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La Justicia protege la libertad de prensa y frena intento de censura

La Justicia rechazó un hábeas data presentado contra Resumen de Noticias (RDN), reafirmando que este mecanismo no puede ser utilizado para eliminar publicaciones periodísticas de interés público. La acción fue promovida por Fausto René Velázquez Rojas, quien buscaba que se retirara una nota que lo mencionaba.

El juez Penal de Garantías, Francisco Acevedo Morel, resolvió rechazar la solicitud el mismo día de su análisis. La defensa del medio, a cargo de la abogada Alejandra Peralta Merlo, celebró la decisión judicial al referir que por esta vía se buscó eliminar una publicación de interés público.

En su resolución, el magistrado destacó que el artículo 135 de la Constitución limita el hábeas data a registros específicos, oficiales o privados, destinados a brindar información. RDN y sus publicaciones no encuadran en esa categoría. La Ley N° 1.682/2001 también excluye expresamente las fuentes periodísticas y el ejercicio informativo, estableciendo que este tipo de acciones no puede aplicarse a medios de comunicación.

El intento de eliminar la nota fue interpretado como un caso de censura previa, prohibida tanto por el artículo 26 de la Constitución Nacional como por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, cualquier restricción a la difusión de información debe ser excepcional y proporcional, condiciones que no se cumplen en este caso específico. La información difundida por RDN es veraz y de interés público.

La publicación en cuestión estaba basada en hechos del Operativo Diamante, en el que el accionante fue detenido y procesado por tráfico internacional de drogas. Con esta decisión, la Justicia reafirma su rol en proteger la libertad de prensa y evitar que mecanismos legales sean usados para silenciar a los medios.

Arranca conversatorio para fortalecer la justicia restaurativa en Paraguay

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Con el objetivo de fortalecer la justicia restaurativa en el país, se dio inicio a un conversatorio académico liderado por el profesor internacional belga Ivo Aertsen, junto al doctor Camilo Torres, responsable de la Oficina Técnica Penal Adolescente (OTPA). La actividad, que se desarrollará durante los próximos días, busca brindar a los jueces del Fuero Penal Adolescente herramientas prácticas para implementar mecanismos que favorezcan la reinserción social de adolescentes infractores.

Por su parte, el doctor Torres afirmó que estos espacios académicos “permiten visibilizar lo invisible: la justicia restaurativa”, y señaló que se trabajará para replicar estas experiencias de manera constante, promoviendo no solo la reinserción de los adolescentes, sino también la participación de la comunidad en la resolución de conflictos.

Asimismo, Torres explicó que la justicia restaurativa no se limita a delitos menores, sino que puede aplicarse en casos más graves, especialmente durante la fase de ejecución de la pena, fortaleciendo así los procesos de reinserción social bajo la administración del Estado.

Durante el conversatorio, el profesor Aertsen compartirá distintos modelos de aplicación de la justicia restaurativa, basados en experiencias exitosas en Bélgica y otros países, aportando referentes internacionales que puedan adaptarse al contexto paraguayo.

En la actividad participan jueces penales de Asunción y del Fuero Penal Adolescente, magistrados de los departamentos Central y Cordillera, representantes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, funcionarios del Ministerio de Justicia, la viceministra de la Niñez, Verónica Argüello, y demás profesionales interesados en fortalecer la justicia restaurativa dentro del sistema penal juvenil en Paraguay.

La ministra de la Corte Suprema de Justicia y ministra enlace de la Oficina Técnica Penal (OTP), doctora Carolina Llanes, quien destacó la relevancia de este tipo de capacitaciones, señalando que los magistrados deben mantenerse en formación continua para aplicar estrategias orientadas a una justicia más restaurativa y menos punitiva.

Suspenden sin salario a funcionarias por hacer skincare en oficina de atención a víctimas

El Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia dispuso la instrucción de un sumario administrativo y la suspensión preventiva sin goce de sueldo de dos funcionarias de la Oficina de Atención Permanente a Víctimas de Violencia de San Lorenzo, tras la detección de presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

La medida fue adoptada, atendiendo a la gravedad de los hechos investigados y a la necesidad de garantizar el adecuado funcionamiento de un servicio considerado prioritario por la naturaleza de los casos que atiende.

De acuerdo con los antecedentes, las funcionarias habrían incurrido en conductas incompatibles con sus responsabilidades laborales, al encontrarse en una especie de “momento de spa” durante el horario de trabajo y dentro de la propia oficina, espacio destinado a la atención de personas en situación de vulnerabilidad.

Ante esta situación, la máxima instancia de supervisión del Poder Judicial resolvió iniciar una investigación formal con el objetivo de determinar responsabilidades. El proceso busca la averiguación, comprobación y esclarecimiento de los hechos denunciados, en el marco de las facultades disciplinarias de la institución.

