El Tribunal de Sentencia de Villa Hayes condenó a Gustavo Daniel Román Meza a 20 años de prisión, y a Juliano Miguel Román Meza a 18 años de cárcel, tras hallarlos culpables del asesinato del joven Nicolás Ledesma. El órgano juzgador estuvo integrado por el magistrado José Eugenio Jaquet y las juezas Paola Duarte y Corina Sanabria.

De acuerdo con lo probado durante el juicio oral, ambos condenados agredieron a la víctima con extrema violencia en la vía pública, sin que haya existido una motivación previa ni una pelea, como se había sostenido en un inicio. El Tribunal concluyó que el hecho se produjo de manera directa y sin justificación.

El crimen ocurrió en la madrugada del 8 de octubre de 2023, en la ciudad de Villa Hayes, y generó una fuerte conmoción en la comunidad. Con la sentencia, la familia de la víctima manifestó encontrar un grado de alivio tras el proceso judicial.

Victoria Ledesma, hermana del joven asesinado, señaló que el desarrollo del juicio fue especialmente difícil para los allegados, ya que implicó revivir lo sucedido. No obstante, valoró la decisión del Tribunal, al considerar que la condena aporta cierta tranquilidad luego de lo atravesado.

Asimismo, destacó que durante el proceso se determinó que no existió una riña previa ni vínculo entre la víctima y los agresores, lo que, según indicó, refuerza la gravedad de lo ocurrido.

La familiar también reconoció el trabajo del agente fiscal Alfredo Mieres, resaltando la solidez de la acusación y la presentación de pruebas que permitieron sustentar la culpabilidad de los procesados. Igualmente, valoró la labor de los abogados querellantes Hugo Palacios, Elena Barrios y Mónica Escobar, quienes acompañaron el proceso en representación de la familia.

Con esta resolución, el caso avanza hacia su cierre judicial, mientras los familiares de la víctima sostienen su expectativa de que la condena quede firme y se cumpla en su totalidad, así como las relacionadas a otros responsables en el hecho, Atilio Colarte quien está con medidas y Joel Román Meza quien está prófugo.

El Tribunal de Sentencia presidido por la jueza Rossana Maldonado, e integrado por los jueces Manuel Aguirre y Juan Ortiz como miembros, aplicó una condena ejemplar a un hombre que abusó en reiteradas ocasiones de una niña de solo 9 años.

La agente fiscal Mercedes Vera, representó al Ministerio Público en un juicio oral en el que obtuvo una condena de 20 años de pena privativa de libertad para el hombre hallado culpable de la comisión del hecho punible de abuso sexual en niños. La causa fue llevada adelante por la agente fiscal Mercedes Cañiza.

Según lo probado durante el debate público, los hechos ocurrieron a partir del 29 de agosto de 2020, en el interior de una vivienda ubicada en el barrio Ricardo Brugada de Asunción. La víctima, una niña que tenía 9 años al momento del inicio de los abusos, era sobrina de la pareja del hoy condenado.

El Tribunal de Sentencia consideró probada la existencia de abusos sistemáticos hacia la víctima mediante el uso de la fuerza. La menor recibió contención psicológica tras la denuncia, logrando relatar de forma clara y precisa los episodios de agresión que sufrió por parte de su tío político.

Los datos del condenado se omiten para proteger la identidad de la víctima.

Según los datos oficiales más del 80% de los casos de abuso sexual en niños se produce en el entorno familiar. El Ministerio Público recibe cerca de siete casos de abuso sexual en niños por día.

La defensora pública Leticia Casaccia presentó un incidente de nulidad de actuaciones en el marco de un juicio ejecutivo por cobro de guaraníes contra la señora María Estela Acuña docente jubilada, una de las víctimas del esquema denominado «mafia de pagarés», alegando una serie de irregularidades en el proceso de notificación que, según sostiene, habrían vulnerado el derecho a la defensa de la afectada.

De acuerdo con el planteamiento, uno de los aspectos más llamativos es la superposición de diligencias de notificación realizadas por un mismo ujier en distintas localidades y en fechas coincidentes. En ese sentido, se menciona que existen constancias de actuaciones practicadas el mismo día y en horarios similares en diferentes ciudades, lo que genera dudas sobre la efectiva realización de dichos actos procesales.

