El cierre del caso contra Hernán Rivas no fue un hecho súbito ni una simple consecuencia del paso del tiempo. Fue, más bien, el resultado de una construcción jurídica progresiva en la que, según cuestionó el Ministerio Público, se fue reduciendo el hecho investigado hasta hacerlo prescribir.

Lejos de limitarse a confirmar una extinción, el Tribunal de Apelación terminó consolidando una lógica que, paso a paso, derivó en el sobreseimiento total.

Uno de los cuestionamientos centrales de la Fiscalía es que “se sustituyó la plataforma acusatoria por otra más estrecha”.

La acusación no giraba en torno a un único acto, sino a una secuencia de hechos: la designación en Diputados 2020, la obtención de matrícula 2020 y 2021 y una nueva designación en Senadores 2023, todos sustentados en la supuesta falsa calidad de abogado.

Sin embargo, el juzgado recortó esa estructura y la redujo a un punto anterior: el certificado de estudios y el título universitario.

Para la Fiscalía, ese recorte fue determinante:
“Ese recorte cambia completamente el caso y beneficia objetivamente al acusado porque adelanta artificialmente el dies a quo de la prescripción”.

Ahí se produjo el primer quiebre: el caso dejó de ser lo que el Ministerio Público había acusado.

El segundo paso: cambiar el objeto del delito

El siguiente cuestionamiento fiscal apunta a un error conceptual que, en la práctica, redefinió el proceso:

“Se confundieron los documentos soporte con las constancias públicas relevantes para el tipo”.

Según la acusación, el certificado y el título no eran el núcleo del delito, sino el medio para proyectar una afirmación falsa en actos públicos: resoluciones, matrícula profesional y designaciones.

Pero la Justicia desplazó ese eje y trató esos documentos como si fueran el hecho central.

La consecuencia fue clara: al mover el foco hacia atrás, también se adelantó el momento en que el delito se consideró consumado.

Cuando el caso llegó al Tribunal de Apelación, la expectativa era una revisión de ese recorte. Sin embargo, ocurrió algo distinto.

La Fiscalía advierte que:
“La alzada confirmó la prescripción, pero lo hizo desde una premisa incluso más reducida que la de la propia acusación fiscal”.

El Tribunal fijó como momento clave la registración ante el Ministerio de Educación y Ciencias el 9 de junio de 2020, estableciendo allí la “última conducta punible”.

Esto implica un punto crítico: la confirmación de la prescripción no se hizo sobre la acusación original, ni siquiera exactamente sobre el razonamiento del juzgado, sino sobre una reconstrucción nueva del hecho.

Con esa delimitación ya consolidada, el resto de los hechos quedó sin peso propio.
“Se vació de contenido la segunda y la tercera porción fáctica”.

La matrícula profesional y la designación en 2023 dejaron de ser consideradas como momentos relevantes de la conducta y pasaron a ser vistas como simples consecuencias de un hecho ya agotado en 2020. Ese desplazamiento terminó por neutralizar dos tercios de la acusación.

Sobre esa base reducida, el Tribunal dio el último paso al resolver el recurso de la defensa. La lógica fue directa: si el hecho principal (art. 251) estaba prescripto, entonces ya no podía probarse la falsedad del documento y, sin falsedad, tampoco subsistía el uso punible (art. 252).

La propia Fiscalía describe este mecanismo con claridad:

“Una primera reducción de la plataforma fáctica produjo luego un segundo efecto extintivo: el cierre total del caso”.

Así, lo que comenzó como un recorte del hecho terminó en un efecto dominó que eliminó toda posibilidad de persecución penal.

Más que una prescripción, una construcción

El caso Rivas no se cerró únicamente porque transcurrió el tiempo. Se cerró porque, en palabras del Ministerio Público, “hubo una reconstrucción judicial del hecho distinta de la sostenida por la acusación”.

Esa reconstrucción redujo el alcance de los hechos, adelantó el punto de partida de la prescripción y arrastró, como consecuencia, el resto de las figuras penales.

En ese sentido, más que declarar la extinción de la acción, lo que hizo la Justicia fue definir previamente las condiciones para que esa extinción resultara inevitable.

Una presunta estafa de gran magnitud, que supera los G. 300 millones, derivó en la imputación de tres mujeres madre e hijas, sindicadas de haber montado un esquema para engañar a un ciudadano extranjero residente en el país.

