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El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), el Ministerio de la Defensa Pública y el Ministerio de Justicia trabajan en la definición de un mecanismo que permita garantizar el derecho al voto de las personas privadas de libertad que, de acuerdo con la legislación vigente, mantienen habilitados sus derechos políticos.

Un abogado fue condenado a siete años de prisión tras ser hallado culpable de utilizar un poder falso para intentar vender unas 6.000 hectáreas de tierras que pertenecían a otra persona, en una maniobra que buscó aparentar una representación legal que nunca le fue otorgada.

El Poder Judicial suscribió un Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Fundación Moisés Bertoni, con el propósito de fortalecer las acciones orientadas a la protección y preservación del ambiente, con especial énfasis en la formación de los operadores de justicia.

La abogada Noelia Núñez presentó una denuncia disciplinaria contra los integrantes del Tribunal de Sentencia Colegiado de Presidente Hayes, órgano que debía llevar adelante el primer juicio oral relacionado con la denominada “mafia de los pagarés”.

El Ministerio Público avanza en la investigación de un presunto perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones en el Instituto de Previsión Social (IPS), causa en la que están imputados dos expresidentes de la institución por la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza.

La aeronave fue localizada en un hangar del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi mediante un operativo de inteligencia coordinado entre la SENAD, la Fuerza Aérea Paraguaya y la Policía Federal de Brasil. El avión, relacionado con Daniel Vorcaro, estaba sujeto a medidas judiciales de carácter patrimonial en el vecino país.

Una resolución del Juzgado de Paz de Mariano Roque Alonso hizo lugar al incidente de nulidad planteado por la defensora pública Leticia Casaccia y dispuso dejar sin efecto un embargo ejecutivo, además de retrotraer el proceso a una etapa anterior. La decisión beneficia a una mujer que también fue víctima del esquema conocido como la “mafia de pagarés”.

El abogado Gustavo González Planás cuestionó que el proceso contra el exministro Joaquín Roa haya quedado asociado públicamente a A Ultranza Py, pese a que, según sostiene, la acusación contra su cliente se refiere a presuntas inconductas en la administración pública y no a hechos vinculados al narcotráfico o lavado de dinero. El defensor advierte que esa asociación pudo influir en la percepción del caso y denuncia vulneraciones de garantías procesales.

Jeova Leandro Da Silva, de 80 años, sostiene que canceló en 2015 un pagaré por USD 35.780. Una resolución judicial posterior reconoció que la obligación estaba extinguida, pero una ejecución iniciada en otro juzgado mantiene latente el riesgo de que su propiedad sea rematada. El caso fue presentado ante la Comisión Especial del Senado que investiga la denominada “Mafia de los Pagarés”.

En Paraguay, seis de cada diez personas privadas de libertad aún no tienen una condena. Un estudio impulsado por el Centro de Estudios Judiciales (CEJ) identifica obstáculos que van más allá de las normas procesales: falta de información confiable sobre el arraigo de los procesados y ausencia de una estructura institucional capaz de supervisar las medidas alternativas. Para María Victoria Rivas, directora ejecutiva del CEJ, el problema exige revisar cómo funcionan las instituciones que sostienen al sistema de justicia.