Otro punto central señalado en el incidente refiere al domicilio consignado para las notificaciones. Según la presentación, varias cédulas fueron diligenciadas en la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda —conocida como la “Caja de Jubilados”—, lugar que no corresponde al domicilio real de la persona demandada. La defensa argumenta que, pese a tratarse de una institución pública con mesa de entrada, en las diligencias se dejó constancia reiterada de que el ujier “no fue atendido por persona alguna”, lo que resulta, a su criterio, inconsistente.

Asimismo, se cuestiona que la persona afectada nunca habría tenido conocimiento efectivo de la demanda en su contra. Casaccia sostiene que, de haber sido notificada correctamente, su defendida habría ejercido oportunamente su derecho a comparecer en el proceso, tal como ella misma lo refiere. En cambio, afirma que la falta de notificación válida derivó en una situación de indefensión que permitió el avance del juicio sin su participación.

El incidente también hace referencia a las consecuencias económicas del proceso. Según la defensa, a partir de estas actuaciones se dispuso el embargo de una parte del salario de la afectada, descuentos que se habrían sostenido durante años sin que esta pudiera ejercer su derecho a defensa.

En este contexto, se recuerda que el juez interviniente ya había dispuesto la suspensión del embargo en una etapa previa, a pedido de la misma defensora. No obstante, a partir de nuevos elementos incorporados, la defensa solicita ahora la nulidad de todo el juicio ejecutivo, al considerar que las irregularidades detectadas afectan la validez de las actuaciones desde su origen.

El planteamiento se sustenta, entre otros puntos, en lo establecido en el Código Procesal Civil respecto a la validez de las notificaciones y las garantías del debido proceso. Será el juzgado el que deba resolver si corresponde hacer lugar al incidente y, eventualmente, declarar la nulidad de lo actuado.

Representantes de la Coordinación para la Inscripción de Bienes Incautados y Comisados, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, participaron en una mesa técnica interinstitucional junto a autoridades del Ministerio Público, con el objetivo de avanzar en la depuración de evidencias almacenadas en depósitos de todo el país.

El encuentro reunió a responsables de la Dirección de Evidencias y de la Dirección de Auditoría de Control de Gestión Fiscal, con el fin de articular acciones conjuntas que permitan revisar, ordenar y dar destino a los elementos incautados en distintas causas.

Uno de los ejes centrales de la reunión fue establecer mecanismos de trabajo coordinado para optimizar la administración de estos bienes, en línea con criterios de transparencia y eficiencia institucional promovidos por el sistema judicial.

Según señalaron los participantes, la depuración de evidencias resulta clave para mejorar el funcionamiento del sistema de justicia penal, ya que contribuye a una gestión más ágil y ordenada de los depósitos.

La actividad se desarrolló en la sede de la Dirección de Evidencias y contó con la presencia de Melissa González, encargada de la Oficina de Inscripción de Bienes Incautados y Comisados; Roberto Vera, director de Evidencias del Ministerio Público; y Daniel Leguizamón, coordinador de la Dirección de Auditoría de Control de Gestión Fiscal.

El juicio oral por homicidio doloso contra Jesús Gabriel Roa González, que quedó suspendido el pasado 23 de marzo de 2026 debido a que la Penitenciaría Nacional de Tacumbú no trasladó al acusado hasta la sede judicial, fue justificado por la institución alegando falta de personal.

El Juzgado Penal de Sentencias N.º 24 de la capital aclaró que cumplió en tiempo y forma con el oficio de traslado, el cual fue recepcionado por la penitenciaría, pero la diligencia no se concretó por razones internas de la institución penitenciaria.

Esto se refiere al caso que tiene como víctima a Ismael Domínguez, de 15 años, quien falleció tras recibir un golpe durante una gresca luego de un encuentro de fútbol de categorías inferiores. El principal acusado es Jesús Gabriel Roa González, alias “Kapeluki”, de 20 años, señalado como el autor del golpe mortal. Roa fue procesado y remitido a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú en septiembre de 2024, donde permanece recluido.

