La mediación continúa consolidándose como una herramienta clave para la resolución de conflictos, al posicionarse como un mecanismo eficaz, accesible y humanizado dentro del sistema de justicia. En ese contexto, se desarrollaron acciones estratégicas orientadas a fortalecer este servicio, por lo que los números año tras año van ascenso.

Este mecanismo alternativo de resolución de conflictos abarcó a todos los fueros. Durante el año 2025, se promovió su aplicación en los ámbitos Civil, Penal y de la Niñez y Adolescencia, sumándose el Laboral. Reuniones de trabajo con magistrados y mediadores de la Capital y del interior del país permitieron reforzar la implementación del servicio.

Los resultados comienzan a reflejarse en las estadísticas. Los registros evidencian una disminución sostenida en los plazos de tramitación de los casos, un avance atribuido a la digitalización del servicio, al fortalecimiento del Oficio Judicial Electrónico y a la utilización de audiencias telemáticas, en el marco de la Ley N.º 6.495/2020.

En términos de gestión, la Dirección de Mediación registró entre enero y octubre de 2025 un total de 16.167 casos judiciales y extrajudiciales en todo el país. De esa cifra, 6.969 procesos concluyeron con acuerdos satisfactorios entre las partes, confirmando el impacto positivo de la mediación como una alternativa real para descomprimir los tribunales y ofrecer soluciones más rápidas y consensuadas a la ciudadanía.

La agente fiscal Claudia María Huespe presentó imputación contra Gregorio Gabilán por el presunto hecho de feminicidio, cuya víctima fue Juana González, joven perteneciente a la comunidad indígena Pa’i Tavytera. De acuerdo con el Ministerio Público, existen elementos suficientes que sustentan la sospecha de la participación del imputado en el crimen.

El procesado, de 60 años de edad, era pareja sentimental de la víctima. Los restos de la joven fueron hallados el pasado viernes en la zona de Azotey, departamento de Concepción, luego de que permaneciera desaparecida durante varios días y posteriormente fuera encontrada sin vida.

Ante la gravedad del hecho y la alta expectativa de pena, que podría alcanzar hasta 30 años de prisión, la fiscal solicitó la aplicación de la prisión preventiva para el imputado.

Asimismo, el Ministerio Público requirió la declaración de rebeldía del indiciado, teniendo en cuenta que se encuentra prófugo de la justicia y pesa sobre él una orden de detención vigente.

Los casos de feminicidio representan un flagelo que sigue proliferando en todo el territorio nacional, el año pasado cerró con una cifra crítica de casos de violencia extrema contra las mujeres, al contabilizarse 37 casos de feminicidio y 55 tentativas de feminicidio, además de dos hechos investigados como tentativa de homicidio en contexto de violencia de género. En conjunto, estos datos reflejan más de 90 hechos de extrema gravedad el año pasado, según el Programa de Datos Abiertos del Ministerio Público.

Otro dato social preocupante es la secuela de estos hechos que dejaron los 37 feminicidios dejaron como saldo 69 hijos e hijas huérfanos, evidenciando el impacto profundo y duradero de esta violencia más allá de las víctimas directas. En total, se abrieron 34 causas penales, considerando que algunos expedientes investigan múltiples víctimas en un mismo hecho.

Tras ocho años de un proceso judicial marcado por dilaciones y revictimización, el Ministerio Público y la abogada Noelia Núñez, lograron en un segundo juicio oral y público una condena de 12 años de prisión contra Axel Fabián López Orué, hallado culpable de coacción sexual y violación en perjuicio de una joven que tenía 16 años al momento del hecho.

La sentencia fue dictada por el Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Julio César Granada, Dina Marchuk y Letizia de Gásperi, quienes valoraron las pruebas producidas durante el debate oral para establecer la responsabilidad penal del acusado y aplicar la condena que consideran justa.

En declaraciones posteriores al fallo, la abogada Núñez relató el largo y doloroso recorrido atravesado por la víctima desde que decidió denunciar. Señaló que, además del daño sufrido, la joven fue sometida durante años a exposición mediática, campañas de desinformación y cuestionamientos públicos, situaciones que impactaron gravemente en su salud física y emocional.

La profesional destacó que el caso refleja una realidad que enfrentan muchas mujeres y adolescentes víctimas de violencia sexual, quienes optan por no denunciar por temor a la estigmatización y al descrédito social, una situación que según remarcó sigue influyendo en las bajas cifras de denuncias por este tipo de delitos.

Pese al paso del tiempo y a las dificultades del proceso, Núñez subrayó la perseverancia de la víctima, quien sostuvo su búsqueda de justicia hasta lograr una condena en este segundo juicio.

En cuanto a la situación procesal del condenado, el tribunal rechazó recientemente un pedido de revisión de la prisión preventiva, ratificando que López Orué continúe privado de libertad en el penal de Tacumbú, donde deberá cumplir la pena impuesta.

El fallo representa un precedente relevante en la lucha contra la violencia sexual y reafirma la importancia de la persistencia judicial y el acompañamiento legal especializado para garantizar el acceso efectivo a la justicia.