La agente fiscal Norma Salinas formuló imputación contra las sospechosas por el hecho punible de estafa y solicitó además la aplicación de la prisión preventiva, atendiendo a la gravedad del caso y el elevado perjuicio económico ocasionado.

De acuerdo con la investigación, el denunciante, un ingeniero, conoció a una de las jóvenes a través de la aplicación Tinder. Tras iniciar una relación cercana, que incluso incluyó planes de matrimonio, la mujer habría comenzado a solicitarle dinero bajo distintos pretextos.

En una primera instancia, alegó que un sobrino se encontraba gravemente enfermo y necesitaba tratamiento médico urgente. Posteriormente, el esquema se amplió con la participación de su madre, quien también habría fingido padecer una enfermedad grave para continuar solicitando sumas de dinero.

La maniobra se extendió durante varias semanas, periodo en el que la víctima realizó múltiples transferencias. Incluso, en un punto, la joven comunicó el supuesto fallecimiento de su madre, lo que motivó un nuevo envío de dinero para cubrir gastos funerarios.

Sin embargo, las investigaciones confirmaron que la mujer seguía con vida, lo que evidenció que todo formaba parte de un elaborado engaño. Las tres implicadas habrían utilizado además documentos falsificados, como facturas de medicamentos y comprobantes de supuestas intervenciones médicas, para dar credibilidad a la historia.

Tras descubrir la situación, el afectado presentó la denuncia y solicitó la devolución del dinero. El monto total transferido superaría los G. 300.000.000, configurando una millonaria estafa que ahora es investigada por el Ministerio Público.

Durante la sesión del pleno de la Corte Suprema de Justicia, la ministra Carolina Llanes presentó una propuesta para implementar la comparecencia mensual virtual de personas procesadas que se encuentren en libertad ambulatoria. La medida busca evitar aglomeraciones y facilitar el cumplimiento de las obligaciones judiciales sin afectar las actividades laborales de los implicados.

En sus declaraciones, Llanes explicó que la propuesta, trabajada junto a la Oficina Técnica Penal, la Dirección de Tecnología y el gabinete del ministro Martínez Simón, pretende establecer un Sistema de Comunicación Judicial para el Fuero Penal.

«Esta acordada, proyecto de acordada, pretende implementar el Sistema de Comunicación Judicial para el Fuero Penal. Y hablando de medidas alternativas, justamente es un mecanismo que pretende dar una herramienta de mayor control a los jueces que decretan legalmente las medidas alternativas.»

La ministra detalló que la iniciativa busca reducir la congestión en los juzgados y tribunales que, actualmente, reciben a los procesados de manera presencial, a veces en los primeros días de cada mes, generando inconvenientes laborales.

«Eso genera una congestión bastante considerable en cada uno de los juzgados o tribunales de sentencia, inclusive juzgados que tienen esta medida dictada en los primeros días de cada mes y genera un congestionamiento y a veces las personas tienen que salir de su trabajo para venir a firmar, etc.»

Llanes destacó que la medida se implementará de manera progresiva, comenzando con un plan piloto en Capital y Central, y luego extendiéndose a todo el país, combinando procedimientos virtuales con reportes presenciales según corresponda: «La idea es hacerlo en toda la distancia del sistema penal que tienen potestad para imponer y controlar medidas cautelares, juzgados de garantía de sentencias y de ejecución. Hacerlo en un primer momento en capital y central y luego de los ajustes del plan piloto, entonces extender a toda la República.

Esto es para socializar, Presidente, porque es una fundamentación bien extensa y los puntos concretos son disponer la implementación paulatina, establecer también al mismo tiempo el procedimiento papel, ya que van a haber algunas personas que se van a seguir sometiendo a la presencia y el reporte presencial, y establecer también para capital y central.»

La propuesta de Llanes refleja un esfuerzo por digitalizar y modernizar los procesos judiciales, otorgando mayor flexibilidad a las personas procesadas sin comprometer la supervisión de los jueces y tribunales. La ministra indicó que el proyecto será formalmente entregado a la Secretaría del pleno para su análisis y eventual aprobación en las siguientes sesiones.

Este miércoles se cumplen nueve años del asesinato de Rodrigo Quintana, joven dirigente juvenil del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), ocurrido en la sede del partido en el marco de un operativo policial tras la quema del Congreso en 2017, tras el intento de reforma constitucional. Familiares, amigos y dirigentes políticos se reunirán para rendir homenaje a la víctima y recordar su legado.

