La abogada Noelia Núñez, representante legal de un grupo de afectados por el esquema conocido como la mafia de pagarés, instó a la Corte Suprema de Justicia incorporar una mirada humana en el abordaje del caso. En ese sentido, sostuvo que, además del avance penal, es urgente que el sistema judicial impulse acciones concretas para atender el grave daño psicológico sufrido por quienes fueron despojados de sus haberes durante años.

Núñez planteó la necesidad de conformar mesas de trabajo interdisciplinarias, con participación de profesionales de la salud mental, que permitan acompañar y contener a las víctimas tras haber atravesado situaciones críticas marcadas por embargos salariales y jubilatorios abusivos. “La justicia no puede limitarse solo a sancionar; también debe hacerse cargo de las secuelas humanas que dejó este esquema criminal”, remarcó.

La abogada reconoció como positivo el avance registrado hasta ahora en los procesos penales abiertos, pero advirtió que ese progreso resulta incompleto si no se contempla la asistencia integral a los afectados. “Más allá de las responsabilidades penales y las sanciones que puedan recaer sobre quienes actuaron dolosamente, no se puede dejar de lado a las personas que aún hoy siguen lidiando con las consecuencias emocionales y psicológicas de este atropello”, subrayó.

Asimismo, Núñez afirmó que el caso ha tenido un impacto profundo en la credibilidad del sistema judicial. “Estamos ante una causa de una envergadura tal que dañó seriamente la imagen de la justicia y de sus operadores. Si bien desde el Poder Judicial se han impulsado iniciativas para depurar expedientes y promover propuestas legislativas, sigue pendiente la asistencia profesional a las víctimas de uno de los esquemas criminales más vergonzosos de los últimos tiempos”, enfatizó.

En un mensaje contundente, la abogada sostuvo que el abordaje del daño humano es clave para comenzar a reconstruir la confianza ciudadana. “Este caso quedará en la historia. Las víctimas necesitan un gesto de sensibilidad por parte de sus autoridades. Eso es lo que realmente puede generar un impacto positivo y contribuir a limpiar la imagen de la justicia. Es un trabajo arduo, pero ineludible”, afirmó.

Finalmente, Núñez calificó el esquema como un “genocidio silencioso”, al señalar que dejó sueños truncados y vidas devastadas. “Hay personas con la salud mental gravemente afectada. Más allá de los avances procesales, debemos trabajar en cómo recomponer a esos ciudadanos, atender a las víctimas y generar espacios de diálogo y contención que les brinden herramientas para seguir adelante”, concluyó.

La causa conocida como la mafia de pagarés involucra a cerca de 70 imputados, algunos ya con procesos elevados a juicio oral y público, mientras otros aguardan la audiencia preliminar. Se trata de un esquema de despojo instalado en juzgados de Paz de la capital, donde jueces están acusados de actuar en connivencia con casas de cobranza para ejecutar embargos salariales y jubilatorios, incluso sin notificación previa a los afectados y con montos inflados por deudas mínimas, como la compra de un electrodoméstico.

La Corte Suprema de Justicia aceptó la renuncia del hoy exagente fiscal Bernardo Javier Elizaur y declaró vacante su cargo. El hombre está sospechado de haber solicitado una fuerte suma de dinero para beneficiar con una salida alternativa al juicio oral a un procesado en su unidad fiscal.

Bernardo Javier Elizaur, de la Unidad Penal de Emboscada, fue imputado por cohecho pasivo agravado, tras ser denunciado por supuestamente solicitar inicialmente 10 millones de guaraníes, cantidad que luego habría ido aumentando con el tiempo, para favorecer a un imputado por lesión grave. La causa está a cargo de la fiscal especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Yeimi Adle.

De acuerdo con la investigación, el presunto pedido de dinero se habría realizado a través de mensajes de texto enviados por su asistente, Lilian Andrea Florenciano, a la abogada defensora del imputado. Según la denuncia, la propuesta consistía en no presentar la acusación formal y facilitar una salida procesal favorable a cambio del pago del soborno.

Al no concretarse el desembolso, el fiscal habría presentado la acusación, pero posteriormente formuló un nuevo pedido de dinero, por un monto menor, con la promesa de allanarse a una suspensión condicional del procedimiento. Este segundo intento motivó la intervención de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público.

Ante la denuncia, la fiscal Yeimi Adle dispuso la realización de una entrega vigilada de dinero en la sede fiscal de Emboscada. Los billetes fueron fotocopiados y monitoreados por el Ministerio Público como parte del operativo.

Tras la transacción, se llevó a cabo un allanamiento en la oficina del fiscal, donde fueron incautados teléfonos celulares, equipos informáticos y dinero en efectivo. La sede fue posteriormente clausurada como parte de las diligencias de investigación.

Con base en los elementos recabados, la fiscal Adle formuló imputación contra ambos funcionarios: Bernardo Javier Elizaur fue imputado como autor del hecho punible de cohecho pasivo agravado, y Lilian Florenciano fue imputada como cómplice del mismo delito.

La ministra Carolina Llanes presentó ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia un informe detallado sobre el movimiento de expedientes ingresados a la Sala Penal, en el que destacó un aumento tanto en el ingreso de causas como en la cantidad de resoluciones dictadas durante el año 2025, así como la implementación de herramientas que permiten agilizar los procesos.

Según explicó, en el año 2025 ingresaron 1.592 expedientes a la Sala Penal, lo que representa un incremento del 7 % en comparación con el año anterior. En cuanto a la producción jurisdiccional, indicó que desde el 1 de enero hasta el 17 de diciembre se dictaron 934 autos interlocutorios y 702 acuerdos y sentencias, totalizando 1.636 resoluciones. Esta cifra implica un aumento del 18 % en el dictamiento de resoluciones respecto al 2024.

