La Corte Suprema de Justicia abrió una investigación ante la posible existencia de irregularidades en la tramitación de juicios de quiebra en distintos puntos del interior del país, una situación que fue expuesta y debatida durante la sesión plenaria del máximo tribunal.

El tema generó especial preocupación entre los ministros debido al notable incremento de este tipo de procesos en juzgados alejados de la capital, fenómeno que, según se indicó, no guarda relación con el volumen habitual de causas ni con la realidad económica de esas zonas. A raíz de una denuncia planteada en plenaria, la Corte dispuso el requerimiento de informes detallados y se encuentra actualmente en una etapa de revisión preliminar para determinar si los expedientes fueron tramitados conforme a la ley o si existiría algún tipo de manipulación o irregularidad en estos procesos.

Durante el debate, el ministro Manuel Ramírez Candia, quien puso el caso a consideración del pleno, expuso cifras que calificó de llamativas y que motivaron la intervención de la Corte. Señaló que en determinados juzgados del interior se registra un crecimiento abrupto de juicios de quiebra en un corto período de tiempo. A modo de ejemplo, citó al Juzgado Civil de Yuty, donde en el año 2024 se tramitaron 138 procesos, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 403. En tanto, en el Juzgado de San Juan Nepomuceno, a cargo del juez Carlos Rojas, se registraron 25 causas en 2024 y, de manera sorpresiva, 593 durante el presente año.

Según Ramírez Candia, estos números obligan a la Corte a realizar un análisis exhaustivo de la situación real de los juicios de quiebra y convocatorias de acreedores que se están impulsando en estas jurisdicciones. En ese sentido, explicó que ya se solicitaron los informes correspondientes y que el siguiente paso será examinar la calidad de los procesos, las razones que motivaron su inicio y si efectivamente fueron tramitados de manera correcta y conforme a las normas vigentes.

“El incremento de estos casos en determinadas localidades genera una legítima preocupación. Es momento de analizar con seriedad qué está ocurriendo, por qué se presentan estos números y si los procedimientos se están desarrollando de forma regular”, sostuvo el ministro durante su intervención.

Por su parte, el ministro Eugenio Jiménez Rolón calificó la situación como potencialmente escandalosa y manifestó su respaldo a todas las acciones necesarias para esclarecer los hechos. Afirmó que, de confirmarse irregularidades, se estaría ante un nuevo episodio grave dentro del sistema judicial, por lo que consideró fundamental avanzar con una investigación profunda y transparente.

La Corte Suprema de Justicia dejó en claro que el objetivo de esta revisión es verificar si existen anomalías en la tramitación de estos juicios.

La familia del fiscal asesinado Marcelo Pecci sigue insistiendo ante la justicia para acceder a la carpeta fiscal, que hasta ahora le ha sido negada, bajo el argumento de no querer perjudicar la investigación.

En esta ocasión, la familia plantea un urgimiento ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para que esta instancia resuelva la acción de inconstitucionalidad presentada contra la decisión que les niega el acceso al expediente.

Tras la negativa de tribunales inferiores de entregar un informe a la familia Pecci Albertini mediante auxilio judicial en abril de este año, la familia presentó ante la Corte Suprema de Justicia una acción de inconstitucionalidad con la misma finalidad.

La familia espera que, a través del Poder Judicial, se les autorice a recibir la información contenida en la carpeta fiscal, que hasta la fecha les ha sido ocultada.

Reclaman el acceso a datos que les permitan conocer el grado de avance de la investigación, especialmente en lo relativo a la autoría moral o intelectual de quienes ordenaron el asesinato del fiscal Marcelo Pecci.

La Fiscalía General del Estado y los fiscales intervinientes han negado hasta el momento el acceso a esa información, lo que impide a la familia conocer el estado actual de la causa, los posibles cursos de acción, los obstáculos existentes, si los hay, y las medidas adoptadas para superar las dificultades que entorpecen el progreso de la investigación. Estos son los puntos centrales que la familia busca esclarecer tras la brutal muerte de su ser querido.

