un desempeño sobresaliente durante el ejercicio 2025, al superar en un 8 % la meta anual de producción de resoluciones y consolidar un modelo de gestión que funciona íntegramente con expediente electrónico.

De acuerdo con el informe de gestión presentado por la presidenta del Consejo de Administración, la magistrada Juliana Giménez, la circunscripción alcanzó al 11 de noviembre un total de 73.376 resoluciones, cumpliendo la meta fijada por la Dirección General de Planificación. Al cierre del 30 de noviembre, la producción ascendió a 78.884 resoluciones, equivalente a un 8 % por encima del objetivo anual, con una proyección de cierre del ejercicio que podría superar el 20 %.

Giménez explicó que las acciones desarrolladas en 2025 se alinearon con los ejes jurisdiccional y administrativo del Plan Estratégico Institucional 2021–2025 de la Corte Suprema de Justicia, priorizando el fortalecimiento de la gestión jurisdiccional mediante una administración responsable, eficiente y articulada.

En cuanto a infraestructura, resaltó el trabajo coordinado con gobiernos municipales y departamentales, que permitió la inauguración de un nuevo Juzgado de Paz en Minga Porã. Asimismo, avanzan las obras de la sede propia del Juzgado de Primera Instancia y de Paz de Naranjal, y se concretó la habilitación de cuatro Juzgados de Paz: dos en Ciudad del Este, uno en Presidente Franco y otro en Minga Guazú, este último operativo desde el lunes 15 de diciembre. Todas estas dependencias se integran al sistema de atención al usuario.

Un aspecto destacado del informe fue la plena implementación del Expediente Judicial Electrónico, ya que la circunscripción opera al 100 % bajo esta modalidad. La herramienta permitió reducir tiempos y costos, además de eliminar barreras de acceso para los usuarios del sistema de justicia.

En el ámbito de la formación, se subrayó la realización de diplomados, jornadas y talleres dirigidos a magistrados y funcionarios, con el objetivo de fortalecer el talento humano en consonancia con los lineamientos estratégicos institucionales.

La presentación del informe se realizó en el Salón Auditorio del Centro de Convenciones del Palacio de Justicia de Ciudad del Este, con la participación de magistrados, funcionarios e invitados especiales.

Abogados intervienen para fortalecer amparo por visitas en Mburuvicha Róga

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Un grupo de reconocidos profesionales del Derecho presentó un amicus curiae ante la Cámara de Apelaciones que debe analizar el amparo promovido para acceder al registro de visitantes de Mburuvicha Róga, con el objetivo de respaldar y consolidar la acción judicial impulsada por Hugo Javier Portillo contra el Ministerio de Defensa Nacional y el Gabinete Civil de la Presidencia.

La presentación fue firmada por Alejandra Peralta Merlo, Cecilia Pérez, Robert Marcial González, Diego Zavala y Felino Amarilla, quienes, en calidad de amigos del tribunal, aportaron un extenso y fundamentado escrito con precedentes jurisprudenciales incluidos estándares internacionales para revertir la decisión de primera instancia y hacer lugar al amparo, ordenando la entrega de la lista de ingresos a la residencia presidencial.

En el documento, los abogados desarrollan argumentos jurídicos y técnicos orientados a reafirmar el derecho de acceso a la información pública como una herramienta esencial de control ciudadano a la gestión gubernamental y de prevención de la corrupción. Sostienen que el caso compromete el ejercicio efectivo de un derecho fundamental en un contexto de especial gravedad institucional.

El escrito subraya que el presidente Santiago Peña ejerce de hecho sus funciones desde Mburuvicha Róga, convirtiendo a la residencia oficial en el centro neurálgico del poder político y administrativo. En ese marco, se señala que el Palacio de López quedó relegado, en los últimos meses, a actos protocolares y eventos públicos, mientras la agenda presidencial se desarrolla mayoritariamente en la residencia.

Según los firmantes, la falta de separación entre residencia y despacho presidencial, sumada a la opacidad sobre quiénes acceden al mandatario, crea un escenario propicio para reuniones no oficiales con contratistas del Estado, empresarios vinculados a licitaciones, contactos con magistrados y riesgos de tráfico de influencias, especialmente en ausencia de registros transparentes y controles efectivos.

Por ello, advierten que el expediente coloca al país ante una encrucijada institucional: la decisión del tribunal definirá si Paraguay avanza hacia mayores estándares de transparencia y rendición de cuentas, o si retrocede hacia la opacidad y el secretismo que históricamente han favorecido prácticas corruptas.

Finalmente, los abogados remarcan que la invocación genérica de la seguridad nacional no puede operar como salvoconducto para negar información, y recuerdan que una democracia robusta se construye con ciudadanos informados, instituciones transparentes y funcionarios sometidos al control republicano.

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