El Poder Ejecutivo promulgó la Ley N.º 7561 de Arbitraje, una normativa que establece el marco legal para la aplicación del arbitraje privado, tanto a nivel nacional como internacional, con el objetivo de fortalecer los mecanismos alternativos de resolución de conflictos en el país.

La ley, sancionada por el Congreso Nacional, define el ámbito de aplicación del arbitraje y precisa que podrá utilizarse en controversias de contenido patrimonial y transigible, así como en aquellos casos autorizados por la ley o por tratados y acuerdos internacionales ratificados por la República del Paraguay. Asimismo, aclara que sus disposiciones se aplicarán cuando el lugar del arbitraje se encuentre en territorio nacional, sin perjuicio de ciertos artículos que también tendrán vigencia aun cuando el arbitraje se realice fuera del país.

La normativa excluye expresamente del arbitraje las controversias relacionadas con relaciones laborales individuales, aunque contempla la posibilidad de someter a este mecanismo las disputas vinculadas a deportistas profesionales, conforme a lo que establezca la Secretaría Nacional de Deportes y la Ley del Deporte.

Uno de los puntos destacados de la ley es la habilitación para que organismos y entidades del Estado, así como sociedades anónimas con participación estatal, municipalidades y entidades binacionales, puedan someter a arbitraje sus contratos y controversias con particulares, siempre que la cuestión no se rija exclusivamente por el derecho público. En estos casos, el arbitraje será de derecho y deberá respetar el principio de publicidad.

En el marco de la promulgación de esta normativa, el presidente de la República, Santiago Peña, mantuvo una reunión con los ministros de la Corte Suprema de Justicia, en la que abordaron los alcances e implicancias de la nueva Ley de Arbitraje, así como su impacto en el sistema judicial y en la seguridad jurídica del país.

Desde el Gobierno señalan que la nueva legislación busca agilizar la resolución de conflictos, reducir la sobrecarga del sistema judicial y posicionar a Paraguay como un destino más confiable para las inversiones, mediante reglas claras y modernas en materia de arbitraje.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, presentó su informe de gestión correspondiente al último período, en el que expuso los principales ejes que guiaron el funcionamiento del Poder Judicial, con énfasis en la modernización tecnológica, el fortalecimiento de los controles internos y la adopción de medidas para garantizar reglas claras y transparencia en el servicio de justicia.

Durante su intervención, Diesel subrayó que la administración judicial no puede responder a improvisaciones ni a coyunturas políticas, sino que debe sostenerse en procedimientos formales, control permanente y continuidad institucional. En ese sentido, afirmó que el informe presentado busca “mostrar el interior de una organización que funciona, que se evalúa y que verifica constantemente sus procesos, rectificándolos cuando corresponde, dentro del marco de la Constitución y las leyes”.

Uno de los puntos centrales del balance fue el proceso de digitalización del sistema judicial. Según detalló, este avance permitió la realización de alrededor de seis millones de actuaciones electrónicas, consolidando una transformación profunda en la gestión de expedientes y en el acceso a los servicios judiciales en todo el país. El presidente de la Corte remarcó que sostener el servicio de justicia implica garantizar su presencia efectiva en todas las circunscripciones, atendiendo realidades diversas y demandas permanentes.

El informe también abordó las acciones implementadas en el marco de los juicios ejecutivos, orientadas a evitar la continuidad de prácticas irregulares vinculadas a la denominada “mafia de los pagarés”. Estas medidas se complementaron con el fortalecimiento de los controles internos mediante auditorías, como parte de una política institucional orientada a la prevención y corrección de desvíos.

Diesel insistió en que la conducción del Poder Judicial va más allá de la administración de recursos, ya que supone tomar decisiones responsables, preservar la autonomía funcional y garantizar derechos. En ese marco, destacó el trabajo cotidiano de magistrados y funcionarios judiciales, tanto en la capital como en el interior del país, cuyo esfuerzo colectivo señaló permite que las reglas se apliquen y que el servicio de justicia llegue efectivamente a la ciudadanía.

En materia de rendición de cuentas, reconoció que ninguna institución está exenta de desafíos y que el perfeccionamiento del sistema judicial requiere un examen constante, correcciones prudentes y decisiones orientadas a mejorar su desempeño. Como parte de esa proyección, anunció la elaboración del Plan Estratégico Institucional 2026–2030, concebido como una hoja de ruta para ordenar prioridades, consolidar aprendizajes y orientar las decisiones del próximo período.

