Gracias a la intervención de la defensora pública de Capital, abogada Luz Mabel Chávez, una docente jubilada de Hohenau logró recuperar G. 17.877.823 que le habían sido sustraídos mediante juicios ejecutivos irregulares dentro del esquema conocido como la “mafia de los pagarés”.

Nancy Martínez, docente de 48 años con 22 años de servicio en el magisterio, explicó que desde agosto de 2024 comenzó a sufrir descuentos mensuales de su salario por un total aproximado de G. 70 millones, producto de varios procesos judiciales iniciados por la empresa LM Hogar ante los juzgados de Paz de Villa Elisa, Asunción y Luque. Según su relato, nunca adquirió productos ni contrajo deudas con la empresa demandante.

“Pensé que eran descuentos normales de mi salario como docente, pero luego me enteré de que se trataba de embargos judiciales con intereses elevados, promovidos incluso por otra empresa sobre mi sueldo”, relató Martínez, quien destacó la rapidez y eficiencia de la defensora pública.

Con la diligente gestión de la abogada Luz Mabel Chávez, la docente logró recuperar el dinero en dos pagos: el primero por G. 6.899.823 y el segundo por G. 10.978.000, alcanzando un total de G. 17.877.823.

El caso se enmarca en una estrategia más amplia del MDP para proteger a ciudadanos afectados por juicios fraudulentos. En paralelo, otro beneficiario, Francisco Ramón Aguilera Alarcón, recuperó más de G. 18 millones tras la nulidad de la demanda presentada por la Compañía Administradora de Riesgos S.A., decretada por el Juzgado de Paz de La Recoleta.

Ambos casos evidencian la importancia de la defensa pública en la restitución de derechos y recursos a víctimas de fraudes judiciales, reforzando la confianza en el acceso a la justicia y la protección frente a maniobras ilegales dentro del sistema judicial.

Un Tribunal de Sentencia de Asunción llevó adelante un juicio oral y público íntegramente en los dos idiomas oficiales del país y emitió una sentencia también en formato bilingüe, marcando un precedente en el acceso a la justicia en Paraguay.

En el proceso, la agente fiscal María Eusebia Segovia Cabrera, de la Unidad Especializada en Lucha contra la Violencia Familiar y de Género, logró una condena de cinco años de prisión para un hombre acusado por hechos de violencia contra su pareja.

El colegiado estuvo presidido por el juez Juan Francisco Ortiz, acompañado por los magistrados Manuel Aguirre y Lourdes Garcete. Durante el inicio de la audiencia, el acusado manifestó que solo comprendía guaraní, lo que motivó al Tribunal a disponer que todo el desarrollo del juicio se realizara tanto en guaraní como en castellano.

En ese marco, las intervenciones del Ministerio Público se realizaron en ambos idiomas, y al momento de dictar el fallo, los jueces explicaron la decisión y sus fundamentos también de manera bilingüe. Además, ordenaron que la resolución escrita sea redactada en guaraní y castellano, en cumplimiento de la Ley de Lenguas, garantizando así que el condenado comprendiera plenamente el proceso judicial.

Los hechos analizados se remontan al 29 de setiembre de 2023, en la zona de Vecinos Unidos, Cerro Guy, donde el ahora condenado habría amenazado de muerte a su pareja en un episodio de violencia psicológica. La víctima logró resguardarse y alertar a la Policía a través del sistema 911, tras lo cual el agresor huyó.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó diversas pruebas, entre ellas registros de la llamada de emergencia, informes policiales, testimonios y un análisis socioambiental. Estos elementos permitieron sostener la acusación, incluso cuando la víctima decidió no declarar en la audiencia.

Asimismo, se expuso que el procesado enfrenta otra causa por hechos posteriores de violencia familiar y tentativa de feminicidio ocurridos en Fernando de la Mora, expediente que ya fue elevado a juicio oral.

Con esta resolución, el Tribunal no solo confirmó la responsabilidad penal del acusado, sino que también sentó un precedente al desarrollar y emitir una sentencia en idioma bilingüe, fortaleciendo el derecho de las personas a comprender plenamente los procesos judiciales en su lengua.

El Tribunal de Sentencia de Villa Hayes condenó a Gustavo Daniel Román Meza a 20 años de prisión, y a Juliano Miguel Román Meza a 18 años de cárcel, tras hallarlos culpables del asesinato del joven Nicolás Ledesma. El órgano juzgador estuvo integrado por el magistrado José Eugenio Jaquet y las juezas Paola Duarte y Corina Sanabria.

De acuerdo con lo probado durante el juicio oral, ambos condenados agredieron a la víctima con extrema violencia en la vía pública, sin que haya existido una motivación previa ni una pelea, como se había sostenido en un inicio. El Tribunal concluyó que el hecho se produjo de manera directa y sin justificación.

El crimen ocurrió en la madrugada del 8 de octubre de 2023, en la ciudad de Villa Hayes, y generó una fuerte conmoción en la comunidad. Con la sentencia, la familia de la víctima manifestó encontrar un grado de alivio tras el proceso judicial.

Victoria Ledesma, hermana del joven asesinado, señaló que el desarrollo del juicio fue especialmente difícil para los allegados, ya que implicó revivir lo sucedido. No obstante, valoró la decisión del Tribunal, al considerar que la condena aporta cierta tranquilidad luego de lo atravesado.

Asimismo, destacó que durante el proceso se determinó que no existió una riña previa ni vínculo entre la víctima y los agresores, lo que, según indicó, refuerza la gravedad de lo ocurrido.

La familiar también reconoció el trabajo del agente fiscal Alfredo Mieres, resaltando la solidez de la acusación y la presentación de pruebas que permitieron sustentar la culpabilidad de los procesados. Igualmente, valoró la labor de los abogados querellantes Hugo Palacios, Elena Barrios y Mónica Escobar, quienes acompañaron el proceso en representación de la familia.

Con esta resolución, el caso avanza hacia su cierre judicial, mientras los familiares de la víctima sostienen su expectativa de que la condena quede firme y se cumpla en su totalidad, así como las relacionadas a otros responsables en el hecho, Atilio Colarte quien está con medidas y Joel Román Meza quien está prófugo.