El juez penal de garantías José Agustín Delmás brindó detalles sobre el desarrollo de la feria judicial 2026, señalando que los casos de hurto y hurto agravado encabezan la lista de hechos punibles que ingresan diariamente a los juzgados durante este periodo de receso.

En entrevista con Judiciales Net, el magistrado explicó que, en los primeros días de la feria, la actividad judicial se mantiene constante, con un promedio de cinco a seis audiencias por juzgado, principalmente relacionadas con revisiones de medidas y audiencias de imposición de medidas cautelares.

Delmás indicó que, además de los hechos de hurto simple y agravado, los casos de violencia familiar también se presentan de manera reiterada. “Prácticamente todos los días estamos teniendo esa clase de hechos punibles, en los que generalmente se desarrollan hasta cinco audiencias diarias”, precisó.

En cuanto a las actuaciones permitidas durante la feria judicial, el juez aclaró que solo diligencias específicas están habilitadas, entre ellas las medidas cautelares, acciones de amparo, hábeas data, así como los requerimientos de exhortos que, por su urgencia, no pueden ser postergados.

Finalmente, el magistrado enfatizó que otras diligencias judiciales solo pueden llevarse adelante bajo ciertos requerimientos previos, conforme a lo establecido por la normativa vigente que regula el funcionamiento de los juzgados durante el receso judicial.

Agentes del Departamento de Inteligencia Sensible (SIU) de la Policía Nacional detuvieron en las últimas horas del martes a uno de los hombres de mayor confianza de Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, señalado como uno de los principales líderes del narcotráfico en Paraguay. El procedimiento se realizó en el marco de la megacausa “A Ultranza Py”, que investiga una de las mayores estructuras criminales del país.

El detenido fue identificado como Mariano Daniel Genes Benítez, quien, de acuerdo con fuentes policiales, se desempeñaba como mecánico aviador y cumplía funciones logísticas y administrativas dentro de la organización criminal. Al momento de su aprehensión, el sospechoso portaba una cédula de identidad correspondiente a otra persona e intentó destruir su teléfono celular con el aparente objetivo de eliminar evidencias.

Pese a ello, los intervinientes lograron incautar varios dispositivos móviles que serán sometidos a peritajes técnicos, ya que podrían contener información relevante sobre el funcionamiento y las operaciones del grupo criminal.

El comisario Luis López, jefe del Departamento contra el Crimen Organizado, calificó la detención como un golpe significativo a la estructura del clan Insfrán.
“Es una de las personas más importantes dentro de la organización, prácticamente el número uno tras la detención de Miguel Insfrán. Para los investigadores, se trata de un objetivo de alto valor estratégico”, afirmó.

Según los investigadores, Genes Benítez actuaba como operador logístico clave del clan Insfrán, con responsabilidades directas en la coordinación y supervisión del tráfico internacional de drogas. Entre sus funciones se encontraban la administración de pistas clandestinas en los departamentos de Presidente Hayes y San Pedro, la organización del transporte terrestre mediante vehículos con doble fondo y el control de depósitos ubicados en el Departamento Central, donde se almacenaban los cargamentos antes de su envío al exterior.

Asimismo, registros de interceptaciones telefónicas lo vinculan con otros miembros investigados en la causa. Dentro del esquema criminal, Genes Benítez cumplía el rol de director del tráfico interno, asegurando que la droga ingresada por vía aérea fuera redistribuida sin inconvenientes a través de rutas terrestres y centros de acopio, hasta su posterior salida hacia otros continentes.

La detención representa un nuevo avance en las investigaciones de la causa “A Ultranza Py” y un golpe directo a la logística del narcotráfico organizado en el país, afirmaron los intervinientes.

El senador Rafael Filizzola, presidente de la Comisión Especial de Investigación de la Mafia de los Pagarés, celebró la promulgación de la Ley 7614/2025, normativa que establece mecanismos de saneamiento para juicios ejecutivos, acciones preparatorias y de cobro de guaraníes, y consideró que se trata de un avance clave para proteger a los ciudadanos afectados por presuntos esquemas fraudulentos.

“La sanción de esta ley es un paso fundamental para evitar que más compatriotas sigan sufriendo descuentos indebidos de sus salarios y procesos judiciales irregulares que, en muchos casos, les privan de la totalidad de sus ingresos”, afirmó Filizzola, destacando la importancia de la medida para resguardar los derechos de las personas frente a prácticas abusivas.