Como parte de las medidas adoptadas, también se designó a una jueza instructora para llevar adelante el sumario, mientras que la suspensión preventiva regirá durante el desarrollo del proceso o hasta que se dicte una resolución definitiva.

Desde el Consejo de Superintendencia señalaron que estas acciones responden a la necesidad de preservar la integridad del servicio de justicia y asegurar que las dependencias encargadas de asistir a víctimas operen con la seriedad, responsabilidad y compromiso que la función exige.

Fiscal general reorganiza a agentes fiscales para mejorar la eficiencia

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El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, dispuso una serie de cambios en el Ministerio Público con el objetivo de optimizar la labor institucional y mejorar la respuesta en distintas áreas del país. Las medidas fueron establecidas mediante la Resolución N.º 930, firmada este 24 de marzo de 2026.

La reorganización contempla la rotación de agentes fiscales en unidades clave, en el marco de una estrategia orientada a fortalecer el funcionamiento interno y lograr una distribución más eficiente de los recursos humanos.

En ese contexto, el agente fiscal César Asunción Pujol Benítez fue designado al frente de la Unidad Penal de Villa Hayes. Este cambio se da tras la reasignación de Alfredo Daniel Mieres Ávalos, quien pasará a desempeñarse en las unidades Civil, Comercial, Laboral, Niñez y Adolescencia de la Fiscalía de Villarrica.

Por otra parte, Richar Gustavo Acosta Aguayo asumirá como titular de la Unidad Penal N.º 1 de la Fiscalía de San Antonio, con intervención también en causas vinculadas a delitos electorales y en procesos relacionados con la explotación clandestina de juegos de azar, que deberá llevar hasta su conclusión.

En tanto, Sandra Beatriz Ledesma Espinoza fue trasladada a la Fiscalía Barrial N.º 9 de Asunción, donde quedará a cargo de la Unidad Penal N.º 2, además de integrar la Unidad de Delitos Electorales N.º 1 en la capital.

Estos movimientos forman parte de un proceso de reordenamiento impulsado por la máxima autoridad del Ministerio Público, que busca dinamizar el trabajo fiscal y responder con mayor eficacia a las demandas del sistema de justicia. La resolución establece que los cambios entrarán en vigencia a partir del 31 de marzo de 2026.

Igualmente, se ordena un inventario de las causas tramitadas en las fiscalías afectadas por esta decisión, así como el estado de las cusas y lugar de depósito de las evidencias de estas causas.

Suspenden juicio oral por la muerte de un adolescente

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El juicio oral y público contra uno de los acusados por el homicidio del adolescente futbolista Ismael Domínguez, de 15 años, fue suspendido debido a un error administrativo en la notificación de traslado. La decisión generó indignación en los familiares, quienes cuestionaron duramente la postergación.

El proceso judicial debía iniciarse contra Jesús Gabriel Roa, principal acusado por la muerte de Ismael Domínguez, ocurrida en septiembre de 2024 durante un partido de fútbol en el barrio San Pablo de Asunción. Sin embargo, el juicio fue suspendido porque la citación remitida a la penitenciaría de Tacumbú se habría traspapelado, impidiendo el traslado del procesado hasta el poder judicial de Asunción, según comunicaron los integrantes del tribunal.

La madre del joven, Marta González, expresó su dolor y frustración ante la postergación, señalando que la familia espera justicia desde hace más de un año. “No podemos aceptar más demoras, mi hijo merece que se haga justicia”, manifestó.

El hecho que derivó en la muerte del adolescente ocurrió durante un encuentro del campeonato de la Federación Paraguaya de Escuelas de Fútbol. Ismael, que debutaba con el club Nacional de San Bernardino, recibió una patada en la cabeza en medio de una gresca entre jugadores. Tras ser trasladado al Hospital San Pablo y luego al Hospital de Trauma, se confirmó su fallecimiento por una hemorragia interna en el cráneo.

Además de Roa, otros tres menores fueron imputados por su participación en el violento episodio.

Reconocido penalista se especializa en IA y Derecho

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El destacado penalista Manuel Guanes Nicoli concluyó un curso superior en Inteligencia Artificial y Derecho en la prestigiosa Universidad de Salamanca, consolidando su posición como uno de los profesionales locales con mayor preparación en la intersección entre tecnología y derecho penal.

Con una trayectoria destacada en causas penales de relevancia nacional y la academia, Guanes Nicoli ha sabido combinar experiencia, rigor técnico y compromiso con la defensa de los derechos fundamentales. Su reciente formación internacional le permite ahora ampliar su enfoque profesional y en las aulas, incorporando herramientas tecnológicas avanzadas para analizar casos, interpretar normativa y anticipar escenarios legales complejos.

