Procesos

Tres ciudadanos colombianos procesados por un caso de producción de moneda no auténtica se encuentran prófugos de la justicia luego de manipular y retirarse las tobilleras electrónicas que les habían sido impuestas como medida alternativa a la prisión preventiva.

El juez penal especializado en delitos económicos, Rodrigo Estigarribia, a pedido del Ministerio Público, concedió medidas alternativas a la prisión al abogado Óscar Tuma tras la audiencia de imposición de medidas.

Un nuevo episodio vinculado presumiblemente al esquema conocido como la “mafia de pagarés”, está siendo investigado por la Corte, el descubrimiento de expedientes judiciales que no figuraban en los registros oficiales esta vez fueron encontrados en el juzgado de Paz de Lambaré. La detección se dio a partir de una revisión interna realizada por la jueza Lidia Fariña, titular del juzgado de Paz de J. A. Saldívar e interina en la sede de Lambaré.

La investigación versa sobre hechos de corrupción dentro de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. (Copaco), que habría provocado un grave perjuicio patrimonial al Estado, estimado preliminarmente en alrededor de G. 1.500 millones, según el avance de las diligencias fiscales.

El ciudadano peruano Erick Luis Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, fue entregado a las autoridades de Perú una vez que la decisión judicial que ordena su extradición quedó firme. Moreno Hernández enfrenta múltiples causas penales en su país de origen y es señalado como líder del grupo criminal “Los Injertos del Cono Norte.

El abogado Pedro Ovelar, defensor del expresidente Horacio Cartes, presentó ante la Cámara de Apelaciones su contestación al recurso interpuesto por Arnaldo Giuzzio, quien busca revocar el sobreseimiento definitivo de Cartes en una causa por presunto contrabando, lavado de dinero y otros delitos.

El Poder Judicial inició actuaciones para investigar el hallazgo de expedientes judiciales en una dependencia del Juzgado de Paz de la ciudad de Luque, luego de una verificación realizada en el marco de las funciones de control institucional.

La suspensión de la matrícula profesional de la abogada Zully Ortiz, dispuesta por la Corte Suprema de Justicia, genera esperanza y alivio entre las víctimas de la denominada mafia de los pagarés, según afirmó la abogada Noelia Núñez, querellante en la causa y representante legal de varias afectadas, entre ellas Ángela Zárate.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) aclaró que los jueces de Paz no necesitan ningún protocolo ni reglamentación adicional para proceder al levantamiento de embargos y medidas cautelares en expedientes extraviados o inexistentes, y advirtió que tomará medidas contra aquellos magistrados que incumplan la normativa vigente.

Integrantes de la Coordinadora de Víctimas de la Mafia de Pagarés exigen que los jueces cumplan con la reciente ley de saneamiento, que establece el levantamiento de embargos en expedientes desaparecidos.