A pedido del ministro Manuel Ramírez Candia, integrante de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la máxima instancia judicial ordenó una auditoría de gestión jurisdiccional del expediente en el que Miguel Cuevas fue condenado a cinco años de cárcel por enriquecimiento ilícito.
Durante la conferencia inaugural de la XV Conferencia Latinoamericana de Arbitraje (CLA), que se desarrolla en Asunción, el reconocido jurista Eduardo Silva Romero subrayó la importancia del contexto en los procesos arbitrales internacionales, un aspecto que, según afirmó, suele ser olvidado por los tribunales arbitrales.
Según los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, los magistrados tenían pleno conocimiento de las irregularidades y firmaban resoluciones que autorizaban embargos preventivos sin notificación previa a los supuestos deudores. “Se valieron de la justicia para reclamar altas sumas de dinero mediante procedimientos totalmente ilegales”, señalaron los fiscales durante una conferencia de prensa.
La ciudad de Asunción se convierte esta semana en el epicentro del arbitraje internacional con la inauguración oficial de la XV Conferencia Latinoamericana de Arbitraje (CLA), que se desarrolla en el Centro Cultural del Puerto hasta el 26 de septiembre. La actividad convoca a juristas, árbitros, académicos y profesionales de alto nivel, provenientes de más de una decena de países.
La Corte Suprema de Justicia decidió intervenir en la prolongada causa por narcotráfico conocida como “Operativo Berilo”, tras constatar que el expediente lleva ocho años sin superar la etapa preliminar del proceso penal. A solicitud del ministro Manuel Ramírez Candia, la máxima instancia judicial del país ordenó la auditoría de todo el trámite de la causa, que ha sido objeto de múltiples incidentes y recusaciones que impidieron su avance.
Durante su visita a Paraguay, en el marco del 180.º Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su presidenta, Nancy Hernández, se refirió a los desafíos que enfrenta el país en materia de derechos humanos y consolidación democrática.
El Ministerio Público formalizó acusaciones en el marco de uno de los más graves casos de corrupción que salpica directamente al Poder Judicial, conocido como el caso de la mafia de los pagarés, una red delictiva que operaba desde los Juzgados de Paz de Asunción, utilizando procedimientos judiciales para ejecutar deudas de forma fraudulenta.
El exconcejal de Luque, Óscar Rubén González Cháves, fue condenado a cinco años y seis meses de prisión por los hechos punibles de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, en un fallo que confirma su responsabilidad penal en un caso de corrupción en la función pública.
La jueza penal de garantías Alicia Pedrozo resolvió otorgar libertad ambulatoria a Lourdes Rocío Aranda, abogada y exasesora jurídica de la extinta Asociación Mutual del Hospital de Clínicas (Amuclin), imputada por el fiscal Luis Piñánez en el marco de una investigación por presunta estafa dentro del esquema conocido como la “mafia de los pagarés”.
Durante el Seminario Internacional sobre el Impacto de las Decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se desarrolla en Paraguay como parte del 180° Período de Sesiones, la presidenta del organismo, Nancy Hernández, subrayó la trascendencia de la opinión consultiva OC-5/85, dictada hace casi cuatro décadas, como uno de los fallos más influyentes en materia de libertad de expresión y libertad de prensa en la región.