De acuerdo con el informe remitido por la Coordinación de Comparecencias de Tacumbú, la presencia del interno había sido solicitada para esa fecha con el fin de continuar el juicio oral y público. Sin embargo, el traslado no se realizó. En el documento se señala que “…debido a estrictas medidas de seguridad necesarias para el traslado del interno y la falta de personal suficiente, no se pudo dar cumplimiento a dicha diligencia”.

El justificativo fue firmado por el abogado Willian Barboza, coordinador de Comparecencias de la Penitenciaría Nacional, y presentado ante el juzgado el mismo 23 de marzo de 2026 a las 13:38.

Se aguarda la nueva fecha para el juicio oral y público. La familia del joven criticó duramente la suspensión de la audiencia, ya que lleva años persiguiendo que se haga justicia por la muerte violenta.

El tribunal de sentencia está integrado por los jueces Sonia Villalba, Laura Ocampo y Fabián Weisensee.

El Tribunal de Apelación rechazó la apelación de la defensa del periodista Carlos Granada y ratificó la sentencia condenatoria de 10 años de cárcel, destacando la correcta valoración de las pruebas en primera instancia y la inexistencia de violaciones constitucionales.

El Tribunal de Apelación en lo Penal, Tercera Sala, integrado por el Dr. Agustín Lovera Cañete como presidente y miembro preopinante, el Dr. José Waldir Servín y la Dra. María Belén Agüero, resolvió confirmar la condena de 10 años de prisión impuesta a Carlos Javier Granada Fernández. La defensa había cuestionado la sentencia, pero los jueces concluyeron que el tribunal de origen actuó conforme a derecho y con razonamiento lógico.

Los magistrados recordaron que su competencia no incluye un nuevo examen de los hechos ni de las pruebas, sino únicamente verificar que el tribunal inferior haya seguido las reglas de la sana crítica: lógica, psicología y experiencia. En relación con los testimonios, rechazaron el argumento de la defensa sobre un supuesto “testigo único”, señalando que existieron seis víctimas con relatos independientes, corroborados por informes psicológicos, pericias y documentos. Además, subrayaron que, en delitos sexuales, por su carácter clandestino, la declaración de la víctima constituye una prueba esencial.

«De lo expuesto, se concluye que las fundamentaciones del Tribunal de Sentencia que sustentan la resolución apelada se basan en valoraciones objetivas, siguiendo los lineamientos que indican la psicología, la experiencia común, las reglas de la lógica y el recto entendimiento. Como queda dicho, no se advierte en la sentencia apelada ninguna inobservancia o errónea aplicación de la ley penal, ni de fondo ni de forma. En este sentido, no vemos que la sentencia del inferior adolezca de ninguno de los vicios enumerados en el art. 403 del C.P.P., ni de las nulidades previstas en el art. 166 del mismo cuerpo legal, por lo que corresponde confirmar la sentencia apelada», menciona parte de los argumentos.

Los jueces afirmaron que no se vulneró la presunción de inocencia, ya que hubo pruebas suficientes para desvirtuarla. Tampoco correspondía aplicar el principio de duda, pues el tribunal de mérito alcanzó certeza plena sobre la culpabilidad. Se ratificó que Granada cometió múltiples hechos autónomos, como coacción, coacción sexual y acoso sexual, que protegen distintos bienes jurídicos, por lo que corresponde la acumulación de penas bajo la figura del concurso real.

Respecto a la prescripción del acoso sexual, aclararon que el plazo es de tres años, y no de dos, y que este se interrumpió con el auto de elevación a juicio en noviembre de 2023, manteniéndose vigente la acción penal hasta la sentencia de 2025. Sobre la duración del juicio, explicaron que la extensión se debió a la complejidad del caso y que ninguna suspensión superó el límite legal de diez días. La lectura parcial de la sentencia fue considerada válida en virtud de la excepción prevista para causas complejas.

Finalmente, el Tribunal dejó sin efecto los apartados relativos a la prisión preventiva, por haber sido resueltos en otra instancia, pero confirmó la condena principal.