El camarista especializado en crimen organizado, doctor Paublino Escobar, analizó los alcances de la recientemente promulgada Ley N.º 7621/2025, que modifica el régimen de redención de penas en el sistema penitenciario paraguayo, y advirtió que su correcta aplicación dependerá, en gran medida, de la transparencia en los registros y de la integridad del personal penitenciario.

En entrevista con Judiciales Net, el magistrado sostuvo que el Ministerio de Justicia tiene un rol central como órgano de administración, al ser el responsable de implementar un sistema de registro preciso, ordenado, fidedigno y verificable de las actividades realizadas por las personas privadas de libertad. Dichos informes remarcó, serán determinantes para que los jueces de ejecución penal puedan evaluar, con sustento legal, la eventual reducción de condenas.

Escobar enfatizó que el éxito de la normativa no solo radica en la reglamentación adecuada, sino también en que los registros reflejen actividades reales, con horarios comprobables, evitando cualquier tipo de distorsión o simulación. En ese sentido, alertó sobre el riesgo de prácticas corruptas, especialmente en casos vinculados al crimen organizado, donde según la experiencia penitenciaria la capacidad económica de los condenados suele ser mayor.

“Es fundamental que el sistema sea administrado por funcionarios con un alto estándar de integridad, capaces de rechazar y denunciar eventuales ofrecimientos económicos destinados a obtener registros falsos o inexistentes”, subrayó el camarista.

El magistrado explicó que la Ley 7621/2025, promulgada hace pocos días, modifica y amplía los artículos 120, 121, 122 y 123 del Código de Ejecución Penal, introduciendo cambios sustanciales en la figura de la redención de pena. Si bien la normativa excluye expresamente a los condenados por abuso sexual en niños, no establece la misma prohibición para delitos relacionados con el crimen organizado.

En ese contexto, Escobar indicó que, si se cumplen los requisitos legales y el juez de ejecución lo considera viable, las personas condenadas por hechos punibles vinculados al crimen organizado podrían acceder a los beneficios previstos en la ley.

No obstante, consideró que hubiera sido oportuno que el legislador también excluya delitos como secuestro, terrorismo, crimen organizado y corrupción pública, siguiendo el ejemplo de otros países que imponen sanciones más severas a los delitos contra el Estado.

El camarista detalló que una de las principales innovaciones del artículo 120 es la clasificación de la redención en ordinaria y extraordinaria. La redención ordinaria permite descontar un día de condena por cada tres días de trabajo o estudio, computados de lunes a sábado. La actividad educativa debe contar con una carga mínima de 80 horas, mientras que el trabajo penitenciario solo será válido si está reconocido y aprobado por el órgano de administración.

Asimismo, se incorpora la figura del interno instructor o facilitador, quien podrá computar un día de trabajo por cada ocho horas de enseñanza, siempre que acredite las condiciones necesarias para ejercer esa función.

En cuanto a la redención extraordinaria, Escobar explicó que contempla beneficios adicionales en casos específicos, como trabajos comunitarios no remunerados, culminación de ciclos educativos básicos o medios, estudios universitarios aprobados y programas de reinserción laboral habilitados por el Ministerio de Justicia, con descuentos que pueden llegar hasta tres meses de condena, según el caso.

El artículo 121 establece que incluso los procesados pueden manifestar su intención de incorporarse a programas de reinserción, siempre que mantengan una conducta “muy buena”, lo que será tenido en cuenta si posteriormente resultan condenados. A su vez, el artículo 122 faculta a los jueces de ejecución a capitalizar los días ganados, previa solicitud de parte y con informe de la Dirección Penitenciaria.

No obstante, el camarista advirtió que los beneficios obtenidos pueden perderse totalmente si el condenado incurre en infracciones graves, conforme a lo dispuesto en el artículo 95 del Código de Ejecución Penal.

Finalmente, recordó que la ley establece un plazo máximo de 180 días desde su promulgación para reglamentar la modalidad de registro de todas las actividades desarrolladas por las personas privadas de libertad, un punto que según reiteró será clave para garantizar la legalidad y credibilidad del nuevo régimen.

En el marco de la feria judicial de enero, la Corte Suprema de Justicia dio a conocer la nómina de jueces penales de garantías que permanecen de turno, información clave para los abogados que litigan en el fuero penal durante este periodo de atención reducida.

De acuerdo con el calendario establecido, algunos magistrados cumplirán funciones durante la primera quincena, mientras que otros estarán habilitados a lo largo de todo el mes de enero, asegurando la continuidad de los casos urgentes y de los servicios esenciales previstos por la ley.

Los jueces penales de garantías de feria son: Rossana Diana Carvallo Estigarribia: del 1 al 15 de enero, Raúl Esteban Florentín Cueto: del 1 al 18 de enero, Lici María Teresita Sánchez Segovia: del 1 al 18 de enero, Mirko Valinotti: del 1 al 18 de enero, José Agustín Delmas Aguiar: del 1 al 31 de enero, Yoan Paul López Samudio: del 1 al 31 de enero y Francisco Antonio Acevedo Morel: del 1 al 31 de enero.

Esta distribución permite que los procesos penales que no admiten dilación continúen su tramitación normal durante la feria, brindando previsibilidad a los profesionales del derecho y garantizando el acceso a la justicia en causas urgentes.

Estos magistrados atienden casos relacionados a revisión de medidas, personas que caen presas en este periodo de receso, etc.