«La culminación de este curso representa mucho más que una certificación académica. Supone incorporar herramientas conceptuales y prácticas para comprender cómo la inteligencia artificial impacta en la abogacía, en la función judicial, en la administración pública y en los sistemas de responsabilidad. Desde una perspectiva jurídica, permite analizar la IA no solo como fenómeno tecnológico, sino como objeto de regulación, fuente de riesgos y también como instrumento útil para la investigación, la prueba, la gestión pública y la interpretación jurídica.»

En un contexto donde los algoritmos, la automatización y los sistemas inteligentes inciden cada vez más en la vida social e institucional, el penalista enfatiza la necesidad de que los profesionales del derecho comprendan cómo estas herramientas afectan la transparencia, la legalidad, el debido proceso y la protección de los derechos fundamentales.

La formación le permitió actualizar y fortalecer conocimientos en áreas clave como inteligencia artificial aplicada al derecho, ética y regulación, derechos fundamentales, investigación y prueba, ciberseguridad, administración pública, blockchain, propiedad intelectual y fiscalidad.

Para Guanes, esta formación fortalece su línea de trabajo que combina estudiar el vínculo entre innovación tecnológica y la responsabilidad jurídica, con una mirada crítica y garantista, orientada a los desafíos contemporáneos del Derecho.

Con esta especialización, Manuel Guanes Nicoli se proyecta como un referente en la integración de la tecnología y el derecho penal en Paraguay, aportando conocimiento, innovación y una visión estratégica para enfrentar los retos legales de la era digital.

Andrea Vera Aldana presenta “Infancia Revelada”, un análisis profundo sobre la Niñez

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La reconocida jurista Andrea Vera Aldana lanzará su más reciente obra, Infancia Revelada: Historia, sociedad y reconocimiento, el próximo lunes 6 de abril a las 18:30 en Espacio E, ubicado en Estrella 977 y 981, entre Colón y Montevideo. La invitación a este evento cultural fue extendida por la propia autora, quien promete un encuentro enriquecedor con el público.

Vera Aldana, exmagistrada especializada, doctora en Derecho Penal y experta en criminalidad compleja, destaca que su libro “no solo analiza el pasado, sino que interpela el presente: cuestiona prácticas institucionales, los sistemas de protección y los modelos de justicia, invitando a repensar el lugar real que ocupa la Niñez”.

La obra combina rigor académico con un enfoque social, explorando cómo las políticas y estructuras institucionales han influido en la vida de los niños y niñas a lo largo de la historia. Además, busca generar un espacio de reflexión sobre los derechos y el reconocimiento de la infancia en el contexto actual.

El lanzamiento del libro incluirá un conversatorio con la autora y la oportunidad de interactuar directamente con los asistentes, quienes podrán adquirir el ejemplar y conocer más sobre los planteamientos y estudios presentados en Infancia Revelada.

Con este trabajo, Andrea Vera Aldana continúa aportando al debate sobre justicia, protección social y derechos de la niñez, combinando su experiencia en el ámbito judicial con un profundo compromiso con la transformación social.

Imputan a barbero que pretendía vender 40 mil dosis de éxtasis en el país

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El ciudadano Anyelo Tibursio Brito de nacionalidad dominicana fue imputado por el Ministerio Público por la presunta comisión de los hechos punibles de tenencia y comercialización de drogas, en el marco de un operativo que permitió la incautación de una importante carga de sustancias ilícitas en el departamento Central.

El procedimiento fue llevado a cabo en la zona de Acceso Sur de la ciudad de Villa Elisa, donde agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a través de la Dirección de Operaciones Urbanas – Zona 2, lograron la detención del sospechoso, un hombre de 32 años. Durante la intervención, las autoridades decomisaron un total de 25 kilos con 504 gramos de supuesta MDMA, conocida comúnmente como éxtasis.

De acuerdo con las estimaciones, la cantidad incautada equivale a unas 40.000 dosis de la droga, que presuntamente estaban listas para su distribución en el mercado ilegal. Los investigadores no descartan que estas sustancias estuvieran destinadas a eventos de alta concurrencia, donde suele aumentar la demanda de este tipo de drogas sintéticas.

El operativo se desarrolló bajo la supervisión y dirección del agente fiscal interviniente, en coordinación con el Ministerio Público. Además de la droga, los intervinientes incautaron una motocicleta y varios aparatos celulares, que serán sometidos a peritaje en el marco de la investigación.

El fiscal Ranulfo Venialgo valoró el trabajo conjunto entre la SENAD y el Ministerio Público, destacando que el procedimiento representa un golpe importante a las estructuras criminales que operan al margen de la ley en el departamento Central.