Finalmente, el presidente de la Corte sostuvo que la continuidad institucional no implica rigidez, sino una evolución sostenida que respete los principios de una administración de justicia independiente, eficiente y transparente, siempre apegada a la Constitución. En ese contexto, agradeció a los ministros de la Corte, al Consejo de Superintendencia, al pleno del máximo tribunal y a las instituciones nacionales e internacionales que acompañan y articulan el trabajo del Poder Judicial.

Durante un pódcast oficial y en un intercambio directo con periodistas, el presidente Santiago Peña confirmó haber mantenido encuentros con ministros de la Corte Suprema de Justicia al margen de una agenda pública formal, declaraciones que reactivaron un debate de alto impacto institucional sobre los límites constitucionales del diálogo entre poderes, el deber de transparencia en la gestión pública y la preservación de la independencia judicial.

El eje del cuestionamiento no reside en la existencia de reuniones interinstitucionales que forman parte del funcionamiento normal del Estado sino en la negativa expresa del Poder Ejecutivo a informar sobre su realización, contenido y criterios de publicidad, bajo el argumento genérico de razones de seguridad y privacidad.

La Constitución Nacional estructura el sistema republicano sobre la división y equilibrio de los poderes del Estado (artículo 3). Desde esa lógica, la coordinación entre órganos no es solo legítima, sino necesaria. Sin embargo, la opacidad deliberada en los contactos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial introduce una zona de riesgo institucional, al debilitar los mecanismos de control ciudadano y la confianza pública.

En este punto, el derecho de acceso a la información pública adquiere un rol central. La Ley N.º 5282/14 consagra el principio de máxima divulgación, estableciendo que toda información en poder del Estado se presume pública, y que las excepciones deben ser restrictivas, específicas y debidamente motivadas. La sola invocación de “seguridad” o “privacidad” sin fundamentación concreta no satisface los estándares legales ni constitucionales para excluir información vinculada a actos de gestión pública.

Las agendas oficiales, reuniones institucionales y contactos entre poderes del Estado constituyen información de interés público, especialmente cuando involucran a autoridades con funciones constitucionalmente sensibles.

Más allá del plano informativo, el aspecto más delicado del caso se proyecta sobre la independencia judicial, garantizada por la Constitución (artículo 248) y desarrollada por los estándares éticos del propio Poder Judicial.

El Código de Ética Judicial no se limita a exigir independencia real, sino que incorpora un criterio más exigente: la apariencia de imparcialidad. En términos institucionales, no basta con que los jueces actúen sin presiones; también deben evitar conductas que razonablemente puedan generar dudas sobre su autonomía.

Las reuniones reservadas con el Poder Ejecutivo, sin registro público ni explicación institucional, no requieren prueba de interferencia concreta para resultar problemáticas. El solo hecho de que se desarrollen en un marco de opacidad es suficiente para erosionar la confianza en la separación funcional de los poderes.

En sistemas republicanos, cuanto mayor es la jerarquía del cargo, mayor es el deber de rendición de cuentas. El Presidente de la República no actúa como un ciudadano privado cuando recibe a otros poderes del Estado: actúa como jefe del Ejecutivo, y sus decisiones comunicacionales tienen impacto constitucional.

La discusión, por tanto, no es política ni mediática, sino jurídica:
¿hasta dónde puede llegar la reserva informativa en actos de gobierno?,
¿qué nivel de transparencia exige el principio republicano?,
¿y cómo se preserva la independencia judicial no solo frente a presiones reales, sino también frente a su percepción pública?

Lejos de tratarse de una polémica circunstancial, el episodio reabre un debate estructural sobre la cultura de transparencia del Estado paraguayo y los estándares con los que se evalúa la relación entre los poderes públicos.

El intercambio concluyó con una desestimación directa del cuestionamiento. Consultado sobre la relevancia institucional de la reunión con ministros de la Corte fuera de agenda, el Presidente sostuvo: “Estamos hablando de una pelotudez”. La frase sintetiza la distancia entre la concepción presidencial del tema y los estándares de control y transparencia exigidos en un sistema republicano.