El Ministerio de Justicia continúa buscando acuerdos con el fin de lograr que la mayor cantidad posible de personas privadas de libertad accedan al beneficio de la reinserción social.
La Corte Suprema de Justicia aprobó el uso de dispositivos electrónicos en el fuero penal especializado en delitos económicos, a propuesta de la Oficina Técnica Penal.
El juez penal de garantías de la capital, Mirko Valinotti, concedió arresto domiciliario a Arnaldo David Ginés González, imputado por el Ministerio Público por haber defraudado a un banco de plaza utilizando su cargo de confianza.
El ministro Víctor Ríos alertó sobre la trágica situación que afecta a los casos relacionados con el medio ambiente. Esta situación podría deberse al desconocimiento de la ley o a la existencia de una complicidad entre magistrados y fiscales que son flexibles ante casos alevosos de daño ambiental.
El juez de Garantías Miguel Palacios convocó para el 8 de mayo, a las 8:15, la audiencia preliminar para Reinaldo Javier «Cucho» Cabaña, el exdiputado colorado Ulises Quintana y los demás acusados por el caso Berilo.
El curso “Función Pública y Carrera del Servicio Civil” contará con expertos como Carlos Balbín, quien participará como panelista en una formación que promete abordar cuestiones relevantes para entender y aplicar correctamente la nueva Ley N.º 7445 de la Función Pública y su impacto.
El juez Julio César Alfonso, confirmó a Judiciales Net, que la defensa debe contestar la apelación especial planteada por el Ministerio Público. El plazo para que la defensa responda la apelación le vence en seis días más, es decir, el 8 de mayo próximo.
El juicio oral y público por la trágica muerte de Sol Chávez la joven fallecida por una sobredosis de flúor recetada por su odontóloga inició este miércoles, a fin de que un tribunal establezca una nueva pena para las procesadas.
El juez José Segundo Velázquez se inhibió en 2.872 expedientes, en algunos casos incluso después de haber emitido una sentencia, es decir, de manera extemporánea, según la denuncia expuesta por el ministro Eugenio Jiménez en la plenaria.
La máxima instancia ha aprobado un protocolo de actuaciones para depurar los miles de expedientes radicados en los juzgados de Paz. La iniciativa busca identificar los expedientes tramitados de forma irregular para que, de oficio, el juez proceda a su archivo.
