Pablo, un vendedor ambulante de 24 años, fue llevado a juicio oral y público ante un Tribunal de Sentencia después de ser imputado por el Ministerio Público. Sin embargo, durante la audiencia oral no se pudo probar el hecho acusado por la fiscalía y Pablo fue absuelto.
La defensora pública Anahí Benítez solicitó la absolución de su representado y argumentó que no existían elementos del tipo objetivo ni nexo causal. Además, mencionó que según las declaraciones brindadas por los testigos en ningún momento se pudo corroborar la participación de Pablo en el hecho.
El Ministerio Público había solicitado al tribunal una pena privativa de libertad de 10 años para Pablo. Sin embargo, tras lo expuesto por la defensora pública el tribunal resolvió absolverlo y ordenó el levantamiento de todas las medidas que pesaban en su contra.
Este caso demuestra la importancia del debido proceso y del derecho a una defensa justa. Gracias al trabajo de la Defensa Pública, Pablo pudo demostrar su inocencia y recuperar su libertad.