El legislador recordó que la ley es resultado del trabajo conjunto entre la Comisión Especial de Investigación y el Ministerio de la Defensa Pública, con el acompañamiento del Poder Ejecutivo, y señaló que refleja una postura común orientada a corregir vacíos legales y zonas grises del sistema judicial que fueron aprovechadas para afectar gravemente a ciudadanos y familias.

Entre los aspectos más relevantes, la Ley 7614/2025 establece mecanismos que permiten suspender o levantar descuentos y embargos sobre salarios de personas que no pudieron ejercer su derecho a la defensa ni acceder a las actuaciones procesales, tal como lo garantiza la Constitución Nacional.

El senador explicó que la normativa impone deberes “de oficio” a los jueces, quienes deberán decretar la suspensión inmediata de cualquier embargo en los casos en que los expedientes no puedan ser localizados tras un plazo razonable.

Otro avance destacado es que la ley asegura acceso a la Defensa Pública para personas que no pueden costear un abogado o se encuentran en situación de vulnerabilidad, ya sea por limitaciones económicas, pertenencia a la tercera edad o a pueblos originarios, o dificultades para trasladarse a la Capital. Este acceso se tramitará mediante una simple declaración jurada, facilitando la defensa efectiva de quienes más lo necesitan.

Filizzola enfatizó que, al tratarse de un proceso de orden público, no se puede permitir abusos ni avasallamientos. “El Estado tiene la obligación de proteger los derechos a la subsistencia y a una vida digna, especialmente en casos donde miles de ciudadanos han perdido todo por una trama delictiva de la que incluso participó el propio sistema”, afirmó.

Finalmente, el senador resaltó que la ley está pensada para la gente y por la gente, sin alterar el sistema procesal vigente, sino reforzando las herramientas legales existentes para garantizar el derecho a la defensa de todas las personas afectadas.

La Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, dependiente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dio a conocer el informe de seguimiento de las audiencias preliminares correspondientes a los últimos días de diciembre de 2025, como parte de los mecanismos de control implementados para fortalecer la eficiencia y transparencia en el desarrollo del proceso penal.

El relevamiento abarca las actuaciones de los Juzgados Penales de Garantías de la Capital, los Juzgados de Delitos Económicos, los Juzgados Penales de la Adolescencia Primer y Segundo Turno, así como los Juzgados especializados en Crimen Organizado, correspondientes al primer, segundo y tercer turno. Este monitoreo permite contar con datos precisos sobre el avance real de las diligencias judiciales en una etapa clave del proceso penal.

De acuerdo con el informe, del total de audiencias preliminares programadas durante el periodo evaluado, el 56 % fue efectivamente diligenciado, lo que representa 25 audiencias realizadas, mientras que 20 audiencias fueron suspendidas, equivalentes al 44 % del total. Estos resultados reflejan un nivel de ejecución que, según la Auditoría, permite observar una evolución progresiva en el control de las diligencias, así como una mayor sistematización en el seguimiento de las causas.

En cuanto a los motivos de suspensión, el informe detalla que 9 audiencias no se realizaron por incomparecencia de las partes, otras 9 fueron suspendidas a pedido de los intervinientes, una debido a falta de notificación y una más a raíz de planteos procesales. La identificación puntual de estas causales constituye una herramienta clave para detectar obstáculos recurrentes y adoptar medidas correctivas que permitan mejorar la tasa de realización de audiencias.

Desde la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional se destaca que este mecanismo de seguimiento continuo no solo cumple una función estadística, sino que contribuye al fortalecimiento del control judicial, permitiendo evaluar el desempeño de los órganos jurisdiccionales y promover una gestión más eficiente de los tiempos procesales.

Asimismo, el informe pone de relieve que, a medida que avanza esta etapa del proceso penal, las diligencias van ganando en organización, control y desarrollo, lo que impacta de manera directa en la calidad del servicio de justicia. El monitoreo sistemático de las audiencias preliminares permite identificar buenas prácticas, así como áreas que requieren ajustes, en busca de garantizar el debido proceso y una respuesta judicial oportuna.

El control efectivo de las audiencias resulta fundamental para el avance ordenado de las causas penales y la confianza de la ciudadanía en la administración de justicia.