El fiscal Marcelo Pecci fue asesinado durante su luna de miel en Barú, Colombia, el 10 de mayo de 2022, en presencia de su esposa, Claudia Aguilera.

El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, sostuvo que la ley penitenciaria promulgada este lunes por el Poder Ejecutivo busca disminuir los índices de reincidencia y fortalecer la reinserción social de las personas privadas de libertad, mediante incentivos vinculados al trabajo comunitario y la capacitación dentro de los centros penitenciarios.

Explicó que la normativa permite que los trabajos comunitarios realizados por personas condenadas puedan ser computados como reducción de la pena, ya que dos días de trabajo equivaldrán a un día de prisión. Asimismo, destacó que los oficios y habilidades adquiridos en contexto de encierro serán clave para facilitar una reintegración efectiva a la sociedad.

Nicora aclaró que las personas condenadas por abuso sexual contra niños quedan excluidas de estos beneficios, los cuales sí están previstos para otros hechos punibles contemplados en la legislación penal.

El ministro señaló además que la ley ya se encuentra en vigencia y que, a partir de ahora, el Ministerio de Justicia trabajará en su aplicación, en coordinación con la Corte Suprema de Justicia, para garantizar su correcta implementación.

“Lo que buscamos es reducir los índices de reincidencia. Lo ideal es que las personas privadas de libertad puedan utilizar la profesión u oficio aprendido dentro de la penitenciaría cuando recuperen su libertad. La ley entra en vigencia de manera automática y ahora corresponde articular su ejecución con el Poder Judicial”, afirmó.

La Ley N.º 7621 establece incentivos para que más personas privadas de libertad participen activamente en procesos de formación y trabajo, en línea con lo dispuesto por la Constitución Nacional, promoviendo que el tiempo de reclusión sea aprovechado para la capacitación y la preparación para una reinserción responsable en la sociedad.

La Corte Suprema de Justicia resolvió por unanimidad suspender sin goce de salario a la agente fiscal Gloria Mabel Rojas Cañete, quien está imputada por un presunto pedido de coima de G. 30.000.000 a uno de los imputados por el crimen de la joven María Fernanda, quien fue asesinada y posteriormente quemada en un baldío.

Según explicó el ministro Ramírez Candia, la fiscal mantenía una relación previa con la madre del imputado, ya que fueron compañeras, situación que habría facilitado el inicio de conversaciones orientadas a negociar el caso y ofrecer una salida favorable al procesado a cambio de dinero. A raíz de esta denuncia, el Ministerio Público puso en marcha un operativo de entrega vigilada.

Para los ministros integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Ramírez Candia y César Garay, la sospecha que pesa sobre la agente fiscal es de extrema gravedad, por lo que consideraron que la medida adecuada no solo era la suspensión en el cargo, sino también evitar que continúe percibiendo sus haberes.

Gloria Rojas fue imputada por el Ministerio Público por el supuesto hecho punible de cohecho pasivo agravado, tras haber solicitado dinero para beneficiar a un procesado en la causa a su cargo.

El relato fiscal señala que el abogado Juan Carlos Bedoya, también imputado en la causa, habría sido el encargado de solicitar el dinero por instrucción de la fiscal Gloria Rojas, con el objetivo de conceder el beneficio a uno de los imputados en el caso María Fernanda.

De acuerdo con la denuncia presentada, el 19 de noviembre de 2025, la víctima relató que fue contactada por un conocido para transmitirle un supuesto pedido de dinero realizado por un funcionario del Ministerio Público, con la intermediación del abogado ahora imputado. Según la versión del denunciante, el pago tenía como finalidad asegurarle una salida procesal menos gravosa en la causa penal en la que se encuentra imputado y actualmente acusado.