Según las autoridades, con este operativo se logró desarticular un esquema delictivo que pretendía introducir y distribuir una significativa cantidad de drogas sintéticas en el país, reforzando así las acciones de combate contra el narcotráfico y el microtráfico en zonas urbanas.

Paraguay analiza modelo brasileño para fortalecer la reinserción social

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Con la mirada puesta en modernizar su sistema penitenciario y mejorar los procesos de reinserción social, Paraguay avanza en la evaluación de experiencias exitosas en la región. En ese contexto, una delegación del Ministerio de Justicia, encabezada por el viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, visitó el estado de Santa Catarina para interiorizarse sobre un modelo considerado referente en materia de gestión penitenciaria.

El recorrido incluyó encuentros con autoridades de la Secretaría de Estado de Justicia y Reintegración Social y una visita técnica al Centro Penitenciario Industrial de Blumenau, donde el trabajo de las personas privadas de libertad se ha consolidado como uno de los pilares del sistema. Allí, la comitiva paraguaya pudo observar de cerca el funcionamiento de talleres productivos y la articulación con empresas privadas que operan dentro de los recintos penitenciarios.

Durante la visita, el director general de la Policía Penal del estado, Maicon Ronald Alves, destacó que los logros alcanzados responden a una política sostenida en el tiempo, basada en resultados medibles y en una fuerte coordinación entre instituciones.

Más allá de la observación técnica, el interés de Paraguay se centra en identificar los elementos que podrían ser replicados a nivel local. El orden interno, la disciplina y, sobre todo, la integración del trabajo como herramienta de transformación social fueron aspectos especialmente valorados por la delegación. Según explicaron, este modelo no solo contribuye a la generación de ingresos dentro del sistema, sino que también reduce costos operativos y brinda oportunidades reales a las personas privadas de libertad para reinsertarse en la sociedad.

La misión oficial también estuvo integrada por la directora de Bienestar y Reinserción Social, María Rosalía González Flores; el jefe de Producción Laboral, Guido René González Cárdenas; y la jefa de Contabilidad, Paola Fabiana Leiva de Benítez.

El caso de Santa Catarina resulta especialmente relevante: más de 10.700 internos participan activamente en programas laborales, posicionando al estado como uno de los más avanzados de Brasil en este ámbito. El sistema se apoya en alianzas con el sector privado, formación continua y un esquema que busca reducir la reincidencia mediante la inclusión productiva.

Desde el Ministerio de Justicia paraguayo, esta experiencia forma parte de un proceso más amplio de revisión y fortalecimiento del modelo penitenciario nacional. La meta es clara: adaptar prácticas eficientes que permitan ampliar las oportunidades de reinserción, optimizar recursos y avanzar hacia un sistema más humano, sostenible y orientado a resultados.

Reciclaje impulsa orden en los juzgados civiles de la Capital

Como parte de un proceso de reorganización interna y compromiso ambiental, los juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Capital llevaron adelante una jornada de depuración de archivos que permitió retirar más de 1.200 kilos de papel y cartón en desuso, generando un impacto directo en la optimización de los espacios de trabajo.

La actividad se desarrolló en dependencias ubicadas en la planta baja y el tercer piso de la torre sur del Palacio de Justicia, con la participación de técnicos de la Dirección de Derecho Ambiental. Durante la intervención se procedió a la clasificación y retiro de materiales reciclables, entre ellos papel, cartón y plásticos, que ya no cumplían una función dentro de los despachos.

El resultado fue la recuperación de 1.219,5 kilogramos de residuos valorizables, que serán derivados a empresas recicladoras para su reinserción en el circuito productivo. Este proceso no solo contribuye a reducir el impacto ambiental, sino que también mejora las condiciones laborales al liberar áreas ocupadas por documentación innecesaria.

Desde la Dirección de Derecho Ambiental destacaron que este tipo de اقدامات promueve una gestión más eficiente de los recursos, fomentando la reducción del uso de papel y el aprovechamiento responsable de materiales. Asimismo, remarcaron que la reutilización de estos insumos permite disminuir la presión sobre los recursos naturales.

La iniciativa se enmarca en la política institucional de sostenibilidad del Poder Judicial, que impulsa prácticas orientadas al cuidado del ambiente y al uso racional de los recursos. En esa línea, este mismo procedimiento ya fue implementado previamente en el fuero laboral, donde también se logró optimizar espacios y mejorar la organización interna.

Con estas acciones, la Corte Suprema de Justicia refuerza su compromiso con una gestión más eficiente y sustentable, alineada a estándares que buscan minimizar el impacto ambiental generado por el funcionamiento de sus dependencias.

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