Quintana murió a causa de un disparo de arma de fuego durante la irrupción policial. Según los hechos judicialmente comprobados, mientras intentaba escapar junto a su amigo Diego Garcete, fue alcanzado por balas de plomo disparadas por el efectivo policial Gustavo Florentín, quien portaba una escopeta durante el operativo. El joven falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas.

El proceso penal que se abrió tras el crimen concluyó, hasta el momento, con un solo condenado. Florentín fue sentenciado a 24 años de prisión, mientras el caso continúa siendo recordado como un episodio emblemático de violencia y abuso de poder en la historia reciente del país.

Familiares destacaron la importancia de mantener viva la memoria de Quintana y de continuar exigiendo justicia, al mismo tiempo que se refuerza la discusión sobre el control y la responsabilidad de las fuerzas de seguridad en situaciones de orden público.

Un docente fue condenado a 12 años de pena privativa de libertad tras ser encontrado culpable de abuso sexual contra tres niñas en una institución educativa de la capital.

La condena fue obtenida por la agente fiscal Mercedes Caniza, con la intervención de la fiscal coadyuvante Diana Laterza, quienes sostuvieron la acusación durante el juicio oral. El Ministerio Público había solicitado una pena de 20 años.

Durante el proceso, la Fiscalía presentó pruebas que permitieron al Tribunal de Sentencia acreditar la responsabilidad del acusado en los hechos investigados.

Según los antecedentes del caso, los hechos ocurrieron entre marzo y octubre de 2022, en horario de clases. Las víctimas, de entre 6 y 7 años, fueron afectadas dentro del ámbito escolar.

El ahora condenado se desempeñaba como docente de ajedrez en la institución, contexto que, de acuerdo con la acusación utilizó para cometer los hechos, adoptando medidas para evitar ser detectado por los sistemas de vigilancia.

El Tribunal de Sentencia estuvo presidido por el magistrado Héctor Capurro e integrado por los jueces Yolanda Portillo y Juan Carlos Zárate, quienes dictaron la condena tras valorar los elementos presentados en juicio.

Las agentes fiscales Patricia Sánchez y Luz Guerrero analizan la posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia, luego de que la Cámara de Apelación Penal confirmara el sobreseimiento definitivo del senador Hernán Rivas en la causa por la presunta utilización de un título universitario falso.

El Ministerio Público estudia llevar el caso ante la Sala Penal de la Corte, instancia que podría pronunciarse de manera definitiva sobre la prescripción del hecho investigado, específicamente en lo referente a la producción mediata de documentos públicos de contenido falso.

La reciente resolución de la Cámara, integrada por los camaristas Delio Vera Navarro y Bibiana Benítez, concluyó que la acción penal se encontraba prescripta. Según el fallo, el plazo legal para la persecución del hecho venció el 9 de junio de 2023, mientras que la imputación fiscal fue presentada el 18 de enero de 2024, cuando —de acuerdo con el criterio mayoritario, ya no era posible continuar con el proceso.

En ese sentido, los magistrados sostuvieron que, al haber operado la prescripción del hecho principal, tampoco pueden subsistir los eventuales ilícitos derivados, como el uso de documentos públicos de contenido falso.

La investigación había sido impulsada por la fiscal Patricia Sánchez, quien acusó a Rivas de haber utilizado documentos académicos presuntamente irregulares un certificado de estudios y un título de abogado que no contarían con respaldo que acredite la realización efectiva de la carrera de Derecho entre 2010 y 2015.

De acuerdo con la tesis fiscal, dichos documentos habrían sido empleados para gestionar su matrícula ante la Corte Suprema de Justicia en junio de 2020 y posteriormente para acceder a un cargo como representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

El Ministerio Público sostiene que estos hechos podrían encuadrarse en la figura de producción mediata de documentos públicos de contenido falso, que se configura cuando una persona induce a un tercero a emitir documentación con datos inexactos.

Mientras tanto, la defensa del legislador se ve favorecida por el fallo de segunda instancia que da por extinguida la acción penal. En este escenario, la eventual presentación ante la Corte Suprema será clave para definir si el caso puede continuar o si queda cerrado de manera definitiva.