Inicialmente, se le habría comunicado que debía entregar G. 25.000.000, más G. 1.000.000 en concepto de “donación”. Sin embargo, al día siguiente, 20 de noviembre de 2025, el abogado informó que el monto exigido se incrementaba en G. 5.000.000, totalizando G. 30.000.000, además del millón de guaraníes destinado a la supuesta donación.

El caso cobra especial relevancia por tratarse de uno de los hechos de feminicidio más crueles registrados en 2025, y porque, según la investigación, integrantes del Ministerio Público habrían buscado un beneficio económico, en lugar de garantizar justicia por la muerte de la joven María Fernanda.

Este lunes debía realizarse la audiencia de imposición de medidas para Orlando Arévalo, expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), imputado por presuntos hechos de corrupción perpetrados durante su gestión. La diligencia estaba prevista ante el juez Humberto Otazú, pero la defensa recurrió el llamado del juzgado por lo que la audiencia quedó suspendida.

El abogado José Carlos Martínez, quien ejerce la defensa del imputado, presentó un recurso de reposición con apelación en subsidio, lo que frustró la realización de la audiencia hasta tanto el juez y la Cámara correspondiente resuelvan el incidente.

El Ministerio Público imputó al exdiputado y expresidente del JEM, Orlando Arévalo, por el presunto hecho punible de cohecho pasivo agravado, en el marco de la investigación derivada de los chats atribuidos al fallecido Lalo Gómez.

La imputación fue presentada por los fiscales Luis Piñánez, Verónica Valdez y Francisco Cabrera, quienes sostienen que existen suficientes elementos de sospecha sobre la participación de los involucrados en el citado delito, a partir del análisis de las conversaciones extraídas.

En la misma causa también fueron imputadas las exjuezas Carmen Silva y Ana Aguirre, además de Guido Díaz Frutos, señalado como supuesto intermediario en los hechos investigados.

De acuerdo con el relato fiscal, la situación de Silva es la más comprometida, ya que fue imputada por cohecho pasivo agravado, prevaricato y frustración de la persecución y ejecución penal, mientras que Aguirre enfrenta cargos por cohecho pasivo y prevaricato.

Ambas exmagistradas integraron el Tribunal de Sentencia que absolvió a “Cachorrão”, procesado por el asesinato del periodista Leo Veras. La Fiscalía presume que las decisiones judiciales habrían sido adoptadas bajo directivas de Lalo Gómez, con el objetivo de favorecer a integrantes de grupos criminales.

La investigación se inició tras una denuncia presentada por el juez Osmar Legal. Desde entonces, durante aproximadamente diez meses, el Ministerio Público desarrolló una pesquisa que derivó en la imputación de los cuatro indiciados.

Según los chats analizados, Arévalo, en su condición de miembro del JEM, habría incurrido en tráfico de influencias para evitar sanciones disciplinarias contra fiscales procesados, entre ellos Lorenzo Lezcano, Katia Uemura y Stella Mary Cano.

Los padres de la joven Sol Chávez, quien falleció por intoxicación con flúor, volvieron a manifestarse este lunes frente al tribunal para exigir que la condena aplicada a la odontóloga Lilia Graciela Espinoza, sentenciada a cuatro años de cárcel, y a la química farmacéutica Sandra Hermosa, condenada a tres años de prisión, sea confirmada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Según comentó la madre de la joven, Edith Franco, la defensa recusó al ministro preopinante, lo que volvió a trabar la decisión sobre el caso. La familia cuestiona que, pese a existir condena en todos los juicios orales, las sentenciadas sigan recurriendo a chicanas para evitar cumplir la pena que se les impuso.

Esta causa pasó por tres juicios orales, y esta última sentencia es la que la familia de la joven busca que sea confirmada en instancias superiores para dar cierre definitivo al caso.