Durante su exposición, la ministra resaltó especialmente la aplicación del denominado “trámite simplificado” en el tratamiento de los planteamientos casacionales. Explicó que esta herramienta se utiliza en aquellos casos en los que, por unanimidad, la Sala Penal decide rechazar los recursos por su notoria e indudable improcedencia, lo que permite otorgarles un procedimiento más breve.

Precisó que, entre los expedientes iniciados en 2024, se identificaron 295 planteamientos casacionales susceptibles de este trámite simplificado. En tanto, en 2025 ingresaron 755 expedientes individualizados para casación, de los cuales 535 ya fueron o serán resueltos casi en su totalidad mediante este mecanismo, restando alrededor de 200 expedientes para su conclusión.

La ministra Llanes subrayó que la aplicación del trámite simplificado genera un importante ahorro de tiempo y recursos, ya que procesos que anteriormente podían demorar entre cuatro y seis meses desde el ingreso hasta la resolución final, actualmente se resuelven en un plazo estimado de 15 a 20 días.

Finalmente, destacó que esta herramienta constituye un avance significativo en la competencia penal, al contribuir de manera concreta a combatir la mora judicial y a agilizar las resoluciones, fortaleciendo así la eficiencia del sistema de justicia.

En el informe de gestión 2025 del Poder Judicial, se detalla los 10 hechos punibles más frecuentes registrados entre enero y octubre del presente año. El reporte confirma que la violencia familiar continúa siendo el delito con mayor incidencia, seguido por ilícitos contra la propiedad y el incumplimiento de obligaciones legales.

De acuerdo con los datos consolidados, ingresaron 4.625 causas por violencia familiar, posicionándose como la principal carga operativa de los juzgados penales. Le siguen el hurto agravado, con 3.156 expedientes, y el incumplimiento del deber legal alimentario, que alcanzó 2.963 causas. En cuarto lugar se ubica la exposición al peligro en el tránsito terrestre, con 2.205 procesos iniciados.

El informe también registra 1.222 causas por tráfico de drogas, 1.084 por abuso sexual en niños y 973 por robo agravado, tipologías que concentran una parte significativa del trabajo judicial y demandan recursos especializados para su tramitación.

Según la Dirección de Estadísticas del Poder Judicial, los juzgados de Paz acumularon 25.692 expedientes vinculados a violencia doméstica y contra la mujer. En tanto, los juzgados de Garantías procesaron 4.625 causas por violencia familiar, además de 18 casos de feminicidio y 34 tentativas de feminicidio, cifras que reflejan la persistencia de la problemática y la necesidad de respuestas integrales.

En materia de delitos complejos, se tramitaron 16 causas por hechos de corrupción, 14 por lavado de activos y 3 por terrorismo, asociadas a estructuras de crimen organizado. Asimismo, los expedientes ingresados conforme a la Ley N.º 1881 sumaron 1.222 casos en los juzgados penales del país.

El balance oficial subraya que estos indicadores permiten dimensionar la carga real del sistema penal y orientar la planificación de políticas judiciales, con énfasis en prevención, protección a víctimas y fortalecimiento institucional para una respuesta más eficiente.

El Tribunal de Sentencia presidido por la magistrada Elsa García condenó por unanimidad a Joaquín Roa Burgos, exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), a ocho años de cárcel tras comprobarse en juicio oral y público que direccionó licitaciones para su beneficio personal y el de terceros.

Además de la pena privativa de libertad, el tribunal dispuso el comiso de un yate perteneciente al condenado y la prohibición de ejercer cargos públicos por cinco años. La ejecución de la condena quedará supeditada hasta que el fallo quede firme.

En la misma causa fue condenado Alberto Koube Ayala, amigo del exministro, a seis años de prisión. Los jueces dieron por acreditados los hechos expuestos por el Ministerio Público, que sostuvo la acusación durante un extenso debate.

Roa Burgos fue hallado culpable de lesión de confianza, administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo agravado. En tanto, Koube Ayala fue condenado por asociación criminal, lesión de confianza en calidad de cómplice y lavado de dinero.
Según el fallo, ambos causaron un perjuicio patrimonial a la SEN cercano a G. 16.000 millones, principalmente a través de contratos de alquiler de camiones y provisión de chapas.

La acusación fiscal relata que, entre 2018 y 2021, Roa Burgos quien se desempeñaba como ministro desde 2013, adjudicó millonarias licitaciones y contrataciones a favor de Koube Ayala por un monto superior a G. 16.000 millones, con el objetivo de obtener beneficios económicos conjuntos a costa de fondos públicos, conformando una asociación criminal.

Las adjudicaciones se canalizaron a través de empresas vinculadas a Koube, como Grupo Tapyracuai S.A., y de un entramado de firmas y personas relacionadas, entre ellas JPA Logística, Noemacol, Sofimac, Joaquín Núñez y Katerine Ayala, entre otros. Para el tribunal, el propósito fue desviar recursos de la SEN para beneficios indebidos, incluyendo la adquisición de una embarcación AZ 42 valuada en USD 450.000 y la percepción de diversas sumas de dinero.

La fiscalía había solicitado 10 años de prisión para Roa Burgos; sin embargo, el tribunal consideró que la pena justa era de ocho años. El colegiado estuvo integrado por Adriana Planas y Sonia Sánchez, junto con la jueza presidenta Elsa García.