La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha admitido para estudio la acción de inconstitucionalidad presentada por Kattya González contra la decisión del senador que la sacó del Congreso.
Después de un proceso de cuatro años, el caso que investiga la compra irregular de agua tónica para combatir al COVID-19 ha llegado a una sentencia definitiva. Patricia Samudio, expresidenta de Petropar, acusada por lesión de confianza, ha sido condenada a una pena de cuatro años de prisión.
La fiscal de Ejecución Penal, Celia Beckelmann, ha apelado la decisión de un juez de Villarrica que ordenó el retorno de un recluso a Tacumbú, desde donde fue trasladado durante el megaoperativo que restauró el control en esta prisión.
Se llevó adelante el primer conversatorio sobre la propuesta de modificación de la Ley 4423/11 “Orgánica del Ministerio de la Defensa Pública, que obliga a esta institución brindar asistencia a toda persona que solicite directamente los servicios, independientemente a que cuente o no con medios económicos para solventar un abogado privado.
La agente fiscal Patricia Sánchez ha comunicado al Congreso la apertura de una investigación penal relacionada con la reposición de fueros a tres legisladores el pasado 4 de abril. La solicitud incluye la entrega del Acta de la sesión extraordinaria mencionada, así como la identificación de los senadores que participaron en la mencionada reposición.
Un hombre de 63 años fue sentenciado a cumplir 20 años de cárcel por abuso sexual en niños. Según lo probado en juicio, el condenado se desempeñaba como pastor evangélico y aprovechaba esta condición para abusar de un niño de solo cinco años.
La Fiscalía solicitó una pena de cuatro años de cárcel para la ex titular de Petropar, Patricia Samudio, acusada de lesión de confianza en el caso conocido como "agua tónica".
La especialista en derechos humanos, Alejandra Peralta, presentó este lunes una medida de Amparo Constitucional, luego de ser también bloqueada por dos senadores, Basilio “Bachi” Núñez y Norma Aquino, conocida como “YamiNal”.
De ahora en adelante, los Registros Públicos y todas sus oficinas registrales requerirán que los escribanos públicos tengan a la vista el certificado de antecedentes de deudores alimentarios morosos REDAN. Las personas inscritas en el sistema no podrán realizar trámites registrales.