El Tribunal de Sentencia, presidido por el juez Juan Francisco Ortiz, señaló en su momento, al dictar la sentencia, que ambas profesionales incurrieron en tres graves negligencias al tratar a la joven, quien finalmente falleció por una sobredosis de flúor.

Los antecedentes refieren que la víctima era paciente de Lilia Espinoza, quien le recetó 2 gramos de flúor en comprimidos. El 9 de abril de 2021, alrededor de las 15:00 horas, la joven ingirió el primer comprimido y, minutos después, comenzó a sentirse mal de manera progresiva.

A las 17:00 horas tuvo que ser internada de urgencia en un sanatorio privado, donde le practicaron un lavado gástrico. Posteriormente, la joven sufrió un paro cardiorrespiratorio a causa de la intoxicación con flúor y falleció a las 22:00 horas de ese mismo día.

Sandra Hermosa fue la persona que autorizó la elaboración de cápsulas con una dosis de 500 miligramos cada una. La acusada obvió la estricta observancia de los protocolos para la elaboración de preparados magistrales, en especial en lo relativo a dosis que pueden resultar letales para su consumo directo y que ponen en peligro la vida del paciente, según reza parte de la acusación del Ministerio Público.

En esta ocasión, el Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Juan Francisco Ortiz, Lourdes Garcete y Rossana Maldonado, dictó una condena que, para la familia, resulta justa, motivo por el cual insisten en que la misma quede firme.

La Oficina de Coordinación y Seguimiento de Juicios Orales informó sobre los avances en la gestión de los juicios orales en la Capital, destacando especialmente la alta producción de los tribunales ordinarios de sentencia, que concentran la mayor carga de trabajo dentro del sistema penal este 2025.

Durante el período analizado, se programaron un total de 3.734 audiencias de juicio oral y público, de las cuales 2.681 se desarrollaron ante estos tribunales, consolidándolos como el principal soporte del sistema penal. En segundo lugar se ubican los tribunales especializados en crimen organizado, con 698 juicios, y los tribunales especializados en delitos económicos, con 355 audiencias.

El informe resalta que estos resultados fueron posibles gracias a la incorporación de herramientas telemáticas, el monitoreo permanente de las audiencias y las mejoras en infraestructura y servicios, que permitieron garantizar la realización ininterrumpida de los juicios. La adquisición de equipos electrónicos facilitó la sustanciación de audiencias telemáticas, recurso que resultó clave en causas de crimen organizado, especialmente por los riesgos que implica el traslado de personas procesadas.

En materia de infraestructura, se habilitó un espacio exclusivo en planta baja destinado a audiencias preliminares y juicios unipersonales, lo que contribuyó a una mejor organización y mayor fluidez en el desarrollo de los procesos judiciales.

Asimismo, la Oficina realiza el seguimiento en tiempo real de los juicios orales, a través de pantallas que permiten su visualización y transmisión en vivo. Esta herramienta fortalece la transparencia y el control ciudadano, en coordinación con la Dirección de Comunicación, y garantiza además la transparencia en el segundo sorteo para la asignación de los Tribunales de Sentencia.

En cuanto al acceso a la información, se registraron avances en la celeridad y eficiencia en la recepción y redistribución de expedientes, así como en la difusión pública de resoluciones judiciales. Durante el período, se enumeraron 1.074 autos interlocutorios y 553 sentencias definitivas, de las cuales 400 correspondieron a condenas, además de 33 absoluciones y 25 decisiones con otros resultados.

Finalmente, los indicadores reflejan el intenso movimiento del sistema: 982 audiencias se iniciaron a tiempo, 2.321 comenzaron con retraso y 432 fueron suspendidas, cifras que vuelven a poner en evidencia el rol central de los Tribunales Ordinarios de Sentencia, responsables de sostener la mayor carga de juicios orales en la Capital.

Los tribunales, desarrollan más de 20 juicios orales por día, algunos de los tribunales con hasta cinco juicios o más abiertos en